Las comisiones económicas del Congreso –es decir, las terceras y cuartas tanto de Senado como de Cámara de Representantes– tienen hasta el próximo 25 de septiembre para debatir y aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022 que les presentaron el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Invitamos a quienes nos leen a darle una primera mirada a la iniciativa.
Comencemos por lo básico: ¿qué es el Presupuesto General? Se trata de un documento –que, por cuenta de su trámite legislativo, queda elevado a categoría de ley– en el que se establecen los gastos anuales del Estado colombiano para el año (o vigencia) siguiente, teniendo en cuenta sus ingresos.
El Presupuesto para 2022 ascenderá a $350,4 billones. La porción más grande (con el 21%) se la lleva el pago de la deuda pública, con recursos por $75,1 billones.
Lo correspondiente a la deuda vale mirarlo en detalle. Este era un concepto que en el pasado le correspondía solo al orden nacional y a cuatro sectores más. No obstante, como lo refleja el proyecto de Presupuesto, este año la deuda ha aumentado en entidades en varios sectores. Una primera mirada permitiría pensar que las entidades se han endeudado por su cuenta y han asumido pagos a partir de vigencias futuras. Este es un tema que seguiremos analizando en detalle.
Cabe anotar, igualmente, que los valores correspondientes a deuda y funcionamiento aparecen señalados en documentos anexos al proyecto de ley –lo cual, al igual que con el proyecto del año pasado, ubica en una zona gris su carácter vinculante.
Al servicio de la deuda le siguen los sectores de Educación ($49,3 billones), Salud ($41,2 billones) y Trabajo ($36 billones). En este orden aparecen luego Defensa ($29,9 billones) y Hacienda (25,7). Siguientes en el escalafón se encuentran asignaciones como Prosperidad Social, Transporte, Policía y Rama Judicial. En este enlace puede consultarse una desagregación más amplia, elaborada por el Observatorio Fiscal.
El diseño del Presupuesto para el próximo año busca atender las necesidades señaladas por el Gobierno nacional como consecuencia de la pandemia de la covid-19, en especial las relacionadas con la continuidad de programas de asistencia social y el estímulo de la generación de empleo. Estas prioridades quedaron consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, socializado en junio pasado, y en la reforma tributaria que comenzará su trámite legislativo en las próximas semanas.
Para este efecto conviene analizar en detalle las variaciones que en sectores determinados del Estado colombiano ha planteado el Gobierno nacional. Veamos las principales conclusiones de la comparación efectuada por el Observatorio Fiscal entre el presupuesto aprobado para 2021 y el propuesto para el próximo año.
El mayor cambio se observa en el Ministerio de Hacienda, cuyo presupuesto crecería un 50%, pasando de $15 a $22,5 billones –el resto del sector de Hacienda crecería el 13%, pudiendo pasar de $2,8 a $3,1 billones.
Los otros sectores que más crecerían son Prosperidad Social (de $16,4 a $21,7 billones, es decir, 32%); Trabajo ($28 a $36 billones, que corresponde a 28%); y Salud (de $37,1 a $41,2, y 11%).
Por su parte, las mayores variaciones en términos de decrecimiento tendrían lugar en los sectores de Minas y Energía (con una disminución de 26%, pasando de $6,2 a $4,6); y Presidencia de la República (que pasaría de $1,3 a $1 billón, es decir, 23%).
Durante su paso por el Congreso, las comisiones económicas pueden hacer ajustes a la magnitud de los recursos que se asignan a cada sector, más no pueden modificar el monto total planteado por el Gobierno. Es en estos debates –más puntualmente en las reuniones a puerta cerrada que los congresistas ponentes suelen sostener en el Ministerio de Hacienda– que se suelen modificar las asignaciones.
Una vez surtida la parte del trámite en las comisiones, el proyecto pasa a consideración de las plenarias –tanto de Senado como de Cámara.
Hay otro elemento que conviene mencionar. La presentación del proyecto de Presupuesto trajo de vuelta consigo una práctica reiterada durante los últimos años, y que le impide a la ciudadanía hacer seguimiento detallado a una plata que es suya y de todos: nuevamente, los archivos se publicaron en PDF, y no en Excel, lo cual dificulta hacer análisis estadísticos a partir de algoritmos y herramientas informáticas de seguimiento.
Igual que en años pasados, pasamos el PDF a Excel. Horas más tarde, el Ministerio de Hacienda publicó el archivo en el formato adecuado. Este hecho supone un paso en el cumplimiento de la ley de Transparencia, que debe ser la constante en todo el ciclo presupuestal.