El pago de intereses podría llegar a ser equivalente a todo el presupuesto de inversión
- Observatorio Fiscal
- hace 29 minutos
- 4 min de lectura

En los últimos años, el costo de la deuda pública ha ganado relevancia dentro de la discusión fiscal, en un contexto de mayores niveles de endeudamiento y condiciones de financiamiento más exigentes. Sin embargo, este aumento no responde únicamente al entorno económico también refleja decisiones recientes de manejo de deuda. En particular, las operaciones de manejo de deuda (OMD) realizadas en 2025 para reducir las necesidades de pago en el corto plazo trasladaron parte de esa carga hacia los años siguientes, elevando los intereses futuros. En esta entrada analizamos cómo estas decisiones han hecho que las proyecciones de intereses del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 se alejen de las estimaciones realizadas en años anteriores y qué implicaciones puede tener esta trayectoria para la sostenibilidad fiscal y el margen de maniobra del presupuesto.
En este contexto, este blog utiliza proyecciones de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo (MFMP) desde 2021 para evaluar las estrategias de endeudamiento. Este es un indicador particularmente útil porque muestra qué parte de la producción o del presupuesto anual del país se destina no al pago del saldo de la deuda, sino a la parte que cubre el costo financiero de haberla adquirido.
Como ocurre con cualquier préstamo, ya sea el de un gobierno o el de un hogar, al momento de contraer la deuda se pacta una tasa de interés. Entre mayor sea esa tasa, mayores serán los pagos futuros asociados al crédito, independientemente de si este se destinó a construir una carretera o a financiar la compra de una vivienda. Por esta razón, analizar la evolución del pago de intereses, pasados o futuros, permite entender el costo de las decisiones de endeudamiento.
Para ello, se utilizan las proyecciones del pago de intereses como porcentaje del PIB del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), contenidas en los distintos MFMP.

Para entender la situación actual, vale la pena comenzar por el punto de partida: la pandemia. En particular, para Colombia, la pandemia marcó un quiebre en las finanzas públicas. Antes de ese episodio, entre 2018 y 2019, el pago de intereses representaba alrededor del 2,8% o 2,9% del PIB. Sin embargo, la necesidad de aumentar el endeudamiento para enfrentar la emergencia sanitaria elevó significativamente ese costo, hasta alcanzar en 2022 un máximo de 4,3% del PIB.
Posteriormente, en 2024 el pago de intereses volvió a ubicarse en un nivel similar. En 2025 se observa una reducción, impulsada en buena medida por las operaciones de deuda realizadas. No obstante, esa disminución está pronosticada a ser transitoria. De acuerdo con el último MFMP, el pago de intereses volverá a incrementarse gradualmente hasta alcanzar cerca del 4,2% del PIB hacia 2032-2034, un nivel prácticamente equivalente al observado en 2022, en plena pandemia.
Es importante señalar que, las OMD1 que se usaron en 2025 son herramientas que utiliza el Gobierno para modificar las condiciones de endeudamiento sin aumentar el monto total. En la práctica, implican recompras o canjes de títulos que buscan cambiar los vencimientos o reducir riesgos, aprovechando condiciones de mercado favorables. Si bien pueden generar alivios en el corto plazo (por ejemplo, menores pagos de intereses en un año específico) también pueden implicar costos en el mediano plazo, especialmente cuando se extienden plazos o se reemplazan títulos por otros con mayores tasas de interés.
En términos simples, es similar a lo que ocurre cuando un hogar refinancia una deuda para pagarla en un plazo mayor; se alivia la carga inmediata, pero el costo total en intereses a lo largo del tiempo puede aumentar. Además, su capacidad de generar ahorros no es permanente, en la medida en que dependen de condiciones de mercado y de oportunidades específicas de gestión.
La comparación entre los distintos MFMP también revela un cambio importante en las proyecciones oficiales sobre el costo de la deuda. Tomando como referencia el pago de intereses proyectado para 2033, el MFMP 2023 estimaba que este sería cercano al 3,2% del PIB, mientras que en el MFMP 2024, esa proyección aumentó a 3,6%. En el MFMP de 2025 volvió a revisarse al alza, hasta 3,9%, y el MFMP de 2026 proyecta un pago de intereses equivalente al 4,2% del PIB.
En otras palabras, en sus propios cálculos, el Gobierno ha venido reconociendo que el costo financiero de la deuda será cada vez mayor. De hecho, si se compara el último MFMP con el publicado un año atrás, las proyecciones de pago de intereses para después de 2028 aumentan, en promedio, alrededor de 0,3 puntos porcentuales (pp) del PIB, lo que equivale aproximadamente al presupuesto anual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 2026 (cerca de $6,8 billones). Por el lado de llegar a pagar 4,2% del PIB ($84,8 billones) esto es prácticamente equivalente al presupuesto total de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2026 ($84,4 billones). Pagaríamos casi los mismo en intereses que el total de inversión en el PGN 2026.
Es decir, parte del menor pago de intereses en 2025 se obtuvo a cambio de comprometer una mayor proporción de la actividad económica al pago de intereses durante la próxima década. Este menor pago de intereses pasó simultáneamente con un incremento del déficit primario igual a 3,5% del PIB.
Las proyecciones en el pago de intereses del actual Gobierno dejan un mensaje importante para el debate sobre el manejo de la deuda pública; las operaciones financieras que generan liquidez o alivio fiscal en el presente no son gratuitas. En muchos casos, simplemente trasladan el costo hacia el futuro. Desde el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana reiteramos que, de cumplirse las proyecciones actuales, el gasto en intereses seguirá aumentando y ganará un peso en el presupuesto que limitará el espacio de maniobra ante cualquier desviación. El problema no radica únicamente en el nivel de endeudamiento, sino también en los flujos de pagos que este genera y en los sacrificios presupuestales que, como sociedad, tendremos que asumir para atenderlos.