Sobre la falta de transparencia en la respuesta del Gobierno nacional frente a la crisis provocada de la pandemia se viene hablando casi desde el inicio mismo de la emergencia. El asunto ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil, entes de control, analistas y líderes políticos. Del asunto también nos hemos ocupado en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
La ausencia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana no implica de forma automática que exista robo de recursos públicos –eso es importante subrayarlo–. Sin embargo, a falta de reportes claros respecto al gasto –peso por peso– de la plata de todos, la desconfianza de la ciudadanía aumenta. Esta es una circunstancia especialmente preocupante en medio de una emergencia como la provocada por la pandemia.
Pasados diecinueve meses desde el inicio de la emergencia, ¿cómo se ven las decisiones adoptadas en los momentos más críticos de la pandemia? ¿Qué tanta transparencia hubo?
El más reciente informe de la International Budget Partnership (IBP), titulado Managing COVID funds: The accountability gap (Manejando los fondos del COVID: la brecha en materia de rendición de cuentas) aporta elementos contundentes para responder estas preguntas. La falta de rendición de cuentas ha sido real y la ausencia de rendición de cuentas ha tenido consecuencias.
Al margen de las cantidades de dinero invertidas –que ciertamente son más grandes en los países más ricos–, las decisiones han implicado la alteración de los procesos institucionales habituales –desde la magnitud del gasto hasta los procesos normativos para hacerlo posible–.
De ahí la importancia de que los gobiernos les rindan cuentas a sus ciudadanos. Los beneficios de la apertura en materia fiscal han sido ampliamente detallados a nivel internacional. La transparencia no solo se traduce en una reducción de los riesgos de corrupción, sino que garantiza que las políticas implementadas sean más efectivas, y tengan resultados más equitativos.
IBP señala que, “infortunadamente, muchos gobiernos no han atendido estos llamados, poniendo en riesgo la efectividad y el impacto de su respuesta a la crisis”.
Vamos ahora al informe, el cual analizó la forma en la que 120 gobiernos alrededor del mundo manejaron la respuesta fiscal inicial frente a la crisis de la covid-19. El seguimiento se concentró en tres pilares fundamentales: acceso público a información relevante, herramientas adecuadas de supervisión y oportunidades para que la ciudadanía se involucrase. Cada pilar –subraya el informe– “es esencial para asegurar que los recursos sean usados de forma efectiva, para que las necesidades y prioridades básicas de las personas sean abordadas de forma adecuada, y para que los gobiernos puedan rendir cuentas por sus decisiones”.
Con un cuestionario desarrollado en colaboración con organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal, la Alianza por la Contratación Abierta y la Iniciativa de Desarrollo INTOSAI, entre otros, la International Budget Partnership, con la colaboración de expertos locales, analizó paquetes fiscales de emergencia introducidos entre marzo y septiembre de 2020.
Miremos algunos hallazgos generales: en términos generales, dos tercios de los países analizados entregaron a sus ciudadanos información limitada o mínima, y solo el 25 por ciento entregó reportes de auditoría para finales de 2020. Adicionalmente, tan solo tres países incluyeron una perspectiva de género como parte de su respuesta a la emergencia.
Los 120 países analizados fueron ubicados por IBP en cinco categorías, según el nivel de rendición de cuentas en sus respuestas de política fiscal en las primeras etapas de la pandemia: sustantivo (0), adecuado (4), algún nivel (29), limitado (55) y mínimo (32).
¿Y Colombia? Nuestro país aparece en el tercer segmento. El criterio de transparencia fue calificado dentro de “algún nivel”, mientras que la supervisión fue considerada “limitada”, y la participación, “mínima”.
Tres elementos –los cuales hacen parte del pilar de transparencia– fueron calificados como “adecuados”: se trata de la información macroeconómica y presupuestal agregada, el reporte de ejecución, y los fondos por fuera del presupuesto.
Estos son apenas algunos detalles contenidos en el informe, que incluye también un mapa de datos que permite hacer comparaciones entre países. Dicha herramienta puede consultarse en este enlace.
El documento subraya un elemento que, aunque podría parecer obvio, en ocasiones parece dejarse de lado: la acción urgente a la que obligó la pandemia no implica dejar de rendir cuentas.
Este es un punto con especial relevancia hoy, cuando ha pasado más de un año y medio del inicio de la emergencia, y nuestro país sigue quedándose corto en materia de acceso a la información sobre el uso exacto –peso por peso– de todo el dinero dispuesto para la atención de la emergencia.
Tramitadas ya iniciativas legislativas tan importantes como la nueva reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación para 2022 no sería posible argumentar que la información necesaria no está disponible. Esta, simplemente, no se ha puesto a disposición de la ciudadanía con todo el nivel de detalle debido.
La principal conclusión del informe de IBP –en el sentido de que los gobiernos se están quedando cortos en manejar la respuesta fiscal a la crisis con transparencia e información completa para la ciudadanía– toca también a nuestro país.
Esfuerzos por promover el acceso a la información, como el análisis que llevamos a cabo cada mes para determinar y detallar los ritmos de desembolso del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) podrían beneficiarse de un mayor flujo de información oficial.
La ciudadanía merece estar plenamente informada. Este principio debería estar inscrito en todas las actuaciones públicas.