La ejecución se desacelera después de varios meses por encima del promedio histórico

En 2026, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) es especialmente relevante en un contexto marcado por el ajuste fiscal, el cambio de administración, dos proyectos presupuestales presentados por gobiernos diferentes, y distintos fenómenos naturales que han afectado, entre otros aspectos, las finanzas públicas. En esta entrada analizamos la evolución de la ejecución del PGN durante 2026, la comparamos con el comportamiento de años anteriores y examinamos qué ocurrió antes y después del cambio de administración, así como las diferencias entre tipos de gasto y sectores.

Cuando se produjo el cambio de presidencia, cerca de la mitad del presupuesto de 2026 ya se había ejecutado. En septiembre, segundo mes de la nueva administración, la diferencia positiva frente a la ejecución mensual de años anteriores se redujo, luego de crecer en la primera mitad del año. Esto indica que el ritmo de ejecución comenzó a desacelerarse en un año en el que persiste una brecha entre los ingresos y los gastos públicos, y donde la nueva administración ha anunciado un recorte de $21,9 billones como parte de su estrategia de austeridad. Como estas medidas no se han materializado, el ritmo de ejecución es determinante sobre el margen disponible para implementar los ajustes previstos y cumplir las metas fiscales planteadas en la Actualización del Plan Financiero para 2026.

El PGN es el instrumento que establece cuánto puede gastar el Gobierno durante un año y en qué puede utilizar esos recursos. Sin embargo, que un recurso esté incluido en el presupuesto no significa que ya haya sido gastado. Para medir cuánto se ha ejecutado, utilizamos las obligaciones, que corresponden al momento en que el Estado reconoce que debe pagar por un bien, servicio u obligación adquirida.

La Figura 1 muestra el porcentaje de ejecución del PGN acumulado a septiembre para el periodo 2000-2026, sin incluir el servicio de la deuda. Para 2026, el PGN tiene una apropiación vigente de $556,3 billones, que se reduce a $455,9 billones al excluir la deuda. Sobre este último monto se ejecutaron $275,5 billones, lo que equivale al 60,4%, una cifra mayor que el promedio, y que el año anterior.

La Figura 2 permite observar con mayor detalle cómo cambió el ritmo de ejecución en lo que va del año. El Panel A compara la ejecución mensual acumulada de 2026 con el promedio registrado entre 2000 y 2022 y con el promedio de tres años de la administración Petro, entre 2023 y 2025. El Panel B contiene la evolución mensual de las diferencias de ejecución de 2026 frente a los promedios de ejecución de 2000-2022 y de 2023 –2025.

El Panel A muestra que, durante los tres primeros años de la administración Petro, la ejecución se mantuvo por debajo del promedio de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia empezó a cambiar en 2026, todavía bajo su gobierno. Aunque al inicio de este año la ejecución estuvo cerca o por debajo de los promedios mencionados, desde abril comenzó a ubicarse por encima de ambos, comportamiento que aún se mantiene.

Rastreando la línea cronológica, en enero de 2026 la ejecución se ubicó 0,5 puntos porcentuales (pp) por debajo del promedio histórico y 0,4pp por debajo del promedio de 2023-2025. Para marzo, la diferencia frente al promedio histórico prácticamente había desaparecido, y en abril la ejecución ya superaba ambos referentes.

A partir de mayo, esta tendencia se hizo más marcada. La ejecución alcanzó 31,3%, 2,6pp por encima del promedio de 2023-2025 y 1,2pp por encima del promedio histórico. En julio, la brecha se había ampliado aún más, la ejecución alcanzó 47%, superando en 3,6pp el promedio de 2023-2025 y en 1,9pp el promedio histórico. Así, en el final del gobierno anterior se consolidó un ritmo de ejecución superior tanto al observado durante los tres años anteriores como al promedio histórico.

En agosto, mes en que se produjo el cambio de administración, la brecha frente al promedio de 2023-2025 aumentó 0,2pp (3,8pp) respecto a julio, mientras que la diferencia frente al promedio histórico se redujo 0,4pp (1,5pp), marcando un quiebre en la tendencia creciente observada desde enero frente al promedio de 2000-2022. En septiembre, la desaceleración continuó y la brecha frente al promedio histórico se redujo a 1,2pp, mientras que la diferencia frente al promedio del Gobierno Petro cayó a 2,7pp. Estos resultados constituyen una señal de desaceleración en la ejecución que será necesario seguir en los próximos meses para determinar si se consolida un cambio en el ritmo de ejecución bajo la nueva administración.

La Figura 3 muestra que el ritmo de ejecución no ha sido igual entre los distintos tipos de gasto. A septiembre de 2026, el servicio de la deuda registra la mayor ejecución, con 69,8% de los $100,4 billones apropiados para este concepto. Le sigue funcionamiento, con 64,5% de ejecución sobre una apropiación de $365,9 billones. Inversión presenta la menor ejecución, con el 43,8% de $90 billones. Este patrón también se presentó en la ejecución de 2025, aunque todos los conceptos ejecutaron más este año.

Estas diferencias son importantes porque determinan cuánto presupuesto permanece disponible en cada componente considerando el recorte pendiente de $21,9 billones. En funcionamiento todavía quedan $129,8 billones por ejecutar, en inversión $50,6 billones, y en el servicio de la deuda $30,4 billones. No obstante, gran parte del funcionamiento corresponde a obligaciones legales como contratos laborales y leyes, mientras que el servicio de la deuda responde a compromisos de pago ya adquiridos. En inversión, el margen depende del avance y los compromisos de cada proyecto, y con una ejecución global de 43,8% e inferior a los otros dos conceptos, es donde más facilidad hay para mover recursos.

La Figura 4 muestra que el mayor ritmo de ejecución observado en 2026 no se presenta de manera uniforme entre los sectores. La ejecución agregada del PGN sin deuda alcanzó el 60,4% en septiembre, pero existen diferencias importantes tanto en el nivel de ejecución sectorial como en su variación frente al mismo mes de 2025.

Por sectores, observamos que, el Congreso de la República registra el mayor nivel de ejecución con 75,6%, seguido por Educación con 73,1%, y Servicio de la Deuda con 71,6%. En el extremo contrario, Transporte (19,3%), Presidencia (21,6%) y Ciencia, Tecnología e Innovación (33,3%) presentan los menores niveles de ejecución acumulada.

Las diferencias frente a 2025 son aún más marcadas. Algunos sectores aumentaron considerablemente su ritmo de ejecución, de los que destaca Registraduría, con un incremento de 27,8pp, y Deporte y Recreación, con un incremento de 27,7pp que ya es habitual para el sector, pues la brecha con 2025 ha crecido a lo largo del año. También sobresalen Información Estadística con 18pp, Interior con 15,6pp, y Congreso con 13,8pp.

Sin embargo, esta tendencia no es generalizada. Ciencia, Tecnología e Innovación registra la mayor caída frente a agosto de 2025, con una disminución de 33,7pp. Le siguen, con una amplia distancia, Transporte, con una reducción de 11,7pp, Ambiente y Desarrollo Sostenible con 9,3pp, y Cultura con 5,1pp.

Entonces, el hecho de que el PGN esté ejecutándose más rápido que en 2025 no significa que todos los sectores estén acelerando su gasto. El resultado agregado es producto de comportamientos muy diferentes entre ellos, que puede responder a las características de cada presupuesto, prioridades programáticas y a cambios frente a los fenómenos naturales que han ocurrido a lo largo del año.

La Figura 5 muestra el comportamiento del rezago presupuestal, que son las obligaciones de vigencias anteriores que todavía estaban pendientes de pago al comenzar 2026, y permite compararlo con el rezago que se ejecutó durante 2025. La comparación ayuda a identificar si este año el Gobierno está pagando esas obligaciones pasadas más rápido o más lento que el año anterior y entender cuánto gasto pendiente sigue teniendo por cubrir en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. También es importante monitorear el rezago pues la ejecución de este incrementa el déficit fiscal. 

En 2026, el rezago total asciende a $48,4 billones, de los cuales se han pagado $33,4 billones a septiembre, equivalente a una ejecución del 69%. Sin contar el servicio de la deuda, el rezago es de $47,8 billones y se ha ejecutado el 68,7%. En comparación, el rezago de 2025 sin deuda, ajustado a precios de 2026, fue de $58,8 billones y alcanzó una ejecución de 75,6% en el mismo mes.

Este año, funcionamiento acumula un rezago de $21,8 billones y presenta una ejecución de 73,8%, frente a un rezago ajustado de $19,7 billones en 2025 y una ejecución de 75,3%. El servicio de la deuda tiene una ejecución del rezago de 96,4% en 2026 frente el 99,5% en 2025, y su monto es considerablemente menor que el registrado en 2025. En inversión, el rezago de 2026 asciende a $26,1 billones, de los cuales se ha pagado el 64,4%, frente al 75,7% del rezago ajustado de 2025 ($39,3 billones).

La desaceleración del rezago en 2026 puede aliviar temporalmente las necesidades de caja del Gobierno, pues permite disponer de recursos para atender otros pagos en el corto plazo. Sin embargo, las obligaciones pendientes no desaparecen por aplazar su pago y deberán atenderse posteriormente, trasladando las presiones de caja hacia los últimos meses del año o la siguiente vigencia. Por ello, será necesario evaluar conjuntamente la ejecución del presupuesto vigente y el pago de las obligaciones acumuladas para determinar si la desaceleración contribuye al ajuste fiscal o si simplemente aplaza parte de las presiones financieras del Gobierno.

En conjunto, los resultados de la ejecución agregada a septiembre muestran un cambio en la dinámica del PGN. Después de comenzar por debajo del promedio histórico de 2000-2022, la ejecución del gobierno pasado se aceleró hasta alcanzar en julio una brecha máxima de 1,9pp por encima de este referente. Sin embargo, con la llegada de la nueva administración, esta diferencia se redujo 0,7pp entre julio y septiembre, lo que representa una desaceleración frente al comportamiento de los meses anteriores. 

Este cambio ocurre en un contexto en el que el ajuste fiscal pendiente cuenta con un margen limitado para materializarse, debido al avance acelerado de la ejecución presupuestal que ya era cercana al 50% en julio. Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana reiteramos que la desaceleración observada deberá mantenerse para que el ritmo de ejecución sea compatible con el ajuste pendiente y las metas de la nueva administración. Además de considerar qué recursos siguen disponibles y cuáles ya están comprometidos, será fundamental que las decisiones presupuestales permitan materializar los recortes anunciados y avanzar hacia el cumplimiento de las metas fiscales.