Seguimos metiéndoles el diente a las propuestas que los candidatos y precandidatos presidenciales les vienen planteando a los electores. Hay quienes plantean suspender el IVA para enfrentar la inflación. Otros quieren acabarlo. Unos dicen que no a la reforma tributaria, pero no dicen cómo van a ajustar las cuentas públicas. Hay de todo. Y habrá mucho más.
Falta camino por recorrer. El próximo 13 de marzo, además de votar para elegir el nuevo Congreso, los colombianos podrán participar en las consultas internas de las coaliciones Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia. De ahí saldrán los candidatos que participarán en mayo en la primera vuelta –y los que se enfrentarían luego, en junio, en una eventual segunda vuelta–. Falta tanto, que –a pesar de los desmentidos y los regaños– hay quienes incluso creen que podrían llegar caras nuevas al partidor.
Y, como falta tanto camino, los candidatos y precandidatos suelen lanzar propuestas sin sustentarlas en documentos técnicos. Hasta el momento, solo la campaña del precandidato por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo ha compartido documentos con propuestas fiscales detalladas.
Por ahora, para entender qué país se imaginan los aspirantes a la Presidencia en materia fiscal, hay que remitirse a declaraciones de prensa, debates y publicaciones en redes sociales. Ponerles la lupa a estos temas es clave –y es parte de nuestra misión–, pues involucran el uso de los recursos públicos que se salen el bolsillo de la gente cuando paga impuestos.
Nos llamó la atención, por ejemplo, la propuesta de Alejandro Gaviria, precandidato de la coalición Centro Esperanza en el sentido de darles 400.000 pesos a los adultos mayores del país que lo necesiten.
La idea, según lo que dice la página web del exministro de Salud, es entregar una “pensión ciudadana universal de 400.000 pesos”. Este monto, según le dijo al diario Portafolio en diciembre pasado, se les daría a personas mayores de 65 años y tendría un costo de alrededor de 8 billones de pesos al año. Sería “un modelo de ingreso mínimo garantizado para adultos mayores que no están protegidos por el sistema pensional actual”, dado que “solo uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión” en nuestro país –una cobertura aún menor en el caso de las mujeres–.
En la actualidad, Colombia Mayor –que hace parte del paquete de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas del Estado colombiano– brinda asistencia financiera a la población mayor en situación de pobreza.
Actualmente, el programa Colombia Mayor –que hace parte de la baraja de transferencias monetarias condicionadas, junto a iniciativas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción– entrega a los adultos mayores 80.000 pesos mensuales, la mitad del giro que se hace en programas como Ingreso Solidario. Según el Departamento de Protección Social, en febrero de 2022 el pago estaba programado para más de 1.677.000 beneficiarios, es decir, tendría un costo de 134.000 millones de pesos mensuales, o 1,6 billones de pesos anuales.
Gaviria considera –y no le falta razón– que Colombia Mayor “no cubre a todas las personas que lo necesitan y su contribución es insuficiente”.
Nos dimos a la tarea de echar números a partir de la propuesta de Gaviria. Las conclusiones las encuentran en este informe que publicamos la semana pasada, titulado Ingreso mínimo garantizado para adultos mayores: ¿qué tan viable es?. Los invitamos a leerlo para que encuentren un análisis profundo del tema.
Sin embargo, a continuación, les contamos los principales hallazgos.
De su propuesta, el precandidato Gaviria ha excluido a quienes ya reciben una pensión, así que nos enfocamos en quienes no la reciben. Para el cálculo nos basamos en los microdatos de la Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2020 del DANE –la fecha más reciente para la cual están disponibles–.
Para estimar el costo de una transferencia mensual de 400.000 pesos a los adultos mayores de 65 años que manifestaron no recibir pagos pensionales, restamos de dicho monto el costo actual del programa Colombia Mayor. La operación arroja un valor de 13,5 billones de pesos.
Si la medida se considera muy costosa, se podría pensar en focalizar los subsidios únicamente en la población que tuviera una necesidad económica demostrada más allá de, simplemente, no haberse podido pensionar. Según nuestras cuentas, el costo de completar los ingresos que les hacen falta a los adultos mayores de 65 años para contar por lo menos con 400.000 pesos al mes sería de 7,2 billones de pesos al año –una cifra que se acerca a la estimación hecha por Gaviria.
Los recursos para hacer realidad esta idea saldrían de una reducción de los beneficios tributarios de los que goza actualmente el 1 por ciento de las personas más ricas del país, así como de un incremento en la tarifa de ganancias ocasionales, y de la introducción de un “impuesto saludable” que gravaría las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
Todos los caminos siguen conduciendo a una reforma tributaria –que sí o sí tendrá que hacer el próximo gobierno–. Alejandro Gaviria ya ha dicho que la hará, en caso de resultar electo. Los detalles y los sustentos técnicos están, sin embargo, pendientes de conocerse.
La propuesta es, pues, factible en términos fiscales. No obstante, a un costo de 13,5 billones de pesos, se llevaría más de la mitad de lo que se recaudaría en una eventual reforma tributaria. Quedarían 6,5 billones de pesos para otros programas y para reducir el creciente endeudamiento del país.
Habrá que seguir analizando los detalles de las propuestas que sigan tomando forma y mayor nivel de detalle. Las ideas están. Son, además, necesarias para la consolidación de un paquete normativo que le permita al país superar la compleja situación que reflejan sus cuentas públicas. Pero se necesita también el detalle sobre lo que se quiere hacer. El electorado merece total transparencia e información.