La llegada al país de las primeras 50 mil vacunas contra el COVID-19 –que alcanzan para inmunizar al 0,1% de los colombianos y que, según el Gobierno, hacen parte del lote de cerca de 1,6 millones de dosis que arribarán al país en los próximos 30 días– quitaron del ojo de la opinión pública las dos noticias económicas más relevantes y preocupantes de los últimos tiempos: que habrá una nueva reforma tributaria, y que en 2020 el PIB de Colombia se contrajo un 6,8% –la reducción más drástica de la que se tiene registro–.
El contenido de la reforma –que podría llegar al Congreso en marzo– y las acciones que se ejecuten para buscar que la economía encuentre el ‘efecto rebote’ para retomar la senda del crecimiento, marcarán el panorama económico del país, durante los próximos años. La razón es que incidirán no solo en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, sino que también condicionarán la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.
Comencemos con la reforma tributaria, la cual ha sido presentada por el Gobierno como una movida urgente e indispensable debido al amplio gasto de emergencia que ha implicado la pandemia.
Ese argumento, sin embargo, resulta impreciso por dos razones. La primera es que el gasto público para hacer frente a las consecuencias de la emergencia ha sido más bien discreto. Transcurridos once meses de la primera declaratoria de la emergencia sanitaria y económica se han gastado 22,7 billones de pesos de los 40,5 que hacen parte del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) –es decir, cerca del 2% del PIB del país–.
En segundo lugar, la realidad es que el hueco que se quiere tapar se abrió mucho antes de que los ciudadanos de a pie supiéramos siquiera de la existencia de los coronavirus. El hueco se agrandó de manera sustancial en 2018, cuando la actual administración les bajó los impuestos a los grandes capitales con la orwellianamente denominada Ley de financiamiento.
O, para decirlo de otra forma: los impuestos que ahora no paga el 1% más rico de los colombianos abrieron un hueco. Y el Gobierno quiere que los colombianos que viven de su trabajo –la clase alta, la clase media, pero también quienes ganan uno, dos o tres salarios mínimos– tapen ese hueco pagando más impuestos.
¿Qué impuestos serían? Todo apunta a que se buscará gravar con IVA todos los productos –o una buena parte de ellos– de la canasta familiar.
Gravar con IVA los productos de la canasta familiar es, como lo hemos detallado en el pasado, un viejo anhelo del actual gobierno. Un anhelo que, como dijimos antes, antecede a la pandemia. Repasemos brevemente esa línea de tiempo: inicialmente se intentó ampliar el IVA en la reforma tributaria de 2018 –la misma que les bajó los impuestos a los grandes capitales–. La idea, rápidamente descartada, se retomó de nuevo al año siguiente con igual resultado.
Todo parece indicar que la tercera sería la vencida. En esta ocasión la narrativa se apoya en los “beneficios tributarios”. En agosto del año pasado se instaló la comisión de expertos tributarios, un grupo de destacados técnicos quienes, a pesar de saber poco sobre el complejo sistema colombiano, recomendarán reformas a los beneficios tributarios que existen en el país. Según el Gobierno, esos beneficios suman 92 billones de pesos –74 de ellos, correspondientes al IVA–.
¿Debería el país revisar y reformar la estructura de los beneficios tributarios? Por supuesto que sí. Sin embargo, llama la atención que la mayor parte de los esfuerzos estén centrados en aumentar los ingresos provenientes por cuenta del IVA, y no en el combate de la evasión y la falta de transparencia del sistema, ni en el aumento de impuestos a los ingresos de capital.
La narrativa del Gobierno –que apunta a dejar en el aire la idea de que el IVA que no pagan los colombianos que no están en la pobreza es un beneficio tributario– está, además, soportada en la puesta en marcha del programa de devolución del IVA, el cual entrega cada dos meses entre 70 y 80 mil pesos a familias en situación de pobreza para aliviar “el impacto del IVA en sus ingresos” y mejorar “su capacidad de consumo”.
El pasado 11 de febrero, la directora del Departamento de Prosperidad Social recordó –en un programa de televisión presentado por el presidente de Colombia– detalles del programa de devolución del IVA.
Reiteró que cada beneficiario “recibirá 70 mil pesos bimestrales”. También dijo que en 2021 esta iniciativa tendrá “2 millones de beneficiarios”, duplicando los beneficiarios de 2020. El millón adicional, sostuvo la funcionaria, lo integrará “la población colombiana que aún se encuentre en situación de vulnerabilidad y pobreza, y no haya recibido ninguno de los programas sociales del Estado”, así como “los más pobres que hoy están en Ingreso Solidario”, el programa que –creado el año pasado– entre 160 mil pesos mensuales a cerca de 2,6 millones de personas pobres.
El presidente de la República, presentador del espacio televisivo, dijo que a los beneficiarios del programa “se les devuelve el IVA que hoy están pagando por cerca del 53% de los productos de la canasta familiar”. Agregó que “con esto, esas familias vulnerables terminan prácticamente no pagando ese impuesto".
La devolución del IVA es uno de los mecanismos a través de los cuales se está brindando asistencia monetaria a los colombianos más pobres durante la pandemia. No se trata, sin embargo, de un mecanismo suficiente para compensar el hueco que abrieron en las finanzas públicas las exenciones a los grandes capitales.
Pongámoslo en términos de números: la devolución del IVA –que analizamos en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en este documento– supone conceder cerca de 2 billones de pesos al 20% de los colombianos más pobres, mientras que los recortes de impuestos al 1% más rico del país se acercan a los 9 billones. Los detalles, montos y porcentajes de esta política están contenidos en el documento CONPES 3986.
Recortar los beneficios del IVA terminará afectando a los colombianos de menos ingresos. Pero también a los colombianos que viven de su trabajo –incluyendo a la clase media, independientemente de cómo se le defina–. Así, la responsabilidad de aumentar el recaudo tributario se pondría sobre los hombros de los consumidores y los asalariados, dejando virtualmente quietos a los dividendos y a las rentas no laborales de los ciudadanos de más ingresos.
Nunca habrá un buen momento para subir impuestos. Ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Pero, con total seguridad, el peor momento para hacerlo es en medio de la peor crisis económica de la historia del país –en la que, además, se registra una contracción sin precedentes del PIB–.
El IVA para toda la canasta familiar podría golpear seriamente la demanda y retrasar la ruta de recuperación en la etapa posterior a la pandemia.