El Gobierno nacional hizo una adición en la apropiación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) de 15 billones –millones de millones– de pesos, si bien no ha divulgado de manera proactiva esta información.
Esto es problemático por varias razones. Por un lado, podría modificar de forma importante las cuentas consignadas en la ley de Presupuesto General de la Nación para el 2021 –aprobado hace apenas dos semanas–. Y, por otro, demuestra –una vez más– la falta de transparencia con la que se está manejando la plata para enfrentar las consecuencias de una emergencia que ha conllevado la destrucción de millones de empleos y el cierre de miles de empresas.
¿Por qué esta decisión no se le ha explicado peso por peso al país? No se sabe. Y lo más importante: ¿cuáles son los planes para gastar y pagar ese dinero? Tampoco es claro.
A continuación les contaremos lo que hemos podido establecer. Comencemos, pues, por el principio. El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) se creó mediante el decreto 444 del 21 de marzo y sus adiciones presupuestales se hicieron mediante los decretos legislativos 519, 571 y 572 de abril, y 774 y 813 de junio. Posteriormente, cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos de estos decretos, se expidieron nuevos decretos ordinarios que hicieron un balance de cuentas. De esta forma, el monto del FOME permaneció igual.
Hasta la fecha, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha reportado en siete ocasiones cómo se han utilizado los recursos de este fondo. Saber cuánta plata se le había asignado al FOME no fue una tarea fácil. Como lo contamos hace unos meses, la primera exploración entre decretos, contratos, resoluciones, alocuciones presidenciales y declaraciones públicas de funcionarios tomó 26 días. La razón es que el Gobierno no le entregó al país una cifra puntual sobre el dinero destinado –de hecho, inicialmente, se mencionaron cifras dispares y sin soporte–. Tampoco se presentó un plan detallado de gasto respecto a las acciones que se planeaba ejecutar para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
Finalmente logramos establecer detalladamente que la apropiación de recursos para el FOME ascendía a 25,5 billones de pesos. Ese valor se mantuvo constante durante varios meses y fue acorde al registro del Ministerio de Hacienda. Vale anotar que los ritmos de ejecución presupuestal pueden consultarse en el ministerio sobre gastos para la emergencia creado en la página web del Ministerio de Hacienda –puesto a disposición de los ciudadanos en septiembre pasado–, una herramienta que, si bien permite conocer los ritmos de asignaciones y gasto, no detalla en qué programas e iniciativas se está gastando la plata.
Lo cierto es que el pasado 1 de noviembre, cuando nos disponíamos a preparar un nuevo reporte de los recursos desembolsados desde el FOME, nos encontramos con una significativa novedad: el fondo ya no es de 25,5 billones de pesos y en octubre pasó a ser de 40,5 billones –una adición de 15 millones de millones de pesos–, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Hacienda. Con corte al final de octubre, según los datos del Ministerio de Hacienda, se han desembolsado 16 billones de pesos desde el FOME para la atención de la emergencia.
¿Cómo pasó eso? Los recursos salieron de algo que el Ministerio de Hacienda llama “Recursos de crédito externo”. Sin embargo, con la información disponible en el portal del Ministerio de Hacienda para el Covid no es posible determinar el plan de financiación específico de estos fondos. Lo que sí se puede saber con total certeza es que los recursos ya fueron apropiados –cuando hablamos de apropiación nos referimos al monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado–. Lo cierto es que el Gobierno nacional ya le dio luz verde para usar esos recursos.
Conviene aquí –a falta de información del Gobierno sobre sus planes– hacer algunos cálculos. En vista de que desde marzo se han gastado 16 billones de pesos y ahora se han adicionado 15 billones más, todavía hay 26 billones de pesos para ejecutar.
Con base en el paso al cual se han ejecutado estos recursos, no parece probable que se terminen de ejecutar en 2020, dejando un saldo sustancial para el año entrante.
Es muy bueno que haya más plata para atender las consecuencias de la emergencia y aliviar los devastadores efectos que esta ha tenido en la economía. Pero esta billonaria cantidad habría sido más que suficiente, por ejemplo, para brindar subsidios completos de las nóminas de las empresas afectadas por la cuarentena (no el auxilio tardío de apenas $350.000 por empleado que recibieron), y así evitar la destrucción de cerca de 5 millones de puestos de trabajo. Como lo contamos hace unos meses, el Ministerio de Hacienda tenía los cálculos y el dinero para evitar la destrucción masiva del empleo, pero decidió no hacerlo–. El que ahora se esté adicionando una suma que habría alcanzado perfectamente para este fin demuestra, una vez más, que permitir la destrucción del empleo fue una decisión que no se tomó por falta de recursos, sino por otras consideraciones que aún no son claras.
¿Por qué el Gobierno no ha anunciado con bombos y platillos que ahora hay un mayor presupuesto en el FOME? ¡Estamos hablando de 15 billones de pesos, ni más ni menos! Es, cuando menos, llamativo que un movimiento de dinero de esta magnitud no esté siendo mencionado por el presidente de la República y otros voceros del Gobierno –sobre todo en momentos en los que la evaluación ciudadana de la gestión presidencial es mayoritariamente negativa–.
Pero, cálculos políticos aparte, lo más importante es que sigue sin haber un plan de gasto detallado –programa por programa, peso por peso– que les permita saber a los ciudadanos cómo se está gastando su dinero.
Ese desgano y desinterés del Gobierno por rendirles cuentas a los colombianos ha conducido a que los ciudadanos sepan cómo se gasta su dinero solo hasta después de que se ha ejecutado y sin tener detalles sobre la hoja de ruta.
Ese nivel de descuido en el seguimiento y reporte del uso de los recursos queda evidenciado en un detalle: cuando se observan las fuentes de financiación del FOME en la página del Ministerio de Hacienda, se observa que siguen considerando como fuente el denominado impuesto solidario –un tributo que la Corte Constitucional declaró inexequible en agosto pasado–.
El Ministerio de Hacienda sigue considerando como fuente de financiación del FOME el ‘impuesto solidario’, una medida que la Corte Constitucional declaró inexequible en agosto pasado.
Si un empresario rindiera cuentas sobre el dinero que le confían sus inversionistas como lo hace el Ministerio de Hacienda, el empresario se quedaría sin inversionistas. Pero, por alguna razón, el Gobierno actúa como si sobre los recursos de los ciudadanos no hubiera que rendir cuentas claras.