El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) cumplió seis meses de existencia. Creado mediante el decreto 444 –expedido al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado por el presidente de la República el 17 de marzo–, este fondo tiene por objeto “atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento”.
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana ha venido haciendo seguimiento al desembolso de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 a partir de una revisión exhaustiva de los documentos y datos entregados al público a través de la página web del Ministerio de Hacienda y el Portal de Transparencia Económica. El primer análisis de los datos tomó 26 días, que es mucho más tiempo del que tiene en sus manos un ciudadano interesado en saber cómo se gasta su dinero.
El pasado 11 de septiembre, 174 días después de creado el FOME, el Ministerio de Hacienda envió este mensaje a los periodistas que cubren la cartera: “"Estimados periodistas, les compartimos este link en donde podrán encontrar el detalle del presupuesto para la emergencia. Facilitamos esta herramienta que se actualizará semanalmente para que puedan revisar también el detalle por sectores, la velocidad de recaudo, los compromisos, pagos y obligaciones”. Se trata de este portal, llamado Ejecución Presupuestal de los recursos para la emergencia.
Además de que se tardó más de cinco meses en poner a disposición de la ciudadanía la información para reportar cuánto dinero se está gastando en la atención de la emergencia –un elemento problemático en términos de transparencia–, la herramienta activada es incompleta, pues se limita a reportar a qué entidades se le está entregando plata, pero no detalla en qué programas se está gastando esa plata.
Por ejemplo, no es posible conocer la destinación puntual para programas como Ingreso Solidario, Colombia Mayor y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Este no es un detalle menor: estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Como lo ilustra la información recabada por el Observatorio Fiscal, con corte al 21 de septiembre, de los 25,5 billones de pesos disponibles en el FOME, para subsidios a la nómina (a través del PAEF y el Programa de Apoyo a la Prima, PAP) se han desembolsado 3,3 billones; para Ingreso Solidario, 4,1 billones; y en Transferencias a Programas Sociales (que corresponden a transferencias extraordinarias a beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor), 3,3 billones.
De los recursos desembolsados, el Ministerio de Hacienda tiene una asignación amplia. Inicialmente estuvo a cargo –junto con el Ministerio de Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS)– de las transferencias. Estas quedaron finalmente centralizadas en el DPS. Esta información es posible conocerla leyendo las resoluciones, pues este tema tampoco está detallado en la herramienta del Ministerio de Hacienda –cartera que quedará a cargo del PAEF–. La plataforma tampoco entrega detalles puntuales sobre las transferencias anunciadas para campesinos, reinsertados, artistas y gestores culturales.
Este tipo de ajustes no son problemáticos y no implican corrupción ni un pobre manejo presupuestal. Sin embargo, la pregunta, de nuevo, es, ¿por qué no puede la ciudadanía conocer estos movimientos? Una gestión gris de la información –como la que se viene evidenciando desde el inicio de la emergencia– va incluso en contra de los intereses del Gobierno para promover su gestión y contarles a los ciudadanos lo que está haciendo.
En estos seis meses de existencia del FOME, y a partir de la información que hemos expuesto, son varias las conclusiones que se pueden sacar. La primera es que, si bien son entendibles los retos (y también los errores) asociados a la puesta en marcha de un andamiaje institucional de esta magnitud –al fin y al cabo, nadie hubiera podido prever una emergencia de esta magnitud–, no se entiende que, pasado medio año, los ciudadanos no puedan conocer en total detalle cómo se están gestionando los recursos, ni el detalle de los planes a futuro del gasto del FOME.
Por otra parte, a partir de la puesta a disposición de la herramienta sobre ejecución presupuestal surge la pregunta de por qué no se entregan todos los detalles de la ejecución y la destinación última de los recursos dispuestos.
Por último, al observar los ritmos de desembolso y los recursos todavía disponibles en el FOME (10,9 billones de pesos, con corte al 21 de septiembre) surge la pregunta más importante: ¿por qué, en el pico de la pandemia y con un desempleo del 20,2 por ciento que refleja la destrucción de al menos cinco millones de empleos, no se usaron más de los recursos disponibles para proteger el empleo, el ingreso y el bienestar de millones de colombianos?
La respuesta del Gobierno nacional sobre este último punto ha sido que las transferencias se van a extender –Ingreso Solidario, hasta junio de 2021 y el PAEF, hasta diciembre de este año, una idea apoyada por un proyecto de ley que hace curso en el Congreso–. ¿Por qué no se procedió antes? Millones de empleos se habrían podido salvar con una inversión mayor en el momento de la emergencia, en vez de otorgar subsidios reducidos por el resto del año a las empresas que sobrevivieron los meses de cuarentena.
Nadie habría podido prever una emergencia como la que viven Colombia y el mundo. Sin embargo, pasados seis meses, no es entendible que persistan los grises sobre el desembolso y utilización de los recursos dispuestos para atender las consecuencias del escenario actual. La falta de transparencia no equivale a corrupción o mala gestión de los dineros, pero sí afecta seriamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones en un momento de crispación política. Se puede –y se debe– hacer mucho más.