El aumento sin precedentes en el desempleo del país ha sido uno de los mayores impactos de la pandemia del COVID-19 y de las cuarentenas. Actualmente, en Colombia una de cada 5 personas se encuentra desempleada. Este es el mayor nivel de desempleo de la OCDE. Esta es una situación dramática para millones de familias, especialmente para las más pobres y vulnerables. Por su parte, el Gobierno nacional considera que los subsidios a la nómina no llegaron tarde.
El PAEF es un programa social que tiene como objetivo proteger el empleo formal durante la pandemia, a través de una transferencia monetaria del 40 por ciento del valor del salario mínimo legal mensual vigente destinada a cubrir el salario de cada empleado. Para poder acceder a este subsidio las empresas deben haber sido constituidas antes del 1ro de enero del 2020, contar con un registro mercantil que haya sido renovado durante el 2019 (para las empresas constituidas antes del 2018) y demostrar la pérdida de más del 20% de sus ingresos. Los recursos del PAEF son con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y son pagados directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el Portal de Transparencia Económica se exponen los pagos realizados.
Inicialmente, el PAEF sólo cubría a personas naturales durante los meses de mayo, junio y julio. En la primera modificación principalmente se incluyeron consorcios, uniones temporales y personas naturales con tres o más empleados, excluyendo a las personas naturales que cuentan con uno o dos empleados. En las consideraciones del decreto se expone que “según la información del Registro Único Empresarial y Social - RUES existen aproximadamente 56.000 empresas registradas como personas naturales que emplean tres o más trabajadores formales, lo que equivale a alrededor de 480.000 empleos”. Paralelamente, en las consideraciones no se mencionan cuántas empresas existen con uno o dos trabajadores formales, ni cuántos empleos generan. En la segunda modificación principalmente se amplió la temporalidad del programa hasta el mes de agosto.
Según el portal de la UGPP, hasta la fecha de redacción de esta columna se han beneficiado del programa 109.554 personas jurídicas y 21.983 personas naturales, que cubren a 3.247.540 empleados, y en total se han girado $2,5 billones de pesos. Paralelamente, de acuerdo con el registro del Portal de Transparencia Económica analizada por el Observatorio Fiscal, se han girado $3 billones de pesos. En el informe de agosto de la UGPP se evidencia que la mayoría de las empresas beneficiarias del programa son jurídicas (82%) y han centralizado la mayor parte de los recursos (94%). Asimismo, el 93% de los empleadores beneficiarios son micros o pequeñas empresas, que cubren al 35% de los empleados beneficiarios.
Ahora bien, el Gobierno nacional desea continuar el PAEF hasta diciembre y para ello presentó un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República. Es importante anotar que el PAEF se creó mediante decretos expedidos durante un estado de emergencia que ya se terminó, por ello no tuvieron trámite legislativo y para modificar esta política es necesario un proyecto de ley ordinario.
El objetivo de este proyecto de ley es que se extienda el PAEF durante cuatro meses, hasta diciembre. En las consideraciones se expone que el costo aproximado de cada mes es de $800 mil millones, de tal forma que durante cuatro meses el costo sería de $3,2 billones. Nuevamente, los recursos serían con cargo al FOME.
El Proyecto de Ley fue aprobado sin modificaciones el 4 de septiembre del 2020 en las comisiones terceras conjuntas del Congreso de la República, en una sesión que contó con la presencia del ministro y el viceministro de Hacienda. En la sesión se presentaron varias propuestas, como ampliar el apoyo a pequeñas empresas o empresas que contraten a jóvenes, pero quedaron como constancias como un acuerdo político con el objetivo de acelerar la aprobación del proyecto que cuenta con mensaje de urgencia. De esta forma, el debate seguirá su curso en el Congreso de la República y, muy probablemente, se apruebe para ser una política vigente hasta diciembre de este año.