Se acerca la etapa más importante de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN): su aprobación por el legislativo. El pasado 5 de abril el Ministerio de Hacienda presentó a las Comisiones Económicas del Congreso de la República el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2025 por $528,6 billones. En el Observatorio Fiscal de la Javeriana lamentamos que la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) del Congreso de la República siga sin constituirse.
Si esta situación persiste durante todo el año, la aprobación del PGN 2025 marcaría el quinto año consecutivo en el que se aprueban presupuestos nacionales sin considerar las opiniones de esta instancia técnica. Esta oficina desempeña un papel crucial al proporcionar apoyo para la toma de decisiones fundamentadas en criterios técnicos en la elaboración del PGN y otros proyectos económicos presentados ante el legislativo. Los legisladores tienen la responsabilidad pendiente de implementar esta herramienta para mejorar la calidad de sus decisiones en materia de política pública.
Actualmente, pese a que la OATP fue creada a través de la Ley 1985 de 2019 aún no está en funcionamiento. Para su puesta en marcha se requiere, entre otras cosas, la realización de concursos de méritos por parte de universidades acreditadas, el cumplimiento de requisitos específicos para designar al equipo técnico e independiente necesario, así como la destinación de los recursos para su operación.
El papel del Congreso de la República es crucial en la aprobación de leyes relacionadas con la economía, como las reformas tributarias, los planes de desarrollo y el presupuesto nacional. Para garantizar la eficacia de este proceso, es esencial que los legisladores dispongan de herramientas analíticas e información precisa que les permitan evaluar las propuestas presentadas, que provienen principalmente del ejecutivo.
En varios países, existen Instituciones Fiscales Independientes (IFI). Estas son entidades autónomas financiadas con recursos públicos. El objetivo principal de estas instituciones es proporcionar asesoramiento y examinar asuntos fiscales relevantes, como el proceso presupuestario, la regla fiscal y el análisis a largo plazo de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La primera institución de este tipo se creó en Bélgica (1936). En Latinoamérica, Argentina aprobó en el año 2016 la creación de la Oficina del Presupuesto del Congreso. De igual forma, países de la región que cuentan con oficinas de apoyo parlamentario en temas fiscales son México, Brasil, Perú y Ecuador. El funcionamiento de estas instituciones es una práctica generalizada alrededor del mundo dada la importancia de los parlamentos en los procesos presupuestarios, a tal punto que incluso existe una red de este tipo de instancias en países OCDE.
En Colombia se estableció la OATP del Congreso de la República como un órgano técnico y especializado. Su objetivo es proporcionar información independiente, no vinculante y fundamentada en criterios técnicos para facilitar la toma de decisiones en asuntos económicos, fiscales y presupuestarios dentro de esta corporación.
La implementación de esta Oficina cobra una relevancia particular en un contexto marcado por incertidumbres y dudas acerca de la sostenibilidad fiscal, los riesgos para la inversión y la inflación, la competitividad y el impacto en diversos sectores y segmentos de la población, en medio de las múltiples reformas propuestas por el gobierno actual.
Es importante destacar que esta entidad no puede ser equiparada con las actuales Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), ya que desempeña una función diferente. Por un lado, la OATP tiene como propósito primordial fortalecer técnicamente al Legislativo al proporcionar información precisa y técnica sobre cuestiones fiscales. Además, las Instituciones de Financiamiento Internacional (IFI) son independientes, no partidistas y ofrecen asesoramiento consultivo a todos los miembros del Congreso, independientemente de su afiliación política. Por otro lado, las UTL son unidades de apoyo a la función legislativa de cada congresista, en las cuales los asesores económicos trabajan individualmente y sin coordinar esfuerzos de manera conjunta.
En línea con lo anterior, es necesario aclarar que la OATP tampoco reemplaza las funciones del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional o la Contraloría. Por el contrario, lo que hace es fortalecer técnicamente al Congreso en temas fiscales, generando independencia entre los poderes públicos. De esta forma, se busca fortalecer el ejercicio de control político correspondiente y mejorando la calidad deliberativa conducente a la toma de decisiones en asuntos fiscales correspondiente al Legislativo.
El principal obstáculo para la constitución de la OATP han sido las restricciones presupuestales. En este contexto, a propósito de la construcción del presupuesto del año entrante, es imperioso que tanto Hacienda como el legislativo consideren la inclusión de las partidas presupuestales correspondientes en el rubro de funcionamiento del Congreso de la República. El costo de la puesta en marcha de esta oficina se estima en $2 mil millones al año, conforme a lo siguiente:
Tabla 1. Estructura organizacional OATP
La Tabla 1 presenta las asignaciones salariales básicas, ajustadas a precios del año 2023, para cada cargo establecido por la Ley 1985. En esta ley: i) la remuneración del director es equiparada a la del director administrativo de cada cámara, ii) la remuneración de los subdirectores se iguala a la de un jefe de división, y iii) la remuneración tanto de los asesores económicos como del personal administrativo se equipara a la de un asesor de grado I de UTL.
Tabla 2. Gasto anual en salarios y otros costos asociados a la nómina
La Tabla 2 muestra que los recursos requeridos para cubrir los salarios y otros gastos relacionados con la nómina de los diez (10) empleados que integran la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso de la República ascienden a aproximadamente $2 mil millones. Según el anteproyecto del PGN 2025, el Congreso de la República dispondría de un presupuesto de funcionamiento de $1 billón en el año 2025.
Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideramos que la implementación de esta herramienta no generaría presión fiscal adicional. Por el contrario, los beneficios derivados de superar las limitaciones en el análisis de temas fiscales y de fortalecer el papel del legislativo en el proceso presupuestario serían significativos y justifican con creces el gasto necesario para su funcionamiento.