Ni el modelo político ni el bolsillo dan más: es hora de hacer cambios

Aunque se le ha presentado como ‘la madre de todos los males’ que aquejan actualmente a la sociedad colombiana, así como a su economía y finanzas públicas, la pandemia –además de segar la vida de miles de compatriotas, y lesionar el ingreso y la calidad de vida de millones más– no ha hecho sino evidenciar que la forma de hacer política, tomar decisiones y consolidar el poder en el país hizo implosión.


Colombia ha llegado a un punto de ruptura frente a un estado de cosas que ha tomado forma a lo largo de las últimas cuatro décadas. El esquema actual del Estado no da más, y la ciudadanía exige instituciones capaces de responder a necesidades urgentes. La única forma de hacerlo es mediante una profunda reforma institucional. Y el comienzo de ese camino serán las elecciones de 2022.


Vayamos por partes. ¿Cómo llegamos al estado actual de cosas? En Colombia las políticas públicas están girando en torno a visiones, referentes y diagnósticos que la han distanciado de una sociedad que ha evolucionado por fuera de esas lógicas.


Pongámoslo de este modo: el mundo del poder político está cada vez más dominado por sectores económicos privados que tienen gran influencia electoral pues participan de forma activa y relevante en el financiamiento de los actores de poder –tanto de los presidentes como de las mayorías del Congreso–. Ese factor económico tiene cada vez más poder político.


Los partidos políticos –su carácter nacional, su democracia interna– se han ido erosionando. Son, cada vez más, franquicias electorales y no colectividades con programas, debates internos y nuevas ideas. Ahora el poder lo construye la capacidad de cada político para financiar su campaña. Las excepciones –entre las que me precio de estar– son realmente contadas, y obedecen a votos de opinión.


La consecuencia de todo esto es que se legisla en función de los intereses de un sector económico. El fisco, por ejemplo, es cada vez más débil por cuenta de las exenciones de impuestos y los beneficios tributarios a los sectores que financian a quienes toman las decisiones. ¿Y los ciudadanos? Terminan relegados debido a que las decisiones que se toman no buscan su bienestar.


Siempre habrá argumentos para proteger este tipo de relaciones. El más sonado es que sin empresarios no hay desarrollo, que ellos son los que generan empleo y hay que protegerlos.


Amparados en estas narrativas, quienes diseñan las políticas dejaron de tener como referente el mapa social –al fin y al cabo, no es el que genera el poder político–. Hoy la conversación se da a puerta cerrada. Los políticos ya no ven la necesidad de salir a la calle a hablar con la gente.


Ejemplos de esta circunstancia hay muchos. ¿Cuántos intentos han hecho las comunidades indígenas por reunirse con el presidente de la República? Por su parte, los ministros resuelven problemas gestionando con las mayorías del Congreso –que están cooptadas por los mismos intereses y financiadores– recortes de recursos para las regiones. Los políticos hablan con el poder que les entregó el poder.



¿Y la economía?


Esta lógica en el ejercicio del poder se traslada al manejo de la economía. Las reformas tributarias se definen en función de los compromisos que tiene el poder nacional con el poder económico. Como consecuencia, el panorama fiscal es cada vez más precario. La pandemia planteó una amplia gama de necesidades que deberían ser atendidas por el Estado, y este se vio impotente. Sencillamente no hay con qué atenderlas.


Además de las malas condiciones de muchos hospitales, la falta de unidades de cuidados intensivos y la precarización del trabajo del personal médico, millones de niños y jóvenes no pueden ir a estudiar o no tienen cómo conectarse por Internet con fuentes del conocimiento. El Estado, que tendría que solucionar esto, no tiene cómo hacerlo.


El huracán que azotó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también desnudó necesidades estructurales. Ante eso, el Estado solo puede decir “aquí no hay con qué”.


La respuesta ha sido endeudarse, de manera precaria y un tanto tímida. Las prioridades, sin embargo, no están claras. No hay una estructura de Estado para atender estas necesidades. El Estado parece cada día menos pensado para servir a las personas y los territorios, y más concentrado en atender a sectores de poder.


En medio de este panorama, garantizar una renta básica se plantea como la necesidad más importante. La principal obligación del Estado es que no haya población en condiciones de indefensión e indigencia. Pero la verdad es que, en este escenario de pandemia, en el país hay 9 millones de hogares en el aire. Las cifras de desempleo y los datos sobre la caída en el consumo de comidas al día son más que dicientes. Ni qué decir de la caída en el PIB, informada recientemente por el DANE.


Hay un empobrecimiento generalizado y el Estado no está llegando a quienes lo necesitan. ¿Por qué no lo hace? Primero, porque no tiene compromisos con esas realidades sociales, pues su poder no se deriva de esos ciudadanos. Segundo, porque no hay plata; eso es lo que le han dicho al país. Según lo que se le presenta al país, solo alcanza para un ingreso solidario, que les entrega a 2,8 millones de hogares 160.000 mil pesos mensuales. Un hogar no puede vivir con eso.


Aparte de no haber plata, no hay conciencia del Estado frente a las realidades sociales que vive la gente. Esto se observa también en la falta de acción ante el derrumbe, por ejemplo, de muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Los recursos disponibles se han asignado en función de los intereses y nichos que el Gobierno representa.



El camino a seguir


No se trata, sin embargo, de quedarnos simplemente en un diagnóstico sobre la preocupante realidad que vive el país. ¿Cuál debe ser, entonces, el camino a seguir?


Lo más importante es fortalecer el Estado, lo cual pasa por el fortalecimiento del fisco. Esto solo será posible mediante una reforma estructural, y no mediante reformas que –como la tributaria que ya se cocina– sigan golpeando el bolsillo de la clase media.


Extender el IVA a toda la canasta familiar –que sería el corazón de la reforma tributaria que el Gobierno está alistando– es una idea que se viene planteando desde hace tiempo. Lo hicieron en 2018 y lo intentaron de nuevo en 2019.


Por increíble que parezca, una reforma tan lesiva para los intereses de la mayoría de los colombianos tiene muchas probabilidades de salir adelante. En vísperas de elecciones, los congresistas de maquinaria hacen lo que sea a cambio de mermelada. Y como no tienen liderazgo ni arraigo popular –se eligen por plata que en parte sale del Presupuesto General de la Nación– están listos para apoyar lo que les presenten.


Sin embargo, el panorama social en el país promete ser distinto al de reformas pasadas, cuando la ciudadanía se quedó callada. En 2019 hubo, por primera vez, una reacción de la opinión pública frente a la reforma tributaria. El día en que se votó esa reforma en el Senado, la Plaza de Bolívar estaba llena de gente pidiendo que se hundiera la reforma. Nunca se había visto algo así. Este tipo de reformas solían aprobarse de puertas para adentro y realmente pocas personas por fuera de la esfera política se pronunciaban frente a sus consecuencias.


El país cambió. Los políticos de la maquinaria todavía no lo entienden –o se niegan a hacerlo–, pero no hay ninguna posibilidad de que el país vuelva al estado anterior de cosas.


¿Qué viene, entonces, para 2022? Una reforma tributaria que fortalezca el fisco para que el Estado tenga cómo y con qué responder sus obligaciones, pero que no golpee el bolsillo de quienes menor capacidad de pago tienen. Debe ser una reforma progresiva, equitativa y eficiente, como lo ordena la Constitución.