El plazo vence el 15 de agosto. Curiosamente, las comisiones económicas del Congreso solo regresarán a sesiones el día 18. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué sigue? Aquí se lo contamos.
El Presupuesto General de la Nación es el proyecto económico de ley más importante del año. No es para menos: su articulado determina cómo se va a gastar el dinero de todos los colombianos y qué inversiones se ejecutarán en cada sector del Estado. La importancia del presupuesto para 2021 es aún mayor, pues se espera que este sea el año de la recuperación posterior a la pandemia.
Lo cierto es que –como lo ha señalado el Observatorio en varios análisis del articulado– el proyecto presentado el pasado 29 de julio deja, lamentablemente, mucho qué desear, principalmente en tres ejes: por un lado está la falta de detalle sobre cómo se planea gastar la plata de todos. El Gobierno nacional planea direccionar decenas de billones de pesos hacia rubros tan gaseosos y poco específicos como “funcionamiento” (sin especificar su tipo), “inversión” (en cosas como "fortalecimiento" del sector en el que se invierte) o “gestión de recursos”.
El segundo eje tiene que ver con un hueco de 38 billones de pesos. El plan del Ejecutivo es atender tamaño déficit mediante una venta de activos del Estado sobre la cual no entrega mayores detalles y la gestión de “otros recursos de capital” que el proyecto no especifica.
El último eje tiene que ver con la transparencia; además de publicar el presupuesto en PDF –dificultando su análisis estadístico mediante software especializado–, no se ha explicado por qué aún no se hace público un presupuesto ciudadano que transmita claramente la información sobre el gasto público. Todas estas son conductas que van en contravía de lo contemplado en la Ley 1712 de 2014, la cual consagra la transparencia y el acceso a la información como principios del ejercicio público.
El pasado 31 de julio el Observatorio puso a disposición del público un archivo de Excel en el que se comparan sector por sector y entidad por entidad, desglosando los frentes de funcionamiento, inversión y servicio de deuda en el Presupuesto General de la Nación del 2020 y el proyecto para el 2021. Cinco días después el ministerio de Hacienda publicó en formato Excel el detalle del proyecto presentado al Congreso.
El Presupuesto General de la Nación para 2021 comenzará la próxima semana su trámite en el Legislativo. En términos logísticos, este se dará en una dinámica sin precedentes, por cuenta de la modalidad virtual en que vienen sesionando los congresistas. A pesar de ello, no hay elementos que permitan pensar en que habrá un ejercicio de control por parte de los congresistas al Gobierno: probablemente este sea un nuevo cheque en blanco al ministro de Hacienda.
Así las cosas, ¿hay posibilidades de cambiar el escenario actual? En los últimos días algunos congresistas plantearon la posibilidad de que el Congreso le devuelva al Gobierno el proyecto de Presupuesto. ¿Qué tan viable es esta posibilidad? Comencemos por darle una mirada al andamiaje legal. El Título XII de la Constitución Política, referido al Régimen Económico y de la Hacienda Pública, se ocupa en su capítulo 3 del Presupuesto. Allí se señala, por ejemplo, que “el Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura”, y que “el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo”.
Sigamos con la exploración jurídica. En 1996, mediante el decreto 111 de ese año, se compiló una serie de leyes que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Este decreto, que ha tenido modificaciones desde entonces, establece en su artículo 56 la línea de tiempo para el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso.
Entonces, ¿podría el Congreso devolverle al Gobierno el proyecto de Presupuesto General? Ahí tenemos dos noticias –una buena y una mala–. La buena es que sí: si se puede. Eso sí, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111 de 1996 en su artículo 56, esto tendría que ocurrir “antes del 15 de agosto”. Y la decisión sobre “si el proyecto no se ajusta a los preceptos” del Estatuto del Presupuesto la tendrían que tomar las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. Cuando se habla de “comisiones conjuntas” se hace referencia a las comisiones Tercera –de Hacienda y Crédito Público– y Cuarta –de Presupuesto– de ambas cámaras legislativas; las comisiones económicas de ambas cámaras sesionan conjuntamente, y de ahí el proyecto sale para su discusión en las plenarias, ahí sí por separado.
Ahora la mala noticia: además de que solo hay tiempo hasta el 15 de agosto y de que la decisión la deben discutir las comisiones conjuntas, curiosamente la siguiente sesión tendrá lugar hasta el 18 de agosto próximo. Al día siguiente, con las presentaciones del ministro de Hacienda y del director del Departamento Nacional de Planeación se dará inicio al estudio del proyecto de presupuesto. Al día siguiente intervendrán el gerente general del Banco de la República y el contralor general de la Nación.
Las comisiones sesionaron por última vez el pasado 12 de agosto. No se sabe por qué no se convocó a sesiones el 13 ni el 14.
¿Qué sigue? Según el Decreto 111, “antes del 15 de septiembre las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos”. A su vez, “la aprobación del proyecto, por parte de las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre”. Y en las plenarias la discusión comenzará el 1 de octubre.
Queda, pues, claro que el proyecto ya no se puede devolver. No hay tiempo ni oportunidad para hacerlo. La siguiente etapa de polémica será el debate de los ajustes al proyecto de ley de presupuesto, el cual en la práctica no se da frente al público desde Capitolio, sino a puerta cerrada en los despachos del ministerio de Hacienda, entre el ministro y unos cuantos congresistas.
Sigue así el camino de un Presupuesto que –lleno de sombras y pocos detalles para que los ciudadanos sepan cómo se planea gastar su plata– es fundamental para el futuro del país.