El camino del nuevo proyecto de reforma tributaria parece estar marcado por tramos claros y oscuros. No se trata solo del cronograma que el Gobierno nacional prepara para su presentación y trámite en el Congreso, ni de los respaldos que se ha lanzado a buscar: todavía no es claro cuál es el plan para dar continuidad normativa a varios programas creados con el propósito de proteger el ingreso y el empleo de millones de familias.
Comencemos por los tiempos. El proyecto de ley no se radicará durante el actual periodo de sesiones del Congreso –el cual terminará el próximo 20 de junio–: llegará después del 20 de julio, cuando comience el último año de la actual legislatura.
Al menos durante las próximas cinco semanas el Gobierno nacional buscará consensos que le permitan a la iniciativa iniciar su trámite con los apoyos suficientes para no sufrir el mismo destino del anterior proyecto –retirado a comienzos de mayo sin recibir un solo debate, como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas iniciadas el 28 de abril, en el marco del paro nacional.
Pero, ¿consensos en torno a qué? Al anunciar el retiro del proyecto, el pasado 2 de mayo, el presidente de la República trazó las bases y líneas rojas de la nueva reforma tributaria. Las primeras son: la sobretasa de renta temporal a empresas; una prórroga del impuesto al patrimonio de forma temporal; el incremento del impuesto a los dividendos, de forma transitoria; la creación de una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos; y la profundización de programas de austeridad del Estado.
Los temas que no se tocarán –y que eran ejes transversales del proyecto anterior– son modificaciones del IVA, aumento del número de personas que pagan renta o cambios en los impuestos que pagan las pensiones.
Según lo dicho por el ministro de Hacienda, se está trabajando, entre otros, en lo planteado por la ANDI. Estas iniciativas, publicadas en abril pasado, consisten en una suspensión del descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el impuesto de renta; el aplazamiento de la reducción de la tarifa general del impuesto de renta; el establecimiento temporal de impuesto al patrimonio para personas naturales; y la anticipación de la enajenación de activos de la Nación, por lo cual se podrían obtener hasta 15 billones de pesos.
El objetivo trazado por el Gobierno es recaudar al menos 14 billones de pesos. Propuestas como la planteada desde la Red de Trabajo Fiscal, de la cual hacemos parte –y que hace énfasis en temas como el aumento de impuestos a las personas naturales que, por su nivel de ingresos, hacen parte del top 1%; 0,1%; 0,01% y 0,001% de las más ricas del país, gravando los dividendos y las ganancias ocasionales igual que el trabajo– permitirían recaudar hasta 20 billones.
Conviene también recordar iniciativas como la promovida por las empresas que hacen parte de ProBogotá. Estas manifestaron públicamente su disposición a pagar más impuestos, al señalar que apoyan “la adopción de normas tributarias para aportar al gasto público social con el propósito de que los colombianos de menores ingresos tengan acceso al conjunto de los bienes y servicios, así como para generar empleo con énfasis en jóvenes y mujeres”.
¿A quién le cogerá la caña el Gobierno? Al término de una reunión con empresarios, el presidente de la República aseguró que los gremios económicos le manifestaron su respaldo para discutir la nueva reforma tributaria. Por su parte, el ministro de Hacienda consideró “inane” la presentación en este momento de un proyecto de reforma tributaria planteado por Centro Democrático, el partido de Gobierno.
El ministro de Hacienda, además, iniciará una serie de reuniones regionales para buscar consensos en torno al contenido del nuevo proyecto. Sin embargo, a juzgar por la naturaleza de la reunión del presidente con los líderes gremiales, el objetivo –más que acordar cuestiones acerca del contenido– es garantizar los suficientes apoyos sociales y políticos para no repetir la experiencia del proyecto anterior.
Durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el ministro entregó algunos detalles del contenido de la nueva reforma tributaria –que le será presentado a la ciudadanía bajo el nombre de “proyecto de transformación social”–. Señaló, por ejemplo, que parte de la “columna vertebral del proyecto” será un “nuevo anclaje fiscal con una propuesta de regla fiscal que tendrá como novedad metas sobre la deuda de mediano plazo”, así como un “fortalecimiento del Comité de Regla Fiscal”.
Hay un tercer elemento relacionado con la reforma tributaria y que genera preguntas. El anterior proyecto de reforma planteaba la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y la formalización del programa Ingreso Solidario como una política permanente del Estado colombiano.
No obstante, sin reforma, estas iniciativas quedan en el aire. Ingreso Solidario estará vigente solo hasta junio. Y el PAEF –una iniciativa cuyos resultados plantean serias preguntas sobre su verdadera efectividad– lo estuvo hasta abril.
Es dable pensar que se planteen pagos retroactivos, pero es evidente que quienes están recibiendo estos pagos los necesitan en los plazos inicialmente diseñados. Esa premura debería motivar una mayor agilidad por parte del Gobierno en el trámite de la nueva reforma tributaria.
Es evidente que la plata producto del recaudo adicional generado por la reforma tributaria no va a entrar de inmediato. Contrario a insinuaciones como las de un exministro de Hacienda en el sentido de que el país estaba en riesgo de quedarse sin caja si no se aprobaba su propuesta de reforma tributaria, el asunto apunta más hacia la consolidación de una trayectoria fiscal estable –algo que se verá a partir de 2022–.
Pero, más allá de estas consideraciones macroeconómicas, ¿por qué no avanzar ya con el proyecto de reforma? Sí: es verdad que el Congreso entrará en receso. ¿No valdría la pena citar a sesiones extras? O, al menos, ¿socializar desde ya el proyecto?
Tener claridad sobre la nueva propuesta del Gobierno en materia tributaria, además, contribuiría a aliviar los ya exaltados ánimos en amplios sectores de la población.