No solo sobre la nueva reforma tributaria están hablando por estos días en las comisiones económicas del Congreso. De forma paralela también están tramitando el proyecto de ley de carácter económico más importante del año: el Presupuesto General de la Nación para 2022.
Este documento –elevado a estatus de ley por cuenta de su trámite legislativo– establece los gastos anuales del Estado colombiano para el año (o vigencia) siguiente, teniendo en cuenta sus ingresos. Se trata de una hoja de ruta que determina no solo el crecimiento económico, sino que define las acciones que impactarán el bienestar y la calidad de vida de todas las personas.
Para el próximo año el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, planteó un presupuesto que ascenderá a $350,4 billones. Si quieren conocer en mayor detalle la desagregación y las asignaciones que contempla el proyecto de Presupuesto General para los diferentes sectores, los invitamos a leer este análisis que hicimos hace unos días sobre la iniciativa.
Durante el actual trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación se ha repetido una dinámica que suele dominar su tránsito legislativo: el tema es cubierto por periodistas y publicaciones especializados, pero el asunto no suele atraer demasiada atención en el marco de la agenda informativa nacional.
Más allá de ser un requisito legal, el paso del Presupuesto General de la Nación por el Congreso resulta especialmente importante porque el Legislativo ejerce la representación política de la ciudadanía. Es allí donde están representadas sus posiciones, demandas y expectativas.
Además, el Congreso es el único espacio en el que el presupuesto es debatido de forma pública, y en donde puede ser objeto de mayores cambios, a partir de lo propuesto por los congresistas. Y es que, aparte de discusiones con carácter técnico, en estas discusiones se reflejan las presiones y discusiones que conducen a, por ejemplo, asignar mayores sumas de dinero de determinados sectores del Estado.
Entonces, ¿en qué va el trámite? ¿Qué seguirá después? En esta ocasión queremos contarles lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá próximamente en materia procedimental en el Congreso de la República.
Las comisiones económicas del Congreso (es decir, las comisiones terceras y cuartas, de Senado y Cámara de Representantes) deben aprobar el monto del presupuesto antes del próximo 15 de septiembre.
En este proceso las comisiones deben escuchar las consideraciones sobre el proyecto del Banco de la República y la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP). Esta última, a pesar de haberse aprobado la Ley 1985 de 2019, que le da vida jurídica, no ha sido constituida.
Esa es la etapa que se está cumpliendo actualmente. Esta semana las comisiones económicas del Senado se reunieron de manera informal (a nivel de comisión accidental, es decir, con poder de convocatoria, pero no de decisión) para analizar el texto del proyecto de Presupuesto General.
El ministro de Hacienda asistió a la reunión de la comisión y destacó que las prioridades del presupuesto planteado para el próximo año son “empleo, salud, trabajo y protección social”.
“Ustedes son protagonistas de la respuesta a uno de los elementos de la triada (…) de desafíos que enfrentamos (…): el desafío fiscal, el de la reactivación y el crecimiento (…), y el desafío social”, les dijo a los congresistas.
Una vez surtido este paso de aprobación del monto, las mismas comisiones económicas deben aprobar el texto del proyecto, algo que debe completarse máximo diez días más tarde –es decir, el 25 de este mes–.
Superada esta fase, la iniciativa pasa a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Durante esta etapa los congresistas deben escuchar las consideraciones de la OATP, y la persona que ocupe su dirección debe asistir a los debates.
El Congreso de la República no está obligado a aprobar el Presupuesto General de la Nación. De hecho, tiene la facultad de ratificarlo o rechazarlo. En cualquier caso, la discusión y decisión final debe darse antes de la medianoche del 20 de octubre. Si esto no ocurre, el presupuesto será sancionado por el presidente de la República mediante decreto.
El escenario de un Congreso rechazando el proyecto de presupuesto resulta altamente improbable por dos razones: en primer lugar, las mayorías legislativas de la coalición de Gobierno han permitido tradicionalmente un trámite sin contratiempos. Y, en segundo lugar, los ajustes a diversos rubros dentro del proyecto les permiten a los congresistas cobrar victorias frente a sectores de la ciudadanía, grupos de interés o espacios geográficos de su interés.
En cualquier caso, si el presupuesto es rechazado, el presidente de la República debe decretar el Presupuesto General vigente durante el periodo anterior o el aprobado por las comisiones económicas conjuntas –en caso de contar con dicha aprobación.
Como lo señalamos anteriormente, los congresistas pueden proponer cambios al proyecto. En algunos casos pueden plantearlos de manera independiente; en otros, deben contar con el aval del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, se necesita visto bueno del Gobierno para modificar los ingresos esperados, las asignaciones del servicio de la deuda pública nacional, y los rubros de gasto destinados a cubrir las obligaciones del Estado de derecho, los servicios de la administración estatal y las inversiones autorizadas en leyes previas.
Esto implica que el Congreso tiene facultad constitucional para modificar algunos rubros del proyecto de presupuesto, pero la iniciativa para determinar los ingresos proyectados de la Nación y la mayoría de los gastos permanece en manos del Gobierno nacional.
Al igual que en años pasados, el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación se anticipa libre de obstáculos y dificultades por cuenta del apoyo de los congresistas.
Sin embargo, una iniciativa que –con razón– viene siendo presentada como un elemento clave en el proceso de reactivación económica en el escenario pospandemia –con especial énfasis en programas sociales– debería poner énfasis en otro elemento que les interesa mucho a los ciudadanos: la transparencia.
El año pasado, por ejemplo, en medio de la pandemia, se volvieron a hacer reuniones de ponentes del proyecto de Presupuesto General en el Ministerio de Hacienda –a puerta cerrada y sin transmisión para la ciudadanía–. ¿Volverá a pasar lo mismo? Ya les iremos contando.