El sistema pensional actual es regresivo. Las personas de escasos recursos que no logran cotizar las suficientes semanas terminan subsidiando a aquellas con empleos más estables y de mejores ingresos que sí logran pensionarse. El Congreso de la República tramita actualmente una reforma presentada por el Gobierno nacional basada en un sistema de pilares en el que Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se complementan en lugar de competir.
Este nuevo sistema empezará a funcionar a partir del primero de enero de 2025. La reforma radicada por el Gobierno contemplaba un régimen de transición en el que las personas que a esa fecha tuvieran más de 1.000 semanas cotizadas continuarían siendo cobijadas por el sistema de pensiones actual. Esto implicaba que las pensiones de estas personas seguirían siendo altamente subsidiadas. En nuestro primer análisis del proyecto de Reforma Pensional advertimos que el diseño adecuado de esta transición es de vital importancia para la sostenibilidad del sistema.
En efecto, dadas las implicaciones que tiene este punto en el pasivo pensional para el Gobierno en el largo plazo, en nuestras recomendaciones a la reforma sugerimos introducir criterios más exigentes para ser beneficiarios del régimen de transición, En particular, adicional a tener más de 1.000 semanas cotizadas al primero de enero de 2025, lo ideal es que los beneficiarios del régimen de transición les falten por lo menos 10 años para alcanzar la edad de pensión.
En medio de la crisis política que atraviesa el país, el pasado 14 de junio la Comisión Séptima del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto de reforma pensional. El mencionado régimen de transición fue modificado y casi que como consecuencia del reciente fallo de la Corte Constitucional se aprobó uno mucho más generoso, afectando la sostenibilidad fiscal del nuevo sistema.
El nuevo régimen de transición ahora beneficiará a aquellos hombres que al primero de enero de 2025 cuenten con al menos 900 semanas cotizadas y a aquellas mujeres que a la misma fecha cuenten con al menos 750 semanas, sin considerar su edad. Esto abre la posibilidad a que un mayor número de personas al contemplado inicialmente se siga beneficiando de los subsidios implícitos a las pensiones en el sistema actual.
En medio del debate, la Ministra del Trabajo aseveró que por cada 100 semanas en que se disminuyera al régimen de transición, habría un impacto fiscal de $1,2 billones aproximadamente. La reducción aprobada fue de 100 semanas en el caso de los hombres y otras 250 semanas en el caso de las mujeres. En consecuencia, por sutil que parezca, el cambio de reglas en este régimen de transición tendrá un costo aproximado de $2,1 billones de pesos al año.
En el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana lamentamos que pese a que el debate público sobre la reforma se ha centrado en sus implicaciones fiscales, el Congreso de la República haya hecho esta costosa modificación en la etapa inicial de un trámite que apenas empezó. Queda mucha tela por cortar y es posible que este cambio aprobado no se reverse en el legislativo. Los ciudadanos deben saber que estos recursos tendrán que salir necesariamente de los impuestos que pagamos todos.