–– ¿… quién me dijo sí? Zuleta…
–– ¡Eloy Quintero vota sí! ¡Eloy Quintero vota sí!
–– ¡Eloy, estamos en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes!
–– ¡Estamos en la Comisión Tercera, por favor! ¡Ya vamos a pasar a la suya…!
–– ¡Señora secretaria, Erasmo Zuleta vota sí!
–– Ya, doctor Zuleta, ya... Ya lo registré… Cárdenas Morán, John Jairo.
–– …
–– …
–– …
–– ¡Representante [inaudible] por favor cierre su micrófono! O alguien de la parte técnica de la comisión que le cierre el micrófono al representante…
–– Alice, Alice, pendiente de esto, por favor…
El anterior intercambio se produjo durante la aprobación del orden del día de la sesión que en la que, el pasado martes 27 de abril, los congresistas de las comisiones Terceras y Cuartas de la Cámara de Representantes y el Senado escucharon los argumentos de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda en defensa del proyecto de reforma tributaria –denominado por el Gobierno “proyecto de ley de solidaridad sostenible”–.
Así, mientras el país debatía sobre la conveniencia de que tuvieran lugar –o no– las protestas del miércoles 28 de abril, los representantes y senadores de las comisiones económicas de Legislativo –algunos desde sus celulares, otros en el carro, y otros más frente a sus computadores– escucharon una exposición del jefe de la cartera de Hacienda dividida en cinco puntos: la necesidad de aumentar los ingresos del Estado de manera permanente; la urgencia de la reforma tributaria; la necesidad de encontrar un consenso; las externalidades ambientales; y los cambios planteados a la Regla Fiscal.
A continuación reseñaremos los principales argumentos presentados durante la sesión. Se trata de un resumen de algunos de los principales argumentos del Gobierno en defensa del proyecto.
Respecto al primer punto –la necesidad de aumentar los ingresos del Estado de manera permanente– el ministro aseguró que el déficit de 2021 va a ser más alto que el de 2020. “Este año nuestro déficit (…) llegaría a los 94,6 billones de pesos, o sea un 8,6% del PIB”, aseguró. “Ese es un incremento del 22%”, agregó.
En ausencia del ajuste, sostuvo, el endeudamiento del país va a crecer. “Nosotros estimamos que si no podemos adelantar un proceso de ajuste tanto en el gasto como en los ingresos, del orden de 1,5% del PIB de manera permanente, vamos a tener un incremento sustancial de la deuda”, señaló.
Carrasquilla, para quien “es necesaria la reforma –o una reforma–“, se refirió al carácter “urgente” de la reforma. “Nos dimos cuenta, a través de la pandemia, de dos cosas: uno, que la red de protección social de nuestro país tenía falencias; había muchísima población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que no estaba amparada. Y [en segundo lugar] nos dimos cuenta (…) [de] que éramos muy rápidamente capaces de solventar esas falencias y de construir un censo de pobreza, y que éramos capaces –gracias a ese conocimiento del mapa de pobreza y a la evolución de las herramientas tecnológicas– (…) [de] hacer esas transferencias de manera mucho más ágil y eficiente”.
El ministro se refirió al programa Ingreso Solidario. Este culmina en junio y, según dijo, “debemos tomar una definición sobre su continuidad, sobre la manera en que lo debemos financiar”. Y añadió: “Estamos convencidos de que la continuidad de este programa va a tener unos efectos muy importantes en materia de cambios en tendencias muy preocupantes en el país –sobre todo a raíz de la pandemia– tales como la incidencia de la pobreza extrema, la incidencia de la pobreza monetaria, y por supuesto tendríamos un efecto muy importante a nivel del Gini”.
También defendió la extensión de la vigencia del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). “La pandemia no se ha acabado, el PAEF sí se acabó, y en aras de proteger el empleo necesitamos prolongarlo; por lo menos en la propuesta lo llevamos hasta el mes de julio”, sostuvo.
Respecto al consenso requerido para aprobar el proyecto –un objetivo complejo, dado el alto nivel de rechazo al proyecto entre los partidos políticos– Carrasquilla dijo que el Gobierno no pretende “poner situaciones extremas” ni “tener terquedades” sobre lo que el Congreso “encuentre razonable”.
Sobre “lo que no encuentre razonable” –añadió– “tenemos que ser muy ágiles en aceptar esa realidad democrática”.
También dijo que el Ejecutivo ha recibido “respuestas constructivas, respuestas propositivas desde varios rincones del Congreso de la República”. Recordó, además, que “siempre el Congreso de la República y el Gobierno nacional, a lo largo de décadas, han logrado ponerse de acuerdo y salir adelante con las medidas necesarias para la estabilización”.
Tras asegurar que el texto de la reforma tributaria es el producto de “un trabajo serio y con mucha profundidad” Carrasquilla se refirió a la redistribución de las externalidades ambientales. Destacó en este punto las propuestas sobre modificación del impuesto al carbono, la introducción de un impuesto local a los vehículos, la creación de un impuesto a los plásticos de un solo uso y la creación de un impuesto al consumo de plaguicidas. Destacó la creación de un fondo del clima y la introducción de mecanismos para la transición energética.
Por último, respecto a los cambios planteados a la Regla Fiscal, el ministro aseguró que las metas de esta “dependen de variables que no son observables”.
Dijo que “el concepto de Regla Fiscal ha sido muy importante en el país” y que “ha sido un mecanismo que disciplina nuestros debates aquí en el Congreso y en la comunidad académica que sigue estas realidades fiscales”, así como “en la comunidad internacional”. Sobre el particular sostuvo que “la reflexión que hacemos no es para eliminarlo ni para debilitarlo”, sino para “hacerlo más fuerte, más operativo y fluido”.
La presentación expuesta por el ministro indicó que “el cambio en la Regla Fiscal permitiría un incremento en la inversión equivalente en valor presente neto a $280 billones de precios de 2021 (26% del PIB) entre 2022 y 2031”.
Carrasquilla cerró su intervención diciendo que “en el país elevamos la deuda notablemente no como contrapartida de un capricho de gobierno o de unas decisiones tomadas ‘a la topa tolondra’, sino con base en un choque que recibimos muy grande, y de la necesidad de implementar muy rápidamente una serie de programas (…) para atender la emergencia sanitaria (…) para atender una emergencia social (…) la protección –hasta donde se pudo– se la situación del empleo (…) y, finalmente, desde luego, la defensa de la estabilidad financiera del país”.
“Necesitamos tener muy claro que si no iniciamos la rápida construcción de un consenso, aceptable para todas las partes en este debate, vamos a tener unas dificultades”, añadió.
“Además de la necesidad que tiene la reforma, también está que la emergencia del Covid no se ha terminado, pero sí se nos están terminando los programas que se diseñaron hace un año. Eso tiene que informar también el debate”, cerró Carrasquilla.