Gane quien gane, el próximo Presidente de la República tendrá que impulsar una reforma pensional. El asunto, tantas veces conversado y varias veces aplazado, ya no da más espera. En abril pasado, por ejemplo, en una nota que analizó el programa de gobierno de Gustavo Petro, la firma JP Morgan señaló que “existe un amplio consenso en el espectro político respecto a que el sistema de pensiones de Colombia requiere una reforma, debido a baja cobertura, regresividad y subsidios implícitos ineficientes”.
Tener una conversación seria, constructiva y productiva respecto a una reforma pensional es casi tan urgente e inaplazable como la de la próxima reforma tributaria. Contrario a lo que podría pensarse, este es un asunto que toca a la mayoría de la población. Por un lado, prácticamente todas las personas que tienen un empleo formal cotizan a pensión, por otro, garantizarle una pensión a quienes no la reciben es un vehículo de equidad.
A esto se suman debates pendientes sobre la libertad que deberían tener las personas para disponer de su ahorro pensional –o de, al menos, parte de este– antes de llegar a la edad de pensionarse.
Hablar sobre pensiones es un asunto que toca la política fiscal y la buena salud de las cuentas públicas no solo en el largo, sino también en el corto y mediano plazo. Se trata, además, de un tema que se ha posicionado en el centro de la agenda de la campaña.
De ahí la importancia de conocer qué es lo que están proponiendo los candidatos presidenciales en esta materia. Para saberlo, acudimos a sus programas de gobierno.
El resultado de este análisis está consignado en el nuevo informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, titulado ¿Cuáles son las propuestas pensionales de las candidaturas a la Presidencia de la República?, el cual hace parte de nuestra serie de estudios en profundidad sobre las propuestas de quienes aspiran a la Presidencia de la República.
Como siempre, invitamos a quienes nos leen a consultar el documento completo y a sacar sus propias conclusiones para votar de manera informada –basándose en hechos, datos y análisis rigurosos, no en señalamientos o noticias falsas–.
Más allá de los aspectos técnicos (que el informe aborda ampliamente), uno de los hallazgos más relevantes es que, al comparar las propuestas de los cuatro candidatos que puntean en las encuestas, no se encuentran grandes diferencias. Por ejemplo, ninguno de los candidatos contempla eliminar las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP. Las propuestas de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, se parecen bastante. Lo mismo ocurre con las de Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez.
En donde se observa mayor consenso es en la necesidad de aumentar la protección de los adultos mayores. No es para menos. En la actualidad solo uno de cada cuatro personas mayores de 60 años tiene pensión en Colombia, y la población que hace parte de programas como Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), es reducida. Además, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), el 31 de la población mayor de 65 años se encuentra en pobreza monetaria, una cifra aún superior en zonas rurales, donde llega al 37 por ciento.
Donde se observan mayores coincidencias entre los cuatro candidatos punteros en la carrera por la Presidencia es en la ampliación de las transferencias monetarias para los adultos mayores –montos que también operarían como una suerte de mínimo, lo cual implica que en algunos casos no se haría la transferencia completa, sino del monto necesario para llegar al monto propuesto–.
Mientras que Petro y Fajardo plantean $500.000, Hernández propone $1 millón. Gutiérrez habla de $300.000. En lo que, lastimosamente, coinciden todos los programas de gobierno es en la falta de detalle sobre el costo fiscal de implementar nuevas transferencias monetarias como las planteadas.
Petro también plantea la creación de un bono pensional para quienes no pudieron contribuir, y pensión efectiva para quienes lo hicieron total y parcialmente. El sistema funcionaría a partir de un esquema de pilares, basado en principios de solidaridad.
En el pilar solidario básico se garantizaría un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para quienes actualmente no acceden a pensión. Un segundo pilar, de naturaleza contributiva, reuniría a todos los trabajadores, que cotizarían de forma obligatoria a pensiones hasta cuatro salarios mínimos. De esta forma se aseguraría una pensión básica bajo el régimen de prima media.
Se plantea también el ahorro individual, en donde los trabajadores harían el resto de sus cotizaciones pensionales (por encima de cuatro salarios mínimos) a fondos privados, manteniendo también la posibilidad de ahorro voluntario.
Por su parte, el programa de Gutiérrez propone un sistema concentrado en la población de adultos mayores que no tienen pensión, garantizando un ingreso mínimo vitalicio. En este sentido, se plantean mejoras a Colombia Mayor y Beps, así como una eliminación de los subsidios otorgados en las pensiones altas, con el objetivo de “dirigirlos a los que más los necesitan”
Adicionalmente, se plantea la reducción de 25 a 22 años en el tiempo de cotización para una pensión de un salario mínimo en Colpensiones.
A diferencia de los programas de Petro y Fajardo, este programa no planta la adopción de un sistema de pilares –una propuesta sobre la que existe enorme consenso a nivel nacional, al ser defendida por Asofondos y estudiada por Fedesarrollo, y amplia experiencia internacional–.
Hernández propone “buscar financieramente” cómo otorgar una pensión de un salario mínimo para todos los adultos mayores que no alcanzaron a cumplir con los requisitos básicos del sistema pensional, iniciando con los Beps. Estos, señala, deberían incrementarse para llevarlos, al menos, a medio salario mínimo.
Sin embargo, no se detalla cómo se daría la articulación de estos dos programas: pensión de salario mínimo y Beps.
Por último, Fajardo, también partiendo de un sistema de pilares, propone un pilar solidario que sustituiría a Colombia Mayor con una transferencia de 500.000 pesos para quienes no reciban pensión o no tengan otras fuentes de ingreso. Aquí también se integrarían los Beps.
En un segundo pilar se cotizarían los dos primeros salarios mínimos, mientras que en el tercero se cotizarían los ingresos superiores a dos salarios mínimos y sería de ahorro individual.
En este espacio se promovería la competencia, se ejercería una vigilancia a los costos de administración y a la atención del ciudadano. Esta administración está actualmente a cargo de las AFP.