Continuamos nuestra serie de candidatos presidenciales analizando las propuestas tributarias y de gasto público de Sergio Fajardo, candidato por la Coalición Colombia.
De acuerdo con la información disponible en su página web oficial, la propuesta de política económica de Fajardo está constituida en torno a tres pilares fundamentales: desarrollo productivo, política social y responsabilidad económica. Incluye además un plan de reactivación para recuperar la senda de crecimiento económico elevado y la definición de siete iniciativas prioritarias para la ejecución de proyectos que buscan mejorar el desarrollo productivo del país de forma transversal.
Es en el pilar de Responsabilidad Económica donde se agrupa la mayoría de los planes que en materia fiscal Fajardo llevaría a cabo en caso de llegar a la presidencia. Resaltamos acá la forma constructivista en que estas propuestas se presentan: aunque se puede estar en desacuerdo o no con las propuestas específicas, el documento del programa presenta la Responsabilidad Económica no como una cosa irreal, sino como un fin que se consigue a partir del manejo de los ingresos y los gastos, la regulación económica y la estabilidad de las variables macro.
Hay tres cosas que diferencian a Fajardo de los demás candidatos con relación a la reforma tributaria que se tendrá que aprobar en el corto plazo (y sobre la cual ya hemos hablado en este blog): mayor compromiso, al menos antes del inicio de su potencial gestión, para aumentar los ingresos tributarios que se pierden por el fraude fiscal; el reconocimiento de que para que la carga tributaria la lleven en su mayor parte los más afortunados, como lo ordena la Constitución, hay que tomar decisiones económicas difíciles; y la mención específica a cambiar la forma de su aprobación haciéndola más clara, más ciudadana.
Con respecto al primer punto, Fajardo propone al igual que todos los candidatos el fortalecimiento de la DIAN y la reducción de la evasión y la elusión para conseguir recursos adicionales para financiar los gastos de su gobierno, los cuales en su caso tienen como eje central la educación (que aumentará en 4 billones de pesos anuales, es decir en un 10%, durante su periodo de gestión). Pero a diferencia de los programas de los otros candidatos, el programa de Fajardo es mucho más explícito con respecto a las medidas para fomentar la transparencia de la DIAN.
En cuanto al segundo punto, el esquema tributario al que apunta es uno con mayores niveles de progresividad. Propone no tocar el IVA ni la canasta familiar, reducir de manera progresiva la tasa impositiva de las empresas y un tratamiento especial para las MIPYMES, a cambio de un incremento en la tributación de las personas naturales de más altos ingresos, la racionalización de las exenciones tributarias y el aumento del número de contribuyentes en tanto aumente la formalización de la economía.
A nivel territorial, propone apoyar activamente desde el gobierno nacional el financiamiento del catastro multipropósito, reconociendo la necesidad de fortalecer los fiscos territoriales y que la compleja tarea de actualizar los predios es urgente por su potencial en recaudo y necesita recursos de índole nacional: en Colombia el IGAC registró para 2017 16.8 millones de propiedades cuyo valor es casi 1.5 veces mayor que todos los bienes y servicios finales que produjo nuestro país el año pasado.
La propuesta no proporciona cifras asociadas a los montos de las reducciones o al aumento del número de contribuyentes, al esquema de contribución progresiva para las personas jurídicas, a los problemas de implementación de la factura electrónica en sectores como el agropecuario o a los montos y costos que implica “apoyar activamente” la actualización y formación catastral. Con esto cae en la falta de precisión que es común a todos los candidatos, de derecha e izquierda, que no nos cuentan de dónde es que van a salir los recursos para financiar sus programas de gobierno, en principio tan prometedores.
Sin embargo, el hecho de que la propuesta de Fajardo mencione que hay que subsanar cada reducción de un impuesto con aumentos proporcionales en otro es un paso en la dirección correcta para que el debate público del país sobre el gasto y la tributación esté basado en hechos.
Con esto concluimos el análisis de las propuestas de los cinco candidatos que aún siguen en la contienda. Unas son mejores que otras, pero la discusión nacional sobre las finanzas del Estado deja mucho que desear. Ningún candidato tiene planes completos basados en cifras concretas, sino, en el mejor de los casos, basadas en buenas intenciones. Esta no es la práctica de los países desarrollados, y depende de nosotros, la ciudadanía, exigir que nuestros gobernantes empiecen a tomarnos en serio.