Así avanza la actualización de una herramienta para analizar el comportamiento de las finanzas en los municipios del país, con énfasis en los proyectos dedicados a atender y apoyar a las mujeres a nivel territorial.
A finales del año 2020, los amigos del Observatorio Fiscal informaron en este espacio que había empezado el trabajo de actualización y rediseño de una herramienta –creada originalmente por mí en 1999– para medir el riesgo del ingreso, el gasto, la deuda y la situación fiscal a partir de observaciones sobre las finanzas de los municipios del país.
Esta herramienta permite hacer análisis a distintos niveles de agregación y desagregación para, en especial, identificar el gasto de inversión asignado a proyectos dedicados a la atención y apoyo de las mujeres a nivel territorial. Todos estos datos se ilustran por medio de mapas que muestran cómo ha sido su evolución en el tiempo. Si quieren saber más sobre la herramienta, pueden visitar este enlace.
El tema de las finanzas públicas, que a primera vista parecería ser exclusivamente técnico y de interés para un grupo limitado de personas del mundo de la investigación y la academia, en realidad debería ser de la mayor importancia para toda la ciudadanía, porque se refiere a la riqueza común, al patrimonio colectivo. Entender cómo funcionan las finanzas públicas –qué son, cómo se estructuran, qué elementos las componen, quién las ejecuta y controla, qué producen, a quién benefician– no es ni debe ser monopolio de personas que hablan un lenguaje incomprensible, y más bien debe permitir a la sociedad en su conjunto recuperar su sentido de apropiación de lo público y fortalecer la corresponsabilidad en la financiación estatal.
Pero ¿por qué debería importarle a la ciudadanía este asunto? Porque los temas tributarios, que hacen parte de la economía pública y la economía, tienen todo que ver con la vida de las personas en sus distintas dimensiones: de lo cotidiano y lo domestico hasta lo laboral, pasando por lo cultural o lo deportivo. De un lado, porque los impuestos los paga la ciudadanía, como persona natural o jurídica, de manera directa o indirecta y, de otro, porque es con estos recursos –y algunos adicionales, que dependen del tamaño de la bolsa tributaria– que el Estado atiende sus deberes, responde por los derechos de la ciudadanía, proporciona servicios y hace las obras necesarias para sostener la vida social y económica.
Estos conceptos y principios, que podrían parecer obvios para los expertos, suelen ser desconocidos para buena parte de la ciudadanía –que en muchos casos no sabe si paga impuestos o cuánto paga, y menos aún qué se hace con la plata que sale de su bolsillo, y de millones de personas más, ni tiene claro quién paga las obras con las que los políticos buscan su voto–.
Es probable que muchas personas crean que los impuestos los pagan solo los ricos o que las obras se hacen con la plata que sale del bolsillo de los políticos.
De ahí la relevancia del trabajo que se está adelantando, cuyo objetivo es explicar temas complejos y distantes de una forma sencilla y cercana. Todas las personas deberían poder entender la economía y el rol de cada persona en el sistema; también las finanzas del país o la ciudad, como se entienden las finanzas personales o del hogar. La educación económica, fiscal y financiera hace parte del cambio cultural que es preciso impulsar para fortalecer una ciudadanía más consciente y responsable.
El propósito de este trabajo es que se hable de impuestos y que la gente los entienda como el aporte que cada persona hace para que toda la ciudadanía esté mejor. La educación sobre el funcionamiento del Estado debe permitir entender el tributo como la materialización del valor de la solidaridad en aras de proporcionar un mayor bienestar general.
Más allá de esta dimensión pedagógica, también el objetivo es que las personas se pregunten cómo hacer un ejercicio de control y cuáles son las herramientas necesarias para pedir cuentas. En las sociedades contemporáneas hay cada vez más control sobre las personas que se eligen, pero hay poco control sobre los funcionarios y el funcionamiento estatal. Si bien el papel de los tecnócratas es valioso, la construcción de la acción colectiva empieza y termina con la ciudadanía. De ahí la importancia de que la gente se sienta parte de un proyecto común al que aporta y del que puede aspirar legítimamente a recibir la debida reciprocidad.
A su vez, el énfasis en la identificación del gasto de inversión que se les otorga a los proyectos dedicados a la atención de las mujeres a nivel territorial, permitirá ahondar –desde el análisis de los impuestos– en un asunto fundamental para la garantía de procesos de equidad y garantía de derechos.
Y el trabajo, ¿en qué va? Como se comentó a finales de 2020, la atención se ha centrado inicialmente en lo que ocurre en la ciudad de Cartagena. En la actualidad, se está elaborando un documento que contiene, entre otros, una mirada general del panorama fiscal, los ritmos de crecimiento y variación en el presupuesto, y trata de dar explicaciones a dichos cambios.
Un primer diagnóstico da cuenta de una situación fiscal muy precaria, en buena medida, atribuible a problemas de ejecución recurrentes y al escaso recaudo tributario. La primera explicación gira en torno a la inestabilidad política que ha caracterizado a la ciudad a lo largo de la última década, profundizada por los cambios en las prioridades de gasto e inversión causadas por los cambios tanto en la administración local como en el Gobierno nacional.
Sobre el bajo recaudo se considera necesario mencionar que las actividades turísticas, portuarias y de la industria petroquímica, predominantes por décadas en la estructura económica de la ciudad, gozan de regímenes tributarios especiales. En ese sentido, Cartagena crece económicamente, pero no lo hace al mismo ritmo en materia fiscal. Lo que sí crece es la pobreza urbana, una dinámica profundizada por la pandemia.
Un estudio realizado en octubre pasado por el Centro de Estudios Económicos y del Trabajo (Cedetrabajo) encontró, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, que la pobreza monetaria en Cartagena se ubicó en el 34%. Una evaluación integral del panorama no debe ignorar que sobre Cartagena pesan diferentes tipos de fuerzas en conflicto –no solo mafias políticas, sino también del crimen, que explican, en parte, la inestabilidad administrativa.
Como se observa, el trabajo avanza con el propósito no solo de entender el panorama de las finanzas de Cartagena, sino de tener una mejor comprensión del contexto que permita formular recomendaciones de política pública que contribuyan a mejorar el actual estado de cosas.
Esta tarea tendrá, por supuesto, énfasis en los programas relacionados con la atención a mujeres –un asunto que, además de ser fundamental para garantizar la equidad y el progreso, se constituye en un pilar fundamental de los procesos de recuperación económica y restauración del tejido social en un escenario pospandemia–.
En este sentido, el esfuerzo realizado será compensado en la medida en que los análisis y recomendaciones sean de utilidad para la ciudadanía, contribuyan a que las personas tomen mejores decisiones a la hora de elegir y los convoque a participar en la gestión de sus impuestos, entendiendo por qué y para qué se pagan, y cómo deben ser manejados en función del interés común.
*Carmenza Saldías es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en
Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Ha
sido alcaldesa encargada de Bogotá, así como secretaria de Hacienda, secretaria de
Planeación y consejera para temas de Región y Competitividad de la ciudad. También se
desempeñó como secretaria de Planeación de Manizales. Fue fundadora y directora del
Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales (Crece). Es docente,
investigadora y consultora.
** Las opiniones expresadas comprometen a su autor/a y no comprometen la posición del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.