Contamos hace unos días cómo –por cuenta de acuerdos concretos respecto a montos, modalidades y diseños institucionales entre los partidos con asiento en la Comisión Tercera del Senado– la idea de crear en Colombia un programa de renta básica que beneficie a millones de personas que viven en la pobreza o la pobreza extrema, parece, finalmente, abrirse paso.
Contamos también cómo, a juzgar por las prioridades delineadas por el Gobierno nacional para el camino pospandemia, esta iniciativa podría terminar por concretarse no en un proyecto de ley autónomo, sino en el marco de la reforma tributaria que se presentará al Congreso en julio próximo.
Las dos posibilidades que se pondrían sobre la mesa son las de fusionar los programas de transferencias monetarias que existen en la actualidad (Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor) con Ingreso Solidario para que quede uno solo a través del cual se realizarían todos los pagos, o mantener la existencia institucional de Ingreso Solidario con los programas existentes –introduciendo una nueva metodología que permitiría calcular los montos correspondientes para cada ciudadano u hogar beneficiado.
Estas dos posibilidades son las que se advierten en el Congreso. Pero, ¿y el Gobierno? ¿Qué le va a proponer al Congreso sobre la posibilidad de la renta básica –aun si no recibe ese nombre sino que se le sigue llamando Ingreso Solidario? Poco se ha contado sobre el contenido de la reforma tributaria. Y, respecto a Ingreso Solidario, solo se sabe que, al menos por ahora, se mantendrá vigente hasta agosto próximo.
Sin embargo, algunas luces pueden advertirse en el panorama político y de medios de comunicación. El renunciado exviceministro de Hacienda (y fugazmente designado ministro de Comercio), Juan Alberto Londoño, por ejemplo, se refirió recientemente a este tema en su nueva columna de opinión.
En un texto titulado Ojo con la renta básica, aseguró que es necesario “analizar los costos” de las propuestas a este respecto, y cómo “la más costosa” ascendería a 62 billones de pesos al año.
“¿De dónde saca el Estado los recursos sin que los ciudadanos contribuyamos con impuestos?”, se pregunta. “Son populistas que nos endulzan el oído con mentiras”, añade. Y sostiene también que si “estas medidas utópicas se implementan (…) nos volvemos Venezuela”.
A juicio del exviceministro de Hacienda, una eventual renta básica “debe ser mínima y temporal”.
¿Realmente costaría tanto poner en marcha un programa de renta básica? Y, ¿poner en marcha una iniciativa que les permita a millones de personas superar la pobreza nos convertiría en Venezuela?
Todos los debates de política pública –pero, en especial, los que tienen que ver con el dinero de todos los colombianos y con el bienestar de millones de personas que necesitan un impulso para mejorar sus condiciones de vida– deben darse con cifras, argumentos y cálculos concretos –con elementos estrictos y puntuales–, más allá de los lugares comunes o la apelación a fantasmas políticos que podrían desviar la discusión.
Miremos entonces algunos datos. Para ello ponemos nuevamente a consideración de nuestros lectores el informe sobre el costo y la factibilidad de la renta básica en Colombia que publicamos hace un año.
Tres elementos deben tenerse en cuenta para hacer un análisis y proyectar los horizontes posibles de la renta básica en términos fiscales, temporales y de población potencialmente beneficiada. Se trata del producto interno bruto, que en el caso de Colombia fue de 1.062 billones de pesos, y el presupuesto general de la nación, que ascendió a 271,7 billones en la vigencia 2020. Adicionalmente, la población proyectada de personas mayores de 18 años en 2020, que según datos oficiales fue de 36,078,248 personas.
Una renta básica universal que equivalga a la línea de pobreza extrema para todas las personas mayores de 18 años tendría un costo anual de 54,5 billones de pesos. Objetivos aún mayores –como transferir un monto equivalente a la línea de pobreza a todas las personas mayores de edad– tendrían un valor cercano a los 120 billones de pesos.
Sin embargo, garantizar alternativas menos costosas tiene impactos fiscales que, a su vez, resultan mucho menores. Tomando como base los datos sobre pobreza monetaria de 2018, según los cuales el 7,2 por ciento de los colombianos vivía en la pobreza extrema –es decir, cerca de 3,6 millones de personas - garantizar ingresos por un monto mensual equivalente a la línea de pobreza extrema tendría un costo anual de 5,5 billones de pesos.
Con el objetivo de eliminar incentivos para que las personas no busquen trabajo y dependan únicamente de la transferencia planteada, podría plantearse un mecanismo en el que quien trabaje más, gane más. Para este efecto podría introducirse una fase de desmonte del subsidio, en el que por cada peso adicional que gane el hogar o la persona beneficiada, se descuenten algunos centavos de la transferencia. Este proceso gradual llevaría eventualmente al valor
Lo que demuestran estos cálculos –que no son la última palabra, sino un punto de partida para el debate informado que debe primar– es que son muchas las alternativas posibles para la renta básica. Prueba de ello no solo es el documento que reseñamos, sino también las alternativas que al respecto se abrieron paso en las audiencias parlamentarias sobre el tema.
Apoyar –o no– monetariamente a las personas más pobres del país –sobre todo con cargo a las cuentas públicas– es un asunto que va a generar debate siempre. El tema, sin embargo, adquiere aun mayor importancia en épocas preelectorales. El cruce de argumentos al respecto –a veces más electorales que técnicos y pensados en las personas– da cuenta del ambiente que primará en la discusión de la reforma tributaria.
Se requiere grandeza y altura argumentativa. No estamos hablando de votos o de posturas personales, sino de la calidad de vida y el futuro de millones de colombianos.