Aunque se trata de un tema esencialmente económico que hasta hace pocos años interesaba solo a un círculo relativamente pequeño de la sociedad, el famoso “grado de inversión” se menciona con cada vez más frecuencia en espacios nacionales de conversación y noticias generales.
El tema regresó con fuerza al centro de la agenda la semana pasada, por cuenta del anuncio de la agencia Standard & Poor’s, que redujo a BB+ con perspectiva estable la calificación de Colombia –haciendo que, para esta calificadora de riesgo, el país perdiera el grado de inversión–.
Para entender las implicaciones de esta decisión y analizar lo que podría ocurrir, conviene primero tener claros los conceptos de los que hablamos. Se considera que una calificación por parte de las agencias especializadas está dentro del grado de inversión cuando los títulos no plantean mayores riesgos de incumplimiento en sus obligaciones para quienes los compren. En otras palabras: un país con bajo nivel de riesgo crediticio y capacidad estimada de cumplir a tiempo con sus obligaciones, es un país que tiende a ser bien calificado. A esta condición se suma la existencia de indicadores económicos sólidos y niveles de deuda controlados.
Así, las calificadoras les cuentan a los inversionistas dónde hay buen clima para invertir, y esa buena percepción se traduce en inyecciones externas de capital.
Colombia, es importante subrayarlo, no ha perdido el grado de inversión en términos generales. Además de la calificación BB+ de S&P, Fitch Ratings la mantiene en BBB- y Moody’s en Baa2.
Y es que, además de ser un voto de confianza internacional en la economía, cuando un país tiene grado de inversión atrae capital extranjero a menor costo. Adicionalmente, hay inversionistas que solo ponen su dinero en países que cuentan con esta buena calificación. Colombia, por ejemplo, inició la recuperación de su grado de inversión una década atrás, luego de emprender la senda de estabilización y crecimiento de la economía.
Para argumentar su decisión, S&P dijo lo siguiente: “Consideramos que el ajuste fiscal de Colombia será más prolongado y gradual a lo antes anticipado, lo cual disminuye la probabilidad de revertir el reciente deterioro de las finanzas públicas”.
No obstante, la agencia señaló que “la perspectiva es estable, lo que refleja nuestra opinión de que la recuperación económica, junto con algunas medidas fiscales, estabilizará el nivel de deuda del gobierno durante los próximos dos o tres años, luego del reciente deterioro”.
En la práctica esto implica que, puesto en pausa el trámite de una reforma tributaria que se espera recaude más de 20 billones de pesos adicionales, la perspectiva de mejora se pone en pausa. La agencia asume que la reforma se va a hacer, pero que esta tomará más tiempo de lo inicialmente esperado.
Resulta innegable que la tensión social que vive el país agrega incertidumbre a la ecuación. Sin embargo, la reforma tributaria para darles estabilidad a las finanzas públicas –una iniciativa necesaria para el país–, será una realidad. A esto se suman las positivas cifras de crecimiento de la economía durante el primer trimestre del año, las cuales pusieron fin a la recesión.
En esta línea, es muy positivo que el Gobierno nacional mantuvo la calma ante la noticia de S&P. El ministro de Hacienda resaltó acertadamente que el país seguirá obteniendo financiación y que la agencia mejoró la calificación de la perspectiva del país –pasando de negativa a estable– valorando tanto el crecimiento del primer trimestre como el “acuerdo que se está construyendo sobre medidas que permitan estabilizar las finanzas públicas del país en el mediano plazo” –es decir, la nueva nueva reforma tributaria–.
Esta reacción tranquila da cuenta –ojalá– de una redimensión del papel de las calificadoras de riesgo en la conversación económica nacional.
En su esfuerzo por resaltar la urgencia de aprobar el proyecto de reforma tributaria posteriormente retirado, el anterior ministro de Hacienda acudió a narrativas como que al país le quedaban solo seis semanas de caja, o la inminencia de la pérdida del grado de inversión. Aunque no hay forma de saberlo, es posible que mensajes tan urgentes al país pudieron haber puesto los reflectores sobre la situación, alertando a las agencias.
Es importante señalar que –como lo ha demostrado la disposición del Gobierno nacional a concertar los términos del nuevo proyecto de reforma– las fuentes de financiación inicialmente planteadas no son las únicas. Es posible, pues, aumentar el recaudo sin necesidad de tocar el bolsillo de los colombianos que ganan poco. Al respecto, los invitamos a conocer la propuesta de reforma tributaria progresiva que hicimos desde la academia. Esta plantea un recaudo de 20 millones de pesos, no toca el IVA y no plantea nuevos impuestos para quienes ganen menos de 6 millones de pesos.
Redimensionar el papel de las calificadoras de riesgo pasa también por dejarlas de utilizar como una suerte de ‘coco’ para justificar la aprobación de medidas regresivas o impopulares.
Es muy positivo que el país –ciudadanos, sectores productivos, academia, políticos y Gobierno– se esté sentando a pensar la hoja de ruta para sus finanzas en medio del camino de salida de la crisis.
Las señales que envían las calificadoras de riesgo son más que útiles para orientar las decisiones que habrá que tomar. Por lo pronto, la noticia es positiva: el país no ha perdido el grado de inversión. Sacar mala nota en un corte no implica perder el semestre.