El presidente de la República anunció la puesta en marcha, desde el próximo 1 de julio, de un “programa de generación de empleo juvenil”. Este consiste en un subsidio del 25% del salario mínimo de los jóvenes entre 18 y 28 años que se contraten formalmente. Los empleadores –que pueden ser personas naturales o jurídicas– deben estar inscritos en el sistema de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –la famosa PILA–.
Según comentó el mandatario, este “plan de choque para estimular el empleo en la juventud” –el cual estará vigente durante un año “mientras también con el Congreso de la República con otros sectores” acuerdan su extensión o carácter permanente– se diseñó luego de “muchísimos diálogos con grupos de jóvenes”.
Esta idea retoma líneas de lo propuesto por el Gobierno nacional en el fracasado proyecto de reforma tributaria. La iniciativa planteaba que los empleadores que contrataran a personas menores de 28 años en su primer empleo no tendrían que pagar aportes a pensión y salud, ni parafiscales –ese costo lo asumiría el Estado–.
La idea era positiva. Y lo sigue siendo. El detalle estaba en la fuente de financiación. Promover el enganche laboral de los ciudadanos más jóvenes siempre será deseable; el problema está en, por ejemplo, sacar el dinero para hacerlo a costa de incrementos en el IVA en medio de la peor crisis económica del país.
El punto es que un programa puede ser bueno, lo cual no implica que también lo sea su fuente de financiación. Tampoco implica que sea la única fuente posible.
En cualquier caso, la iniciativa anunciada por el Gobierno nacional constituye un buen estímulo para aumentar el empleo entre los colombianos más jóvenes. Los efectos puntuales del programa tendrán, eso sí, que ser evaluados posteriormente a partir de datos econométricos.
Este anuncio de fomento al empleo juvenil se suma al hecho la semana pasada sobre matrícula cero para estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3 –constituyendo una serie de programas con los que el Gobierno nacional busca acercarse a los jóvenes con el objetivo de encontrar salidas al paro nacional, que completa hoy tres semanas.
Por otra parte, se da por descontado que se buscará darles a estos anuncios un marco normativo más sólido y una mayor vigencia en el tiempo mediante el proyecto de reforma tributaria que se radique ante el Congreso en los meses por venir.
Como señalamos anteriormente, lo que habrá que analizar son las fuentes de financiación –más que las iniciativas, positivas en su mayoría–.
El asunto de fondo no es solamente qué hacer, sino de dónde sacar la plata para hacerlo. El Gobierno nacional intentó echar mano del bolsillo de los colombianos que viven de su salario. La movilización ciudadana llevó a descartar esa idea. ¿Entonces?
Desde la Red de Trabajo Fiscal –de la cual hacemos parte como Observatorio Fiscal– tenemos una propuesta –una mejor opción– al problema de financiamiento en nuestro país.
O dicho de forma más simple: queremos presentarle al país una propuesta académica de reforma tributaria.
La idea de esta propuesta es recaudar cerca de 20 billones de pesos –eliminando beneficios tributarios a empresas y aumentando los impuestos que pagan el 1%, 0,1%, 0,01% y 0,001% de los colombianos de más altos ingresos. Ojo: la propuesta no incluye cambios al IVA ni sube ningún impuesto al consumo.
La propuesta la publicaremos mañana jueves a las 9:00 a.m. en la página web del Observatorio Fiscal y en nuestras redes sociales. Invitamos a la ciudadanía a estar atenta para conocerla.