Del paro se sale hablando, pero… ¿sobre qué?

A medida que avanza el paro nacional –y con este las movilizaciones y bloqueos en vías nacionales–, una palabra parece haberse tomado buena parte de la agenda nacional: desabastecimiento.


La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), por ejemplo, viene advirtiendo sobre la escasez y el incremento en el precio de los alimentos y las consecuencias a mediano plazo de la falta de ingresos para los productores en temas como el pago de créditos o las dificultades en la compra de insumos para los próximos ciclos de producción. Por su parte, Gasnova, la Asociación Colombiana del GLP ha anunciado que ocho departamentos del país están sin gas. A ello se ha sumado el anuncio de la Empresa de Acueducto de Bogotá sobre el posible agotamiento de los insumos necesarios para la potabilización del agua.


Al igual que consecuencias obvias como la acumulación de tensiones ciudadanas y las afectaciones en la movilidad, el impacto económico del paro es innegable.


Estas circunstancias –importantes y con alto impacto en la vida de las personas– abren, sin embargo, una discusión de fondo sobre las motivaciones y reivindicaciones que están detrás de las protestas. Se trata, en últimas, de una discusión que –a pesar de la instalación de “mesas de escucha” y espacios de diálogo– parece quedar reducida a pocos círculos en la sociedad colombiana.


¿No es hora de abordar las consecuencias de la desigualdad económica que se encuentra en la raíz de las movilizaciones? El argumento del desabastecimiento tiene total validez –y sus consecuencias son innegables–. No obstante, también es cierto que, sin movilizaciones como las que ha visto el país en las últimas dos semanas, la sociedad colombiana y sus instituciones no tendrían en su agenda los temas que defienden los manifestantes.


No resulta descabellado –en realidad es un poco obvio– afirmar que las protestas son una consecuencia directa de la desigualdad que aqueja a Colombia. Hacer frente a esta realidad es tan importante como el abastecimiento de bienes e insumos.


Además de ser la vía para desactivar la escalada de violencia que vive el país –y atender las reivindicaciones de casi tres cuartas partes de la ciudadanía–, el diálogo es una vía para comenzar a tramitar una realidad política del país: la economía se ha situado en el centro de la agenda nacional. Las dinámicas de política participativa, el aumento en el número de personas que se informan a través de redes sociales y la movilización ciudadana plantean una realidad que no tiene reversa: es necesario conversar con quienes se movilizan.


Esta conversación, sin embargo, debe estar dotada de contenido y de planes de acción que den cuenta de hojas de ruta para cumplir con lo acordado y lo prometido. Un punto ideal de inicio es el nuevo proyecto de reforma tributaria, particularmente con dos medidas positivas y con enorme impacto social: la consolidación del programa Ingreso Solidario como una política permanente que abra la puerta a la creación de una iniciativa de renta básica o ingreso mínimo garantizado; y la gratuidad en la educación pública para estratos 1, 2 y 3.


Aunque suene contraintuitivo, una coyuntura como la que vive el país abre el espacio para concertar reformas estructurales que permitan hacer frente a las desigualdades existentes.


Hacer caso omiso a las reivindicaciones puede resultar más rentable en el corto plazo, pero, además de ser constructivo para la ciudadanía, abordar los asuntos de fondo es el punto de partida para desactivar las tensiones y construir planes concretos de acción.


Suena complejo –sin duda lo es–, pero gestos con enorme significado pueden constituir el punto de partida. Hablamos, por ejemplo, de transparencia por parte del Gobierno acerca de las propuestas de reforma, su impacto fiscal y la capacidad de gasto estatal. También de reconocer la existencia de excesos en la actuación de la fuerza pública en la contención de las manifestaciones. Y –en vista de que, en palabras del propio presidente de la República, se trata de hablar sobre “lo fundamental” renunciar a la organización de la Copa América. En Colombia hoy no estamos para fútbol.


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