¿En qué se ha gastado la plata de la pandemia? Esta es la pregunta que buscamos responder mes tras mes al hacerle seguimiento al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado en marzo de 2020 con el fin de centralizar los recursos para atender la emergencia.
Con corte al pasado 3 de octubre, el FOME contaba con 40,5 billones –es decir, millones de millones– de pesos, y se habían desembolsado 37,4 billones, correspondientes al 92 por ciento del dinero disponible.
El más reciente análisis, que puede consultarse en este enlace, señala que el desembolso más grande ha sido para el sector Salud; para este se han destinado 14 billones de pesos. Le siguen el programa Ingreso Solidario (8,4 billones); los subsidios a la nómina, que incluyen los programas de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y Apoyo a la Prima (PAP), por valor de 7 billones; y transferencias a programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor (5,1 billones).
Posteriormente se encuentran las transferencias a otros sectores (como Justicia, Seguridad, Defensa, Comercio y Agricultura), por un valor de 1,6 billones de pesos. El monto restante, es decir 1,3 billones de pesos, se ha desembolsado para garantías de créditos.
Dentro del seguimiento que venimos haciendo se contabilizan también los gastos reportados para la atención de la emergencia antes de la creación del FOME. Estos ascienden a 900.000 millones de pesos.
¿Cómo se lleva a cabo esta revisión del FOME? Cada mes revisamos, una por una, las resoluciones relacionadas con este tema. Luego, mediante un programa informático, se identifican las compras directas hechas desde el Ministerio de Hacienda, el cual administra el fondo. Esta información no está disponible en un formato comprensible para toda la ciudadanía. Adicionalmente, es posible saber cuánto se ha desembolsado –un dato que indica que el dinero salió del FOME–. Sin embargo, no se puede saber si se han cumplido los objetivos por los cuales se han realizado los desembolsos.
Mediante estas plataformas es posible saber, por ejemplo, cuánta plata se ha destinado a Ingreso Solidario, pero no es posible identificar cuántos de estos recursos han terminado en transferencias para los hogares más pobres y cuántos recursos se han destinado a la implementación de este programa en costos como el de las transacciones bancarias y pago de funcionarios públicos. También se puede saber cuánto se ha invertido en equipos de bioseguridad, pero no cuánto le ha costado al país cada tapabocas, cada bata o cada par de guantes quirúrgicos.
Esto implica que, como lo hemos señalado en el pasado, más de dieciocho meses después del inicio de la emergencia, todavía no es posible que todas las personas puedan saber cómo y exactamente en qué se viene gastando el dinero destinado a atender las consecuencias de la pandemia.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, ha desplegado algunas estrategias para ampliar la información disponible. Tal vez el ejercicio más visible en este sentido es el denominado Libro Blanco del Fondo de Mitigación de Emergencias, que llegó este mes a su tercera edición.
La primera versión fue publicada en marzo de este año, y constituyó un valioso avance en materia de divulgación oficial sobre un tema de tanto interés. Una segunda edición se publicó en agosto pasado, presentando elementos destacados, como la unificación de las fuentes de financiación del FOME y los gastos a nivel de programa. Antes había que consultar todos los decretos expedidos al amparo de la emergencia, hacer seguimiento a las leyes aprobadas por el Congreso, revisar las resoluciones publicadas en la sección Presupuesto Covid - 19 de la página del Ministerio de Hacienda, e identificar flujos de gasto en el Portal de Transparencia Económica.
A pesar de estos avances, el Libro Blanco sigue presentando un panorama incompleto que no les permite a todas las personas conocer todos los detalles del gasto del dinero.
Este problema persiste en la más reciente versión del Libro Blanco, dada a conocer el pasado 7 de octubre. El documento presenta cifras actualizadas a septiembre de este año, pero se sigue limitando a plantear una fotografía de los planes de gasto, en lugar de las destinaciones peso por peso, y programa por programa, de los recursos disponibles.
¿Por qué la información es incompleta? Digamos que usted dispone de 100 pesos para hacer arreglos locativos en su casa. Para hacer un seguimiento a los costos de la obra no basta con saber cuánto se va a pagar al final: es necesario saber cuándo y por qué valor se adquirieron los materiales, cuánto y en qué tiempo se les pagará a las personas encargadas de la obra, en qué circunstancias y cuánto habría que pagar al final.
La fotografía de un momento –como la que muestran el corte a una fecha determinada– se queda, pues, incompleta.
Con la información disponible es posible poner a disposición de la ciudadanía una plataforma en la que los datos se actualicen en tiempo real. Allí no solo tendrían que estar disponibles los valores desembolsados, sino también qué programas han recibido dinero y cuáles tienen, por ejemplo, contratos en ejecución y labores terminadas que ya fueron pagadas.
Los datos están disponibles. No ponerlos a disposición de la ciudadanía con todo detalle parece ser producto de una decisión directa en tal sentido. ¿Qué otra explicación podría haber?
En el anexo al mensaje presidencial que acompañó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022 se señala lo siguiente: “Todos debemos poder entender el presupuesto de manera sencilla y de la forma más didáctica posible”.
Como lo hemos señalado durante el estudio de dicha iniciativa, esta no presentó herramientas para entender sus detalles de forma “sencilla” o “didáctica”. Este propósito, que debe extenderse a todas las actuaciones de las entidades públicas, no se está haciendo presente en la presentación de la información relacionada con el FOME.
En su introducción, la nueva edición del Libro Blanco del FOME señala que, dado “el carácter contingente de la emergencia” se ha presentado “alta incertidumbre” en materia de “solicitudes y cuantías, por lo que se han venido actualizando a medida que se cuenta con nueva información”. Una salvedad en este sentido resulta llamativa cuando ha pasado más de año y medio del inicio de la actual contingencia y ya se han trazado políticas de largo aliento en materia fiscal, tributaria y macroeconómica –como las contenidas en la nueva reforma tributaria y el presupuesto general para el próximo año–.
Contrario a lo que podría pensarse en círculos técnicos y políticos, el interés de la ciudadanía por conocer cómo y en qué se ha gastado el dinero de la emergencia sigue vigente. Esto debería animar los esfuerzos oficiales por la transparencia y la correcta divulgación de la información.