Aunque se planteó hace más de un año –como una herramienta para hacer frente a los impactos de la pandemia en el empleo y la capacidad adquisitiva de los hogares más pobres de Colombia–, la idea de crear en Colombia un programa de renta básica no registró avances legislativos durante 2020 y los primeros meses de este año. Durante todos estos meses ni el Congreso ni el Gobierno le caminaron al tema.
La iniciativa, planteada por el senador del Partido Alianza Verde, Iván Marulanda –y respaldada por cerca de 60 legisladores de diferentes partidos tanto de oposición como de la coalición de gobierno– fue objeto de debates académicos y mediáticos, pero registraba movidas hacia su consolidación institucional. Hasta ahora.
Pero, antes de avanzar, repasemos algunos conceptos. ¿Qué es la renta básica? La definición general de renta básica consiste en un pago que el gobierno central les hace a todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica. En la práctica, se trata de una alternativa casi imposible de poner en práctica, dado su impacto fiscal. El planteamiento lleva entonces a la denominada renta básica garantizada, puesto que en su implementación se focalizaría el giro en una población específica –en este caso, las personas en situación de pobreza extrema o pobreza.
El tema ha sido ampliamente estudiado. Además de experiencias piloto en países como Finlandia, India e Irán, se han introducido programas con elementos comunes a la renta básica en programas de transferencias monetarias condicionadas (como las que existen en Colombia, en el caso de Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor) en países como Argentina y Brasil.
Adicionalmente, el tema ha sido estudiado a fondo en la teoría económica a partir de los planteamientos de Milton Friedman, quien propuso en 1966 la introducción de la figura del impuesto negativo –un mecanismo mediante el cual los gobiernos entregan a los ciudadanos situados por debajo de determinado nivel de renta un complemento que puede convertirse en dinero para gastar.
Pero volvamos al proyecto colombiano. El senador Marulanda planteó inicialmente una renta básica de emergencia por tres meses, consistente en un salario mínimo (como la que se discute actualmente en Chile) que cubriese a 9 millones de hogares. La iniciativa luego se transformó, proponiendo que la renta básica fuese permanente, tomando también recursos de los “programas asistenciales [que ya están] andando, [y así] fusionar todos los programas”.
Como lo señalamos antes, el Gobierno no se había mostrado especialmente entusiasta frente a la idea. En julio del año pasado, por ejemplo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, afirmó que “una renta básica universal para un país como Colombia con altos niveles de pobreza e informalidad es un exabrupto ético”. El funcionario soportó su afirmación asegurando que el programa Ingreso Solidario ya funcionaba “como una renta básica de emergencia” y que, por cuenta de este y de los demás programas, “el 50% de la población de Colombia recibe al menos una transferencia” por parte del Estado colombiano.
Como se recordará, el programa Ingreso Solidario, creado a finales de marzo de 2020, entrega 160.000 pesos mensuales a tres millones de personas vulnerables. Daniel Gómez, subdirector del DNP nos explicó que la población potencialmente beneficiaria se identificó a partir de ciudadanos “pobres extremos, pobres y vulnerables hasta cierto grado”. Se trata, añadió, de personas que tienen “ingresos razonables en tiempos normales”, pero pueden “caer rápidamente en pobreza”.
A juzgar por una serie de eventos registrados en las últimas dos semanas del periodo de sesiones que terminó el domingo 20 de junio, las tensiones que frenaban el avance de la renta básica en el Congreso comienzan a quedar atrás.
La Comisión Tercera del Senado ha sido el escenario de concertaciones y avances sustantivos en la consolidación de una propuesta que podría avanzar, finalmente, en su trámite legislativo. Este proceso ha tenido lugar en sucesivas audiencias públicas y reuniones de una subcomisión técnica cuyo objetivo es ajustar detalles con el Ministerio de Hacienda. Las reuniones de este grupo –integrado por congresistas y técnicos de Hacienda– se iniciaron el 8 de junio. Y el lenguaje, que al comienzo parecía ser un punto de contención, parece haber avanzado la posibilidad de un consenso.
En un video publicado en su cuenta de Twitter, el senador Marulanda habló sobre los avances hacia una “renta básica, o ingreso solidario –o como se le quiera llamar–, pero una transferencia monetaria que les dé a esos hogares un aliento para seguirse sintiendo colombianas y colombianos con dignidad”.
De entrada, se puede constatar que la mayoría de los partidos apoya la creación de un programa que se asimile a una renta básica.
El punto de partida para la construcción de los montos propuestos y de las fórmulas para calcular la magnitud de la transferencia que recibirían las personas beneficiadas –dependiendo de su situación socioeconómica y de factores condicionantes, como la cantidad de personas que integran cada hogar– es el programa Ingreso Solidario.
Observemos la naturaleza de los apoyos que se están consolidando. Pueden observarse dos vertientes: por un lado está la ponencia mayoritaria, la cual plantea la fusión de “los cuatro programas sociales de transferencias monetarias (…) que en la actualidad se vienen ejecutando”.
Esto quiere decir que Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor se combinarían con Ingreso Solidario para entregar a los beneficiarios un solo pago, derivado de una fórmula única que calcule las necesidades potenciales de las personas beneficiadas. Esta ponencia contempla giros cuyo valor fluctuaría entre 320.000 y 480.000 pesos, dependiendo del número de personas que integren el hogar.
Esta primera ponencia –mayoritaria– tendría el apoyo de cinco de los ocho partidos políticos con asiento en la Comisión Tercera del Senado.
La otra vertiente es liderada por el partido Centro Democrático. La propuesta, consignada en una ponencia alternativa, plantea la coexistencia de Ingreso Solidario con los programas de transferencias monetarias condicionadas que existen en la actualidad.
Los montos de las transferencias se complementarían entre sí a partir de una escala que toma en cuenta si las personas se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, y el número de integrantes de cada hogar. Los giros tendrían un valor de entre 80.000 y 366.101 pesos.
Es realista pensar que la Comisión Tercera del Senado retome con juicio la discusión sobre la renta básica a partir del próximo 20 de julio, cuando se inicie el último periodo de sesiones de la actual legislatura. La razón conecta directamente con la reforma tributaria que, según lo anunciado por el Gobierno, llegará al Congreso en esa fecha.
El pasado 17 de marzo el presidente de la República presentó los ejes de lo que denominó “Agenda de Transformación Social Sostenible” –un conjunto de iniciativas que tomarán forma de proyectos de ley, cuyo objetivo es profundizar la reactivación económica en el periodo pospandemia.
En el temario se encuentran el fortalecimiento del programa de devolución del IVA, que entrega a personas vulnerables un monto mensual por lo que consumen en dicho impuesto; el fortalecimiento del Fondo de Solidaridad Educativa, que brinda apoyos para matriculas de educación superior a estudiantes de escasos recursos; la promoción del empleo para jóvenes; y la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal, mediante el cual se entregan apoyos para los pagos de nómina de empresas afectadas por la pandemia.
La última de las prioridades, en palabras del presidente, es consolidar Ingreso Solidario “como un programa permanente, que amplíe su cobertura a más millones de hogares y que, por ende, permita cubrir a los hogares más vulnerables de Colombia, aumentando también su monto para mejorar el ingreso y contener los efectos que en materia de pobreza pueda traer consigo esta pandemia”.
A su vez, el ministro de Hacienda ha subrayado la necesidad de conseguir financiación adicional para este programa.
Hay otro elemento adicional: por mandato legal, Ingreso Solidario finaliza en junio de 2021. El Gobierno nacional anunció su extensión hasta agosto.
Así las cosas, es dable pensar que ni la conversión de Ingreso Solidario en un programa permanente ni los eventuales cambios en su estructura –convirtiéndolo en una política ya sea combinada con los otros programas de transferencias monetarias, o la cabeza de la política social del Estado en esta materia– se tramitarán de forma independiente. La discusión se dará en el marco del trámite de la nueva reforma tributaria. Y esa ahí en donde se conocerá la suerte de la renta básica en Colombia.
¿Qué opciones de éxito tiene la iniciativa? La verdad es que nunca habían sido tan altos, dado el interés del Gobierno por hacer de Ingreso Solidario una política permanente. Por otra parte, no debe olvidarse que estamos a menos de un año de las elecciones en las que se elegirá al Congreso 2022-2026. En pleno año preelectoral los congresistas no estarán dispuestos a aprobar recortes presupuestales que luego les sean cobrados en las urnas.
Para saber más sobre la renta básica, los invitamos a leer el informe El costo y la factibilidad de la renta básica en Colombia, el cual presenta cálculos que permiten dimensionar el impacto de una eventual política de renta básica en las cuentas públicas. Spoiler alert: es sumamente factible, y los resultados potenciales son muy positivos.