Partamos de una base con la que todos estaremos de acuerdo: los impuestos son útiles y más que necesarios, pero la verdad es que a nadie le gusta pagarlos.
Como lo demuestra la experiencia reciente en Colombia, la conversación pública en materia tributaria resulta especialmente espinosa. En particular durante la última década, hacer reformas tributarias en nuestro país ha sido sinónimo de polémica y desgaste de capital político.
La ciudadanía tiende a desconfiar de las consecuencias de este tipo de iniciativas. Los casos recientes explican las dos razones principales: por un lado está el impacto de las medidas adoptadas en las cuentas públicas, como consecuencia de esquemas potencialmente inequitativos. Un ejemplo de ello son las exenciones concedidas en 2018 a los grandes capitales, resultando en un hueco fiscal de más de 9 billones de pesos.
Por otro lado se encuentra la desconfianza ciudadana respecto a la forma en la que los cambios en los esquemas tributarios podrían afectarle. El posteriormente retirado proyecto de reforma tributaria –que recargaba impuestos en los asalariados y abría la puerta a cambios en el régimen del IVA–, el cual dio pie a la movilizaciones en el marco del paro nacional, es la demostración más clara de esto.
Plantear subidas de impuestos siempre será desgastante. Ni qué decir de hacerlo en medio de la peor crisis económica de la historia del país. Sin embargo, hacer una reforma tributaria en este momento es, según la mayoría de los expertos, es necesario. La clave está en no tocar el IVA ni subir impuestos al consumo –haciendo, además, énfasis en un aumento de los impuestos al capital–. Estos ejes hacen parte de la propuesta académica de reforma tributaria que le presentamos al país hace dos semanas.
En últimas, el objetivo es que el sistema tributario colombiano cumpla con el principio de progresividad establecido por la Constitución: que quienes tienen más, paguen una proporción mayor de sus ingresos.
En momentos en los que el diálogo para encontrar salidas a la crisis que vive el país avanza más despacio de lo necesario, propuestas como la lanzada por las empresas vinculadas a ProBogotá resultan especialmente positivas, pues contribuyen a generar una matriz de opinión en la dirección correcta.
“Las organizaciones del sector productivo (…) apoyamos la adopción de normas tributarias para aportar al gasto público social con el propósito de que los colombianos de menores ingresos tengan acceso al conjunto de los bienes y servicios, así como para generar empleo con énfasis en jóvenes y mujeres”, señala un comunicado difundido por esta fundación privada, dedicada a la promoción del progreso en la capital y la región circundante.
La declaración de intención resulta especialmente relevante si se tienen en cuenta las marcas y empresas que hacen parte de ProBogotá. Entre ellas se encuentran Alkosto, Bolívar, Fundación Grupo Social, Alquería, Homecenter, Compensar, Bancolombia, Colsubsidio, Valorem, Odinsa, Colpatria y Vanti, entre otras.
Se trata de una declaración de intención pública que no tiene precedentes en el país. Por primera vez, jugadores muy relevantes del sector privado manifiestan su intención de pagar impuestos más altos para contribuir a la puesta en marcha de programas sociales en un momento crítico para el país.
Cuando se habla de propuestas como el aumento de impuestos al capital suele pensarse en cargas tributarias asfixiantes para las empresas. Se trata de, por ejemplo, propuestas como la planteada por el Gobierno en el retirado proyecto de reforma tributaria en el sentido de introducir una sobretasa temporal de 3% para pequeñas, medianas y grandes empresas. La idea, más bien, es aumentar los impuestos a personas naturales que, por su nivel de ingresos, hacen parte del top 1%; 0,1%; 0,01% y 0,001% de las personas más ricas del país.
¿Cómo será la nueva propuesta de reforma tributaria que presente el Gobierno? ¿Cuál será el rol de las empresas en el nuevo panorama que en esta materia configure esa ley?
En intervenciones públicas los últimos días, el ministro de Hacienda ha dejado entrever algunos detalles. Al parecer la reforma tributaria será planteada como un “proyecto de inversión social”, enfocado en la financiación de programas que favorezcan especialmente a jóvenes, mujeres y los colombianos más pobres.
“La urgencia de una propuesta de inversión social no da espera”, aseguró el ministro esta semana ante plenaria del Senado. “No da espera la persona que recibe hoy (…) un Ingreso Solidario, y que podría no seguir recibiéndolo [Tampoco] da espera la respuesta del país a los inversionistas internacionales, que son también fuente de empleo”, agregó.
La prioridad será recaudar cerca de 14 billones de pesos. En cuanto al cronograma para la presentación de la iniciativa, no hay fecha específica, pero se habla de esta como “urgente”. Es, pues, dable pensar que llegará al Congreso en las primeras semanas del nuevo periodo de sesiones, que se iniciará el próximo 20 de julio (el actual finaliza el 20 de junio).
Buscando hacer pedagogía sobre la necesidad de la reforma tributaria y detallar las necesidades de inversión en materia social, el Ministerio de Hacienda habilitó un minisitio dentro de su página web. En esta página los ciudadanos también pueden enviar sus propuestas y sugerencias para la construcción del nuevo proyecto.
Este ánimo pedagógico y colaborativo tanto en la redacción como la presentación del nuevo proyecto da cuenta de que el Gobierno cambió acertadamente de estrategia comunicativa. Mientras que el anterior texto se presentó sobre la base de declaraciones impactantes (pero no por ello totalmente veraces ni efectivas) –como aquella según la cual al país le quedaba caja para seis semanas–, ahora la información se está presentando con ánimo constructivo.
Habrá que esperar a conocer el texto definitivo en algunas semanas para determinar qué peso tendrán los impuestos pagados por las grandes empresas en el esquema tributario que se plantee. Ojalá el Gobierno les ‘coja la caña’ a los empresarios. Una movida en ese sentido permitiría construir una hoja de ruta con visión de largo plazo, cortando con las medidas inmediatistas para atender la crisis sin precedentes que estamos viviendo.