Colombia vive a diario una permanente avalancha informativa. Entre reportes sobre contratos presuntamente irregulares, la convocatoria de la selección nacional de fútbol masculino y el proceso de vacunación, es fácil perderle el hilo a ciertas noticias –incluidas las más importantes.
Así que, por si andaban con el pendiente, está en trámite una nueva reforma tributaria. Y el Congreso –al menos las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes ya le dieron luz verde a la iniciativa.
En una sesión de poco más de siete horas de duración –coordinada desde el Salón Elíptico del Capitolio, pero con la participación de varios congresistas a distancia, algunos desde sus casas, otros desde sus automóviles– el proyecto superó su primer debate y pasará ahora a debate en las plenarias de cada una de las cámaras.
Pero vamos por partes. Radicada el pasado 20 de julio, la reforma tributaria apunta a recaudar $15,2 billones. Como lo señaló en julio pasado el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, a pesar de la inclusión de medidas como la normalización tributaria y de modificaciones al impuesto de renta de las empresas, se trata de una iniciativa progresiva, razonable y oportuna que, además, atiende las principales exigencias de quienes se opusieron al anterior proyecto, retirado a comienzos de mayo.
El texto planteado por el Gobierno cumplió con la promesa de no tocar los impuestos al consumo –en especial el IVA– y de no aumentar la carga tributaria de las personas naturales.
La iniciativa se viene socializando como un proyecto de “inversión social”, dado el interés por asegurar la financiación de programas como Ingreso Solidario y Apoyo al Empleo Formal (PAEF), creados como parte de la respuesta del Gobierno nacional a la crisis provocada por la pandemia.
La mayor parte del nuevo recaudo tendría como fuente aumentos de impuestos a las empresas –que se beneficiaron especialmente con los recortes de impuestos que les otorgaron las reformas tributarias de 2018 y 2019.
Sin embargo, el texto aprobado por las comisiones conjuntas este 25 de agosto es diferente al originalmente radicado. De los 35 artículos iniciales, el texto consignado en la ponencia (que es la propuesta de texto a partir del cual debaten los congresistas) terminó teniendo un total de 56.
Según el análisis del diario La República, de los 56 artículos de la ponencia, “16 quedaron igual que en la propuesta inicial, 15 se modificaron, cuatro se eliminaron y 25 se agregaron”. En total, los congresistas radicaron 344 proposiciones para modificar el texto del proyecto. Esta cifra, que llama la atención, teniendo en cuenta que cuando se presentó la iniciativa, desde el presidente de la República y el ministro de Hacienda hasta voceros del Congreso, pasando por líderes gremiales, destacaron el consenso que se había logrado en su redacción.
Lo cierto es que, al margen de estas cifras, el apoyo a la ponencia mayoritaria (es decir, la del proyecto original más buena parte de las proposiciones) fue contundente: 49 de los 56 artículos se votaron en bloque.
Entre los temas más relevantes que se incluyeron en el texto que ahora pasará a las plenarias de Senado y Cámara se encuentran la posibilidad de extender el PAEF hasta finales de 2022, nuevos apoyos a empresas, y la inclusión de nuevos bienes entre los excluidos durante los días sin IVA.
También se adicionaron nuevas medidas de apoyo a entidades territoriales –las cuales incluyen créditos a través de Findeter y la posibilidad de emprender procesos para facilitar el pago de impuestos atrasados–, estrategias de focalización del programa Ingreso Solidario en hogares encabezados por mujeres, y ajustes a la iniciativa de matrícula cero para estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3.
Otros temas inicialmente planteados por el Gobierno terminaron quedándose por fuera. Entre ellos destacan la georreferenciación de inmuebles (presentada con especial entusiasmo inicialmente) y el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República. Este último punto planteaba revestir al presidente de la República de “precisas facultades extraordinarias” para que durante los seis meses siguientes a la publicación de la ley (después de su aprobación) pudiese expedir “normas con fuerza de ley” para “suprimir, fusionar, reestructurar (…) [y] modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva” del orden nacional.
Al término de la sesión de las comisiones conjuntas, el ministro de Hacienda expresó su “gratitud y reconocimiento” a los congresistas por “una votación histórica” en la aprobación de esta primera parada de la nueva reforma tributaria. Tras destacar puntos como la extensión de Ingreso Solidario –programa al que se refirió como una “renta básica de emergencia para los colombianos vulnerables afectados por el impacto de la pandemia”–, esto constituye “un momento histórico de construcción de consenso de país”.
¿Qué sigue ahora? Como lo hemos señalado, la reforma tributaria será ahora debatida por las plenarias de Senado y Cámara. Esto ocurrirá en unas dos semanas.
Parece claro –dada la cantidad de proposiciones presentadas y tramitadas en el primer debate– que los ajustes más grandes ya se hicieron. El texto ciertamente tendrá cambios, pero todo parece indicar que los temas principales ya se modularon. La declaración del ministro de Hacienda en el sentido de que espera que ya no se le cuelguen más “bolitas” al árbol de Navidad de la reforma da luces en este sentido.
Es también posible que se retomen proposiciones sobre lo contenido en propuestas alternativas de reforma como la planteada por Iván Marulanda, senador del Partido Alianza Verde –la cual fue derrotada durante este primer debate.
Por otra parte, es claro que no todos los sectores están satisfechos con el avance y los contenidos del proyecto. Organizaciones no gubernamentales como RedPaPaz han insistido en la importancia de que la nueva reforma tributaria incluya un impuesto a las bebidas azucaradas –una iniciativa razonable y necesaria para proteger la salud de las personas, y la cual inexplicablemente suele hundirse cada vez que se discute en el Congreso.
Adicionalmente, organizaciones sociales y sindicales han anunciado su intención de convocar nuevas movilizaciones ciudadanas en rechazo a esta nueva reforma tributaria.
El proyecto será una realidad: el Gobierno tiene los apoyos suficientes para sacar adelante esta iniciativa, necesaria para las cuentas públicas. Seguiremos analizando el asunto, aun en medio de la avalancha informativa que vivimos.