Mientras funcionamiento y deuda progresan en ejecución, la inversión sigue rezagada en el primer semestre

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 se tramita en medio de una crisis fiscal, presupuestal y de caja sin precedentes. Aunque las comisiones económicas tienen hasta el 25 de septiembre para aprobarlo en primer debate, el debate no puede darse aislado: las bajas cifras de ejecución que se han registrado muestran que el Estado no está logrando materializar sus compromisos. Por ello, en esta entrada analizamos los datos de ejecución a 31 de julio de 2025 publicadas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda. 

Antes de entrar en detalle, conviene recordar cómo funciona el ciclo de ejecución presupuestal. El gasto se aprueba mediante la apropiación, luego se compromete cuando se firma un contrato o acto administrativo, se convierte en obligación cuando se reciben los bienes o servicios, y finalmente se paga. Para efectos fiscales, la ejecución se mide en el momento de la obligación, ya que es allí donde se reconoce el gasto y se afecta el déficit fiscal. 

El PGN para 2025 fue decretado en $523 billones y, tras modificaciones y adiciones, asciende hoy a $525,8 billones, el equivalente al 29% del PIB. A julio de 2025 se habían obligado $237,3 billones (45,1%) y pagado $234,2 billones (44,5%). Sin incluir deuda, la ejecución alcanzó el 44,6%, muy cerca del promedio histórico (44,9%). El avance se concentra en funcionamiento y deuda, mientras que la inversión sigue rezagada. 

Recordemos que el total del PGN se divide en funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Veremos cómo va la ejecución para cada uno de estos rubros. 

Figura 1. Ejecución funcionamiento PGN 2025 (corte a 31 de julio) 

Cifras en miles de millones de pesos 

La Figura 1 muestra el avance de la ejecución en el rubro de funcionamiento con corte al 31 de julio. El gasto de funcionamiento es el de mayor peso en el presupuesto. En 2025 cuenta con una apropiación vigente de $329,3 billones. A julio, se habían ejecutado $159,3 billones, lo que equivale al 48,4% cerrando el séptimo mes del año. El 51,6% restante debe ejecutarse en los cinco meses restantes. 

Las transferencias representan tres cuartas partes de este rubro. Allí se concentran recursos para regiones, defensa, aseguramiento en salud, educación y pensiones. Esto refleja la rigidez del presupuesto: buena parte del gasto se destina al cumplimiento de obligaciones permanentes del Estado. 

Figura 2. Ejecución servicio de la deuda PGN 2025 (corte a 31 de julio) 

Cifras en miles de millones de pesos 

La Figura 2 muestra el avance de la ejecución en el rubro de deuda pública con corte al 31 de julio. Este componente ha ganado peso relativo en el presupuesto durante los últimos años, lo que lo hace el segundo gran bloque del PGN. En 2025 cuenta con una apropiación de $112,6 billones. A julio, se habían ejecutado $52,8 billones, el 46,8% del total. 

Estos pagos incluyen tanto deuda interna (TES) como deuda externa (organismos multilaterales y otros acreedores). Esta ejecución de la deuda muestra disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado. 

Figura 3. Ejecución inversión PGN 2025 (corte a 31 de julio) 

Cifras en miles de millones de pesos 

La Figura 3 muestra el avance de la ejecución en el rubro de inversión con corte al 31 de julio. El contraste aparece en la inversión. Aunque se apropiaron $83,9 billones, solo se han ejecutado $25,3 billones, es decir, el 30,1%. 

Este rezago no es nuevo: la inversión suele avanzar más despacio porque requiere procesos de contratación y trámites adicionales. Sin embargo, en 2025 preocupa por dos razones: i) mantiene la tendencia de 2024, cuando se registró la ejecución más baja en este rubro; ii) casi el 30% del rezago de 2024 aún no se ha pagado, lo que presiona la gestión actual. 

Ahora veremos la ejecución por sectores agregando los rubros de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. 

Figura 4. Ejecución por sectores PGN 2025 (corte a 31 de julio) 

La Figura 4 muestra el avance de la ejecución por sectores con corte al 31 de julio. Educación (55,1%) y Salud y protección social (54,5%) lideran el avance. Ambas carteras han logrado ejecutar más de la mitad de sus recursos, en programas de cobertura educativa y aseguramiento en salud. Defensa y Policía (50,0%), el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación (49,8%) y la Fiscalía (49,0%) también superan el promedio general. 

En la mitad de la tabla se ubican sectores como Igualdad y Género (45,6%), Minas y Energía (45,5%) y Ciencia, Tecnología e Innovación (44,4%). En la parte baja están sectores clave para la inversión y la infraestructura: Transporte (25,8%), Agricultura y Desarrollo Rural (26,6%), Hacienda (26,6%) y Vivienda (36,3%). Los niveles más bajos corresponden a la Presidencia (14,1%) y la Registraduría (13,6%), con ejecuciones mínimas frente a lo apropiado. 

Mientras que sectores que atienden necesidades básicas de la población de manera recurrente como salud y educación avanzan en su ejecución, otros destinados a la inversión en proyectos estratégicos como agricultura, transporte y vivienda se quedan rezagados. 

Figura 5. Velocidad ejecución PGN 2000 - 2025 (corte a 31 de julio) 

La Figura 5 muestra la evolución de la ejecución presupuestal a 31 de julio de cada año desde 2000, medida como el porcentaje de obligaciones frente a las apropiaciones aprobadas y muestra el promedio histórico de ejecución (44,9%). También incluye la variación anual en puntos porcentuales (pp) respecto al año anterior. 

Entre 2023 y 2024 el ritmo de ejecución se desaceleró, cayendo a 42,7% y 42,9%, respectivamente. En 2025, se observa una leve recuperación de 1,7 pp frente al año anterior, alcanzando un nivel de 44,6%, cercano al promedio histórico. 

Figura 6. Ejecución rezago presupuestal PGN 2024 (corte a 31 de julio) 

Cifras en miles de millones de pesos 

La Figura 6 muestra el avance en la ejecución del rezago presupuestal constituido al cierre de 2024. El PGN arrastró el rezago más alto de la historia por $62,8 billones desde 2024, compuesto por reservas presupuestales y cuentas por pagar. A julio de 2025 ya se había ejecutado el 71,9% de ese monto ($45,2 billones), mientras que quedan pendientes $17,6 billones. Este configura un problema en el presupuesto de este año, ya que ese rezago de 2024 debe ser pagado con recursos de 2025, por ende, estas obligaciones compiten por la caja de este año para que dichas cuentas por pagar puedan ser saldadas. 

En medio del deterioro del balance fiscal y la suspensión de la regla fiscal, la forma cómo se ejecute el presupuesto en el segundo semestre tendrá implicaciones mayores que en otros años, pues si se ejecuta mucho, aumentará el déficit fiscal. 

Los principales riesgos son claros. El repunte en la velocidad de ejecución en el segundo semestre estará impulsado por gastos inflexibles de funcionamiento, que no generan márgenes de maniobra. Los pagos asociados al rezago presupuestal de 2024 siguen absorbiendo recursos de 2025 y presionando el déficit. Un nuevo rezago en inversión al cierre de 2025 podría trasladar presiones adicionales al presupuesto de 2026, complicando aún más la sostenibilidad fiscal. 

Estos factores aumentan la vulnerabilidad de las finanzas públicas y reducen la capacidad del Gobierno para usar el presupuesto como herramienta de política económica y cumplir los compromisos que hace para cada año, pues a mayor rezago el gobierno está cumpliendo con dos necesidades al tiempo: las del pasado y las del presente. 

Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana seguiremos de cerca la evolución de estas cifras. Nuestro énfasis estará en medir cómo la ejecución presupuestal se traduce en mayores presiones sobre el déficit y en alertar sobre el riesgo de que la inversión vuelva a ser el rubro que se ajusta cuando las restricciones fiscales se hacen más fuertes.