¿Si supo? Las comisiones económicas del Congreso ya aprobaron el Presupuesto General para el 2022

Las comisiones económicas del Congreso ya le dieron luz verde al monto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, y le hicieron algunas modificaciones a los rubros propuestos por el Ministerio de Hacienda. Así las cosas, en 2022 el Estado colombiano contará con 350,4 billones –es decir, millones de millones– de pesos para sus gastos.


Aunque se trata de un asunto de la mayor trascendencia para el país, la verdad es que pasó desapercibido para la mayor parte de la ciudadanía. Es apenas lógico: los congresistas –algunos presentes en el Salón Elíptico del Capitolio, otros desde sus celulares y unos desde sus carros– dieron su OK al monto del PGN al cabo de una sesión que duró menos de cuatro horas, y prosiguieron a debatir su división entre las distintas entidades del Estado.


¿Qué es el Presupuesto General de la Nación y por qué es importante? Se trata, ni más ni menos, que del documento en el que se establecen los gastos anuales del Estado colombiano para el año siguiente, teniendo en cuenta sus ingresos. El monto de dicho presupuesto –que, como señalamos al inicio, será de 350,4 billones de pesos– es una base fundamental.


El presupuesto general tiene tres componentes: ingresos, gastos y disposiciones necesarias para su cumplimiento. Cada uno constituye un pilar de la estructura. Sin embargo, como veremos, dada la estructura del Presupuesto General y las normas que regulan su diseño, trámite y posibles cambios, es más sencillo modificar unas partes que otras –lo cual tiene implicaciones de diversa naturaleza.


Comencemos con los ingresos. Los congresistas aprobaron prácticamente la misma estructura de ingresos que presentó originalmente el Gobierno nacional en su proyecto de ley de presupuesto. En los ingresos de la Nación, por ejemplo, la participación de ingresos corrientes pasa del 49% al 48%; la de recursos de capital, del 39% al 42%; los parafiscales permanecen en 1%; y los fondos especiales pasan del 5% al 3%. Por su parte, los ingresos de los establecimientos públicos disminuyen su participación en 0,5%.


Es en los rubros donde se observan cambios más sustanciales. Tal es el caso de los ingresos corrientes, que disminuyen su participación en un 0,7%, en tanto que los recursos de capital aumentan 2,7% y los fondos especiales disminuyen 1,5%. Los ingresos específicos también reflejan cambios importantes.


En lo que respecta a los ingresos tributarios, se espera que el impuesto a los movimientos financieros tenga una participación más amplia. Lo mismo sucede con el denominado régimen Simple de tributación y los de renta, aduanas, turismo, consumo, a la gasolina y al ACPM, y al carbono. En contraste, se espera una menor participación del impuesto sobre las ventas y de timbre nacional sobre salidas al exterior.


Por otra parte, no se incluyen ingresos por impuesto al patrimonio, dado que no estará vigente el próximo año.


Miremos ahora lo que pasa con los recursos de capital de la Nación, pues es allí donde se dan mayores cambios. En términos de la participación porcentual en los ingresos del presupuesto, destaca que los recursos de crédito público –tanto internos como externos– aumentarían su participación 8,9% y que los dividendos y utilidades lo harían 2%. En contraste, disminuye la participación de recursos de balance en 3,7%; de disposición de activos en 1,8%; y de excedentes financieros en 1,8%.


Respecto a las variaciones reales, el mayor cambio sería el aumento esperado por dividendos y utilidades por otras inversiones de capital. Estos pasarían de 600.000 millones de pesos en 2021 a 7,7 billones de pesos en 2022. Se trata de un aumento del 1.072%. El segundo mayor aumento sería de reintegros y otros recursos no apropiados, que pasaría de 100.000 a 600.000 millones de pesos –es decir, un incremento de 533%–.


Hablemos ahora sobre el crédito. Tanto el interno como en externo pasaría de 64 a 102 billones de pesos –con un aumento potencial del 55%–. En contraste, los ingresos esperados por recursos de balance bajarían de 12 billones a 700.000 billones de pesos; los excedentes financieros pasarían de 7,8 a 2,3 billones; y los otros recursos de capital se reducirían en 1,7 billones. Las reducciones de los demás rubros corresponden a menos de 100.000 millones de pesos.


En los ingresos esperados llama la atención el tema de la enajenación de activos –que no es otra cosa que la venta de la participación del Estado en empresas, como es el caso de las acciones de ISA–. Para este año la disposición de activos fue de 12 billones de pesos. En 2022 serán 7 billones.


Pero, ¿de qué activos se trata? Es decir, ¿ya sabe la ciudadanía qué activos del Estado se van a vender en 2022? La respuesta es no. Al menos públicamente, no hay información al respecto. Durante la discusión pública sobre el monto del Presupuesto General el Gobierno nacional no lo contó. Y los congresistas tampoco lo preguntaron.


Lo que es un hecho es que habrá venta de activos por valor de 7 billones de pesos. En el contexto del monto del presupuesto ya se cuenta con esa plata para el próximo año.


Por otra parte, como lo reflejan estas cifras, es evidente que el nivel de crédito del país está aumentando de forma significativa, lo cual refleja una importante necesidad de financiamiento. Es innegable que la pandemia de la covid-19 generó unas necesidades de financiación que no existían en el panorama nacional 18 meses atrás. Sin embargo, debe también tenerse en cuenta que ya se ha echado mano de recursos –como los que hacen parte del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME)– y sean impulsado iniciativas como la nueva reforma tributaria, con el objetivo de asegurar nuevas fuentes de ingreso para el Estado colombiano.


La necesidad de atender las consecuencias inmediatas de la emergencia resulta innegable. Sin embargo, la planeación de las cuentas públicas no debe tener como horizonte solo la siguiente vigencia. La senda de crecimiento de largo plazo debe ser también un punto permanente de referencia en el diseño de las políticas públicas –y mucho más en el contexto de las acciones pospandemia–. La cuestión es que, por supuesto, los créditos habrá que pagarlos, y ese es un tema que les quedará a los siguientes gobiernos.


Aprobado el monto, la discusión se trasladó a cómo se reparte la plata dentro de ese límite ya aprobado. En este debate de gastos cada congresista defenderá sus intereses e, idealmente, buscará aumentar las partidas presupuestales que hacen parte de las prioridades de las personas que le dieron su voto.


Quien quiera tomar las banderas del deporte, buscará más plata para ese rubro. Quien defiende la producción agropecuaria en determinada región del país, hará énfasis ahí. O quien tenga intereses en el sector salud, hará lo propio. Y así.


Si quiere conocer más acerca del ciclo presupuestal y de lo que pasa después de la aprobación del monto, puede leer este texto que hicimos al respecto. Por lo pronto, conviene prestar atención a esa distribución de gastos. Pronto publicaremos nuestra transcripción de las modificaciones hechas a los rubros de gasto en las comisiones económicas del Congreso, que como es usual no fueron publicadas en formato de datos abiertos, haciendo difícil rastrear qué recursos cambiaron de destino como resultado del debate entre los congresistas encargados de los temas presupuestales. En el debate en plenarias de Cámara y Senado se realizarán, sin duda, nuevas modificaciones, y también les contaremos de qué se tratan. Aunque el debate se hace en poco tiempo y de forma lejana a la ciudadanía, este debe ser un asunto prioritario. Esta es la plata de todos.