Contamos hace algunas semanas cómo, a pesar de la polarización política y de un escenario económico que se perfila incierto debido a las consecuencias de la pandemia, Colombia parece estar dando pasos firmes para hacer realidad la renta básica.
El proceso parece estar moviéndose a partir de dos ejes. El primero ha sido la ejecución de Ingreso Solidario. La iniciativa consiste en el pago mensual de 160 mil pesos a los hogares que no están cubiertos por programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Según su página web, 2 millones 616 mil hogares han sido beneficiados. Los pagos se extenderán hasta junio del próximo año.
Si bien Ingreso Solidario no es una renta básica, ha sido un primer paso cierto para llevar la idea de la teoría a la práctica y sentar las bases operativas para su eventual ejecución.
El segundo eje ha sido político. Lo que comenzó en abril pasado con la propuesta de una renta básica de emergencia, plasmada en un proyecto de ley respaldado por 68 congresistas de diversos partidos políticos, se ha convertido en parte de las propuestas que líderes políticos de diferentes corrientes comienzan a ambientar de cara al escenario pospandemia, pero también con miras a próximas contiendas electorales.
Thomas Mann afirmó –con razón– que “todo es política”. Sin embargo, el contexto colombiano actual haría que incluso el escritor alemán revisara su afirmación. En un escenario sobrepolitizado como el que vive el país en la actualidad, la renta básica corre el peligro de convertirse en un elemento de debate que desdibujaría su propósito y sus enormes ventajas en la reducción, en poco tiempo, de la desigualdad.
¿Cómo superar ese escollo? La respuesta parece estar en la academia, cortesía del intelectual y ganador del Premio Nobel de Economía de 1976, Milton Friedman.
haciendo un análisis de su potencial impacto en el ingreso, pero abordando también la forma en que una propuesta de esa naturaleza era recibida por los diferentes segmentos del espectro ideológico.
¿Qué es el impuesto negativo? Se trata de la forma en la que Gobierno provee un complemento de renta a aquellos ciudadanos que se sitúan por debajo de un determinado nivel de ingresos.
Expliquemos ese concepto. No se trata de introducir un programa para completarle a la gente lo que le hace falta para llegar a la línea de pobreza o al salario mínimo –si hiciéramos eso, estaríamos quitando algunos de los incentivos para trabajar–. Se trata, más bien, de un crédito tributario que, como todos los créditos tributarios, puede reducir el impuesto a pagar del individuo. Pero, a diferencia de los créditos tributarios usuales, se otorga incluso si el individuo no debe pagar ningún impuesto: si no hay impuesto al cual descontarle el crédito tributario, entonces el crédito se le entrega en efectivo al contribuyente. Esto es distinto, incluso, de devolver la retención en la fuente a quienes se les ha retenido de más por concepto del impuesto de renta. Se trata, potencialmente, de una transferencia neta de dinero de la autoridad tributaria al contribuyente.
Veamos un ejemplo. Supongamos que se decide que todo adulto tiene derecho a un crédito tributario de 500 mil pesos mensuales. A quienes deben pagar impuesto de renta por un monto mayor a este, se les abona el crédito, y se reduce su carga tributaria en 500 mil pesos. Pero quienes no ganan nada reciben una transferencia neta, en efectivo, de 500 mil pesos por parte de la DIAN. Los ingresos obtenidos de otras fuentes se gravan de la manera usual, y los impuestos a esos ingresos van creciendo paulatinamente, primero agotando el crédito de 500 mil, y luego sobrepasándolo, para obtener un recaudo positivo cuando los ingresos del contribuyente son lo suficientemente altos.
Siguiendo con el ejemplo, se podría cobrar un impuesto marginal del 20 por ciento sobre los ingresos laborales para las personas que reciben transferencias netas del Estado. En la práctica sería así: si alguien gana 0 pesos, se le dan los 500 mil; si se gana 100 mil, le cobramos 20 mil de impuesto y, además de los 80 mil que le quedan, recibe los 500 mil de la transferencia inicial, quedando con un ingreso total de 580 mil. Si se gana 200, le cobramos 40 mil de impuestos laborales, y no le quitamos los 500 mil pesos de la transferencia inicial, por lo cual su ingreso total es de 660 mil pesos. De esa forma, trabajar más –ganar más– siempre va a significar mayores ingresos.
Llega, por supuesto, un punto en el que si los ingresos de una persona son lo suficientemente altos, el subsidio se cubre solo y esa persona –puntualmente su renta básica garantizada– ya no le cuesta al sistema.
En su momento, Friedman señaló las tensiones que la propuesta generó en el espectro político. Destacó, por ejemplo, que la propuesta fue recibida “con considerable (aunque lejos de unánime) entusiasmo de la izquierda y con considerable (aunque, de nuevo, lejos de unánime) hostilidad por la derecha”.
No obstante, en su opinión, “el impuesto negativo es más compatible con la filosofía y los objetivos de los proponentes de un gobierno limitado y máxima libertad individual, que con la filosofía y objetivos de los proponentes de un estado de bienestar y mayor control del gobierno sobre la economía”.
A su juicio, el entusiasmo desde la izquierda se debía a razones como que el impuesto negativo se había confundido con un superficialmente similar, pero muy diferente plan de ingreso mínimo, y a que el impuesto negativo había sido tratado como otro programa que se podría sumar a las iniciativas de bienestar existentes, en lugar de sustituirlas.
Las consideraciones expuestas con Friedman son pertinentes para mirar el escenario actual en Colombia. La idea de una renta básica ha sido una posición asociada con partidos de centroizquierda, pues se ha asumido como una transferencia que constituye o complementa el ingreso. Sin embargo, si se analiza en detalle una idea como la del impuesto negativo, se trata de una idea que refuerza la lógica “mayor trabajo, mayor ingreso”, que es una bandera recogida por la centroderecha.
En junio pasado analizamos en el Observatorio Fiscal la viabilidad y los posibles escenarios para la puesta en práctica de una renta básica en Colombia. El informe tiene cálculos sobre los costos de distintos niveles de ingreso mínimo garantizado con distintos impuestos marginales al trabajo. Si queremos garantizar que todos los hogares tengan un nivel de ingreso suficiente como para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza extrema, el costo anual podría ser de apenas 4,6 billones, por ejemplo. Si le apuntáramos a la línea de pobreza, hablaríamos de 30 billones de pesos al año. Si se tiene en cuenta que el Presupuesto General de la Nación para 2021 asciende a 314 billones de pesos, no se trata de cifras descabelladas.
Las ventajas de un impuesto negativo se extienden también a su ejecución. Explica Friedman cómo este “concentra los fondos públicos en entregar ingresos a los pobres –no en distribuir esos fondos a lo largo del sistema, esperando que algo le llegue a dicha población”.
Y en esto hay un punto importante, pues el impuesto negativo elimina las condicionalidades para acceder a él. Una mirada a los programas de asistencia en marcha actualmente en Colombia deja en evidencia que se concentran en segmentos poblacionales –jóvenes, adultos mayores, cabezas de familia, para mencionar los más relevantes–. Sin embargo, el impuesto negativo, como señala Friedman, llegaría a los más pobres “porque son pobres, no porque son viejos o discapacitados o desempleados o granjeros o beneficiarios de vivienda pública. Esas características están sin duda asociadas a la pobreza, pero se trata de una asociación que está lejos de ser perfecta”.
Un beneficio adicional del impuesto negativo resaltado por Friedman tiene que ver con el hecho de que no genera una enorme burocracia que esté atada a intereses políticos para funcionar, como sí puede existir, por ejemplo, en los programas de vivienda o alimentación gratuita.
Es posible que, en los meses por venir, además de renta básica, escuchemos hablar bastante sobre impuestos negativos –una idea sólida del conservatismo serio cuyos beneficios, sin duda, resuenan positivamente en la derecha y la izquierda.
Las ideas de Milton Friedman, fallecido en 2006, podrían ayudar a que sectores en pugna se pongan de acuerdo para nivelar la cancha en favor de los más pobres y contribuir así a sacar a más ciudadanos de la pobreza. Si se privilegian los intereses de quienes más necesitan de estas medidas, es una idea que fácilmente podría ponerse en práctica. Veremos si lo hacen.