18 meses después, ¿cómo vamos con la plata para atender la pandemia?

El 17 de septiembre se cumplieron dieciocho meses desde la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

Transcurrido año y medio, el Gobierno nacional sigue sin contarle al país –con el debido nivel de detalle y la necesaria actualización– cómo y en qué se ha gastado la plata destinada a atender las consecuencias de la emergencia.

Pero comencemos por el lado bueno: se vienen registrando avances respecto al confuso y opaco panorama que se observaba en junio del año pasado. Uno de los más relevantes fue la publicación del denominado Libro Blanco del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que en marzo de este año permitió conocer detalles sobre las fuentes de financiación y el destino de los recursos públicos empleados para conjurar la crisis. En esta entrada de nuestro blog analizamos los aspectos más importantes de dicho documento.

Hace algunas semanas el Ministerio de Hacienda publicó una nueva versión de este libro. Presentando información con corte al 31 de julio, el documento señala que su objetivo es “informar a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos” a través del FOME, y que este “será actualizado de manera periódica”.

Ciertamente, hay aspectos a destacar. Entre ellos se encuentra la unificación de las fuentes de financiación del FOME y los gastos a nivel de programa. Esto es relevante porque antes, para hacer seguimiento a las fuentes de financiación, era necesario consultar todos los decretos expedidos en el marco de la emergencia y hacer seguimiento a las leyes aprobadas por el Congreso de la República –algo que, en cualquier caso, resulta prácticamente imposible para un ciudadano de a pie–. En la última categoría entran determinaciones como las contenidas en la Ley 2060 de 2020, que extendió el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y adicionó 15 billones –es decir, millones de millones– de pesos al FOME.

El asunto no paraba ahí. Para hacer seguimiento a los gastos era necesario revisar las resoluciones publicadas en la sección Presupuesto Covid - 19 de la página del Ministerio de Hacienda –esto, con el fin de identificar los traslados desde esa cartera hacia las demás entidades del orden nacional–. También había que remitirse al Portal de Transparencia Económica, con el fin de identificar los gastos realizados directamente desde el Hacienda.

Sin embargo, también se observan limitaciones. Persiste, por ejemplo, una de las más preocupantes, relacionada con el hecho de que desde la página de inicio del Portal de Transparencia Económica no se puede acceder a los contratos firmados en 2020 –solo a los de 2021–.

Más aún, pese a que en el Portal se mencionan los objetos, montos y beneficiarios de los contratos –entre otros datos– no es posible conocer el destino específico –peso por peso– del dinero dispuesto. La razón es que no se puede acceder a todos los documentos contractuales. ¿Los contratos se cumplieron? ¿Se produjeron modificaciones? ¿Hubo partes que se incumplieron? No es posible saberlo, pues los documentos que contienen dicha información no se encuentran publicados allí.

Estas complejidades para navegar la información disponible la hemos descrito con mayor detalle en nuestro seguimiento mensual al gasto de la plata el FOME y en el informe Un año de Covid-19: ¿Cómo va la transparencia en el manejo de los recursos públicos?, publicado en marzo de este año.

Hay otros aspectos que conviene tener en cuenta. Según el Portal de Transparencia Económica se han realizado gastos para atender la emergencia con fuentes de financiamiento diferentes al FOME. Hasta marzo de este año se identificó que 132 entidades del orden nacional han adquirido 7.517 compromisos por 600.000 millones de pesos, provenientes de fondos propios. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha entregado detalles sobre el destino específico, peso por peso, de estos recursos públicos.

Lo que implica todo esto es que, a partir de los datos contenidos en esta versión 2.0 del Libro Blanco, no es posible hacer seguimiento, peso por peso, a todos los recursos públicos que se han empleado para atender la emergencia.

A partir de los datos contenidos en el documento se puede establecer que se han comprometido 31,9 billones de pesos. Esto quiere decir que se han firmado compromisos por dicho valor. De esa plata, ¿cuánto se ha pagado? ¿Qué modificaciones han tenido los contratos y cómo ha sido su cumplimiento? ¿Dónde se pueden consultar estos procesos?

Sobre esto hay un dato interesante que da cuenta de la importancia de tener claridad sobre estos asuntos: hay un saldo de 3,4 billones de pesos que ha sido comprometido por las entidades, pero todavía se ha pagado. No estamos hablando de una cifra cualquiera.

Medios de comunicación como La Silla Vacía han documentado casos sobre posible malversación del dinero público, o casos en los que se ha contratado a personas sin experiencia en salud para atender asuntos relacionados con la emergencia. Por su parte, centros de pensamiento con énfasis en el periodismo investigativo, como Cuestión Pública, vienen documentando la falta de transparencia en la gestión de recursos para la salud en el marco de la pandemia.

La revisión más reciente de los ritmos de gasto en el FOME, efectuada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, encontró que hay 7,2 billones de pesos todavía pendientes por comprometer. Ese es, pues, el margen que tiene el Gobierno nacional para –a partir de la distribución de recursos planteada– atender desde el FOME las consecuencias de la emergencia.

Hay un último elemento que llama la atención. El Libro Blanco lista todos los programas mediante los cuales se ha cubierto a la población más vulnerable. Entre ellos se encuentran los giros extraordinarios para beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor; Devolución del IVA; Ingreso Solidario; asistencia humanitaria alimentaria; y subsidios directos en las facturas de servicios públicos AAA en zonas rurales, entre otros.

Pero ¿y las transferencias que se aprobaron en 2020 para reinsertados, campesinos, gestores culturales y artistas? Estas iniciativas de apoyo –las cuales explicamos en detalle en este informefueron introducidas mediante decretos legislativos expedidos al amparo del Estado de Emergencia. Ninguno se menciona en el Libro Blanco. De hecho, es prácticamente imposible encontrar documentación oficial que cuente qué pasó y cuántas personas fueron beneficiadas con estas ayudas.


El Libro Blanco del FOME en su versión 2.0 es un avance en materia de transparencia. Sin embargo, se trata de la foto de un momento en el tiempo, y ya. La iniciativa es destacable, pero es necesario que el Gobierno nacional ponga a disposición de la ciudadanía la información en tiempo real –algo que, si bien suena complejo, es perfectamente viable y realizable–.


Hasta el momento la información se ha socializado programa por programa, y no peso por peso. Allí radican el reto y la responsabilidad de transparencia ante la ciudadanía.

Todo parece indicar que –año y medio después del comienzo de la pandemia– primero regresaron los hinchas a los estadios de fútbol y la rumba hasta la madrugada en todas las ciudades del país, antes de que el Gobierno nacional se animara a contarnos exactamente cómo y en qué se está gastando la plata.