Plan de austeridad en vísperas de la reforma tributaria: ¿buen negocio para los ciudadanos?

Actualizado: abr 22

Por segundo año consecutivo, los coleccionistas de almanaques y pocillos alusivos a las entidades estatales verán afectadas sus colecciones. Esto, por cuenta del Decreto 371 del pasado 8 de abril, mediante el cual se estableció el Plan de Austeridad de Gasto para 2021.


La norma, firmada por el presidente de la República y su ministro de Hacienda, replica prácticamente todos los aspectos abarcados por el Decreto 1009 de 2020, que estableció las líneas de austeridad para el año anterior. Se trata de recomendaciones para, por ejemplo, racionalizar el pago de horas extras y “propender por reducir las comisiones de estudio al interior o exterior del país”.


Respecto a la contratación de personal “para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, se señala que las entidades deberán hacer “una revisión previa y rigurosa” de las razones para enganchar estos trabajadores.


Sobre el mantenimiento de bienes inmuebles, el decreto establece que “las entidades deberán abstenerse de iniciar cualquier tipo de contratación que implique suntuarias u ostentosas”, con especial énfasis en las de “embellecimiento, el ornato o la instalación o adecuación de acabados estéticos”. En cuanto a la compra de bienes muebles, indica que esta “solo se podrá efectuar cuando sean necesarios para el cumplimiento del objeto misional de entidades, previa justificación”.


Respecto al suministro de tiquetes, se reitera que los viajes de los servidores deberán hacerse en clase económica, “salvo los debidamente justificados” o cuando el vuelo tenga una duración de más de ocho horas. Se trata de una pauta igual a la del año pasado, aunque en esta ocasión cobija los “viajes aéreos nacionales e internacionales de todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General la Nación”. El plan de 2020 hablaba de los “funcionarios de todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”.


El decreto también establece que “en los casos de delegaciones oficiales”, las entidades Rama Ejecutiva del orden nacional solo deberán conferir comisiones de servicios “a servidores públicos cuya participación sea necesaria por la relación de las funciones del empleo que desempeñan con objeto de la misma”. Al leer esta pauta –así como la que señala que los servidores públicos deberán propender por que los conductores de sus vehículos respeten las normas de tránsito y no estacionen en lugares prohibidos– cabe preguntarse cómo era el panorama antes de que se expidieran estas reglas de juego en materia de austeridad.


Por otra parte, se establecen medidas para racionalizar papelería, telefonía, regalos corporativos y condecoraciones. Y, además de la austeridad en los eventos, se hace énfasis en la importancia de privilegiar los encuentros por medios virtuales.


Y, al menos en 2021 –tal y como ocurrió el año pasado–, habrá que decir adiós a “agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos” y demás que promocionen la gestión del Gobierno. Lo mismo sucederá con folletos o textos institucionales.


Según lo reportado en medios de comunicación, con las medidas incluidas en este decreto se espera ahorrar cerca de 500 mil millones de pesos. No se trata de una cifra despreciable: hablamos de medio billón de pesos. Cada centavo del bolsillo de los colombianos cuenta, y mucho más en medio de una emergencia como la que vive el país.


No obstante, es importante que los ciudadanos tengan presente la magnitud de los valores que se mencionan en el debate público –especialmente en momentos en los que este gira en torno a la reforma tributaria que el Gobierno presentó la semana pasada.


500 mil millones de pesos, por ejemplo, corresponden a la decimoctava parte de los 9 billones de pesos en exenciones que el actual gobierno les concedió a los grandes capitales del país en la reforma tributaria de 2019, y que ahondaron el hueco fiscal que se busca tapar ahora.


Con un prisma similar se deberían analizar propuestas como las de eliminar consejerías presidenciales que, según una investigación de W Radio, le cuestan al país un poco más de 230 mil millones de pesos anuales.


En esta misma categoría entran propuestas con mucha taquilla como la de bajarles el sueldo a los congresistas. Son cosas que suenan bien, pero que, como hemos visto, no tienen un impacto significativo en las cuentas públicas.


Es normal que en el diálogo entre Gobierno y ciudadanos se produzca una suerte de negociación –“yo me comprometo a recortar aquí, y usted se compromete a pagarme esto”–. Eso es válido. Sin embargo, resulta clave que los ciudadanos tengan claros los valores. No queremos que nadie salga tumbado –como les pasará, por segundo año consecutivo, a los coleccionistas de pocillos y esferos oficiales–.