La financiación de programas sociales que permitan acelerar la lucha contra la pobreza en Colombia va a requerir reformas de fondo en materia tributaria y pensional. Uno de los principales retos del próximo gobierno será implementar reformas de calidad que, además de mejorar la vida de las personas, cuenten con el respaldo de la sociedad y la opinión pública.
Que casi un millón y medio de personas hayan salido de la pobreza monetaria será siempre una buena noticia. Sin embargo, las más recientes cifras publicadas por el Departamento de Estadística (Dane) sobre la pobreza en nuestro país en 2021 reflejan una profundización de las brechas entre ciudades y campos.
A grandes rasgos los datos son los siguientes: en las cabeceras municipales la pobreza monetaria fue de 39,3%, mientras que en los centros poblados fue de 37,8%. En la denominada área rural dispersa se ubicó en 44,6% (para entender qué significa cada concepto, les recomendamos este documento).
A nivel nacional se observa mejoría. Mientras que en 2020 la pobreza monetaria se ubicó en 42,5%, el año pasado fue de 39,3%. Esa mejoría no se observa en centros poblados y rural disperso, donde la pobreza aumentó, pasando de 42,9% a 44,6%.
En lo que respecta a la pobreza monetaria extrema, esta pasó de 15,1% en 2020 a 12,2 en 2021, lo cual indica que 1,3 millones de personas salieron de esta condición.
No son avances despreciables, pero debe tenerse en cuenta que estos –aunque avances– están revirtiendo el terreno perdido por cuenta de la pandemia. De ahí la urgencia de regresar al estado de cosas existente antes de 2020 para pisar el acelerador y seguir avanzando en la lucha contra la pobreza.
Ciertamente, asuntos como la lucha contra la pobreza, la promoción del empleo y la mejora de la capacidad adquisitiva de las personas han hecho parte de la campaña electoral. El punto de fondo es que materializar estos propósitos requiere financiación. Así, esto remite a de dónde va a salir la plata para financiar programas sociales.
Ninguno de los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República ha planteado acabar con las transferencias monetarias que existen en la actualidad. Se da, pues, por descontado que quienquiera que llegue a la jefatura de Estado sostendrá la esencia de iniciativas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. La idea, más bien, es ampliar el alcance de estos programas, así como de Ingreso Solidario –con su estructura actual o con nuevos alcances–.
Federico Gutiérrez, por ejemplo, plantea que el número de hogares que reciben giros de Ingreso Solidario pase de cuatro a cinco millones. El ajuste, además, implicaría que “todos los programas de transferencias a hogares vulnerables” se articulen alrededor de ese programa. Esta es una idea que surgió el año pasado durante el debate legislativo sobre renta básica –propuesta que finalmente no consiguió abrirse paso–.
Por su parte, Ingrid Betancourt también ha planteado la unificación de los programas de transferencias monetarias y la distribución de una renta básica entre el 15 por ciento de la población.
Gustavo Petro ha planteado un “ingreso vital para reformar Familias en Acción”, el cual podría también tener a madres cabeza de familia como destinatarias de los desembolsos. El candidato por Pacto Histórico también propone la unificación de las transferencias.
A su vez, Sergio Fajardo coincide en la necesidad de implementar una renta básica. “Los que más tenemos más vamos a pagar para construir una renta básica, para hacer una red de protección social. Bajar las tarifas a las empresas, que paguen menos impuestos para que generen trabajo, generen riqueza”, aseguró en marzo.
Para hacer realidad estas y otras iniciativas se necesita financiación. O, dicho de otra forma, habrá que hacer una reforma tributaria que permita recoger el dinero suficiente para mantener los programas actuales e implementar unos nuevos.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan este tipo de reformas es que cuando se habla de reforma tributaria o de reforma pensional, la reacción es similar a la observada durante los picos de movilización ciudadana que se han vivido en Colombia: en 2019, como reacción a la reforma tributaria que entregó 9 billones de pesos en gabelas a los grandes capitales; y en 2021, en oposición a un proyecto de reforma tributaria que pretendió imponerle IVA a productos de la canasta familiar y aumentar la carga tributaria a quienes viven de su sueldo.
Cuando se habla de reformas –tributarias o pensionales, como la que tendrá que implementar el país en el mediano plazo–, amplios sectores de la ciudadanía parten de la premisa de que se va a tomar un estado de cosas regular para hacerlo malo.
El problema no es solo de plata. No basta con decirle a la gente “es que necesitamos plata, y esto es lo que hay que hacer”. Las reformas son necesarias, es un hecho. Pero las reformas no se hacen solo porque haya que hacerlas. Su objetivo principal debe ser mejorarle la vida a la gente.
El reto está en lograr que hablar de reformas sea asumido como algo negativo. Lograrlo pasa no solo por el lenguaje. Parte de la ciudadanía tiene razones para desconfiar. Eso se debe a que varias reformas implementadas en el país no le han mejorado la vida.
Se trata, entonces, de reformas que –además de conseguir plata– contribuyan a restituir la confianza de las personas en sus instituciones. Y será el próximo Presidente –o Presidenta– de la República quien esté a cargo de liderar esa transformación.
Darles pensión a quienes no la tienen, o mejorarles la vida a quienes pagan impuestos de forma desventajosa frente a quienes más ganan, puede ser un buen comienzo.