Por cada 100 pesos de recaudo, 50 se dejan de percibir por beneficios tributarios

Una nueva reforma tributaria vuelve a estar sobre la mesa. El pasado 14 de junio, el Gobierno Nacional presentó el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), donde no solo reconoció que el país atraviesa una situación fiscal compleja, sino que anunció su intención de impulsar cambios tributarios para sanear las cuentas públicas. Este contexto se explica por factores como el elevado nivel de gasto público, el creciente endeudamiento y una estructura de ingresos insuficiente para financiar las necesidades del Estado. 

A pesar de que en 2023 el recaudo tributario alcanzó el 16% del PIB, el nivel más alto en la última década, casi la mitad de ese monto (49%) se perdió a través de gastos tributarios, es decir, recursos que el Estado dejó de percibir por beneficios como exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales. Esto significa que por cada 100 pesos que el Estado recauda, deja de recibir casi 50 por decisiones de política fiscal. Este desbalance limita seriamente la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, invertir en infraestructura o reducir el déficit fiscal. La magnitud y persistencia de estos beneficios analizados desde el Observatorio Fiscal, al menos, desde el año 2019, refleja una falla estructural en el diseño del sistema tributario colombiano, que favorece tratamientos preferenciales sin una evaluación clara de su efectividad o justicia. 

Aunque los gastos tributarios pueden funcionar como mecanismos fiscales orientados a promover ciertos objetivos de política pública; como incentivar la inversión, apoyar sectores estratégicos o aliviar la carga tributaria sobre poblaciones vulnerables, en Colombia su crecimiento ha estado acompañado de una falta de evaluaciones técnicas sistemáticas que permitan justificar su permanencia o medir su efectividad. Entre 2021 y 2022, por ejemplo, el valor total de estos beneficios tributarios pasó de $88,3 billones a $114,3 billones. Este crecimiento, cercano al 30%, equivale a 1,2 veces lo recaudado con la última reforma tributaria de 2022. Además, más del 70% de estos beneficios se concentran en el IVA, seguido por el impuesto de renta a personas jurídicas y naturales. 

Los gastos tributarios pueden tener efectos regresivos cuando se concentran en los contribuyentes de mayores ingresos, ya que, en lugar de reducir desigualdades, amplían las brechas existentes al otorgar alivios fiscales a quienes menos lo necesitan y limitar los recursos disponibles para financiar políticas públicas.  Según datos de la DIAN, el 10% de las empresas con mayor volumen de ingresos capta más del 90% del total de los descuentos tributarios, mientras que las de menor escala acceden a una proporción considerablemente menor. Esta alta concentración sugiere que una parte significativa de los gastos tributarios no está llegando a quienes más podrían necesitarlos. Si bien no todos los beneficios generan efectos regresivos, algunos están diseñados para apoyar sectores vulnerables o regiones con menor desarrollo, la ausencia de criterios claros de focalización y evaluación periódica dificulta garantizar que el sistema sea equitativo.  

Así mismo, al analizar la evolución reciente de los gastos tributarios, llama la atención tanto su magnitud como su persistencia a lo largo del tiempo. Como se muestra en la Figura 1., entre 2019 y 2023 estos beneficios, medidos como proporción del recaudo tributario representaron en promedio un 50% de este, con un pico del 57% en 2022. Mientras que, como porcentaje del PIB fueron equivalentes en promedio al 7,5%. Esta tendencia evidencia que, a pesar del aumento en el recaudo tributario en los últimos años una proporción considerable de los ingresos continúa siendo erosionada por tratamientos tributarios preferenciales. 

Figura 1. Evolución del gasto tributario en Colombia

Colombia enfrenta enormes desafíos en materia de transparencia. Aunque el país ha avanzado en reportar estos beneficios en el MFMP, la información sigue siendo demasiado general, de difícil acceso y no cuenta con evaluaciones que permitan medir el impacto real de estas políticas. En el índice global de transparencia de gastos tributarios Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI), Colombia ocupa el puesto 35 de 105 países evaluados, con un puntaje de apenas 52 sobre 100. 

En este contexto, resulta ineludible que cualquier propuesta de reforma tributaria contemple una revisión profunda del sistema de beneficios fiscales. En un escenario de alta presión fiscal, con déficits crecientes y alto endeudamiento, mantener tratamientos preferenciales sin evaluación ni focalización adecuada no solo erosiona la base gravable, sino que debilita la progresividad del sistema, favorece a los contribuyentes de mayores ingresos y limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas esenciales. No se trata simplemente de aumentar impuestos, sino de corregir distorsiones que comprometen la equidad y sostenibilidad del sistema fiscal.  

Teniendo en cuenta que los beneficios tributarios representan cerca del 8,7% del PIB, mientras que la última reforma tributaria tenía como meta recaudar apenas el 1,4% del PIB, resulta evidente que no se puede avanzar en la sostenibilidad fiscal sin revisar a fondo estos tratamientos preferenciales. La crisis fiscal exige decisiones responsables: eliminar los beneficios que no están justificados técnicamente y garantizar mayor transparencia sobre su impacto. Países como Chile y México han avanzado en la publicación y evaluación periódica de sus gastos tributarios, mientras que Canadá y Reino Unido aplican criterios estrictos de costo-beneficio antes de renovar cualquier incentivo. Seguir estas buenas prácticas permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos, fortalecería la confianza en la equidad del sistema tributario y ampliaría el margen de recaudo, reforzando la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales.