Fondo Milagro: ¿la solución a la emergencia o un fondo más para el presupuesto?

Las emergencias de gran magnitud que ha enfrentado Colombia han exigido planificación, recursos adicionales y mecanismos para ejecutarlos. Frente a ellas, los gobiernos han seguido principalmente dos caminos: recurrir a entidades e instrumentos que ya existen o crear mecanismos extraordinarios, entre ellos fondos especiales para administrar los recursos de la emergencia. La experiencia muestra que ninguna de estas opciones garantiza, por sí sola, una atención oportuna. La falta de planeación y la rigidez del presupuesto hacen que, ante un desastre, con frecuencia sea necesario conseguir nuevos recursos y definir mecanismos adicionales para ejecutarlos. En esta entrada analizamos cómo han funcionado estas alternativas, qué diferencias existen entre los fondos creados para atender emergencias y qué implicaciones tienen para el presupuesto, la transparencia y las finanzas públicas.
En los últimos 16 años, seis emergencias de gran magnitud han requerido recursos adicionales. En tres casos se crearon instrumentos nuevos y en los otros tres se utilizaron mecanismos ya existentes. Como muestra la Tabla 1, tras la ola invernal de 2010 se crearon la subcuenta Colombia Humanitaria y el Fondo Adaptación; diez años después, durante la pandemia, nació el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). En cambio, después de la avalancha de Mocoa en 2017 y del huracán Iota en San Andrés en 2020 se recurrió al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), y durante el frente frío de comienzos de 2026 se adicionaron recursos al presupuesto de entidades existentes. La experiencia más reciente es el Fondo Milagro, creado el 9 de septiembre, casi un mes después del terremoto del 10 de agosto. Su creación fue relativamente rápida; el movimiento efectivo de los recursos, como veremos, ha sido más lento.

Para entender los tiempos del Fondo Milagro conviene primero explicar cómo funciona. El Decreto 1379 de 2026 lo creó como un patrimonio autónomo. Una bolsa de recursos separada jurídicamente y destinada exclusivamente a la reconstrucción. No es una entidad pública con funcionarios propios ni opera bajo las mismas reglas generales de contratación de una entidad estatal. Para administrarlo, el Ministerio de Hacienda contrató directamente a Fiducoldex mediante un contrato de fiducia mercantil, a cambio de una comisión fija equivalente a 142 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, Fiducoldex no mantiene físicamente los recursos: el dinero permanece en la Cuenta Única Nacional, la caja central del Tesoro, hasta que corresponde realizar un pago previamente autorizado. Los primeros $624.656 millones se incorporaron al PGN el 17 de septiembre y provienen de un crédito contingente por US$200 millones contratado con el Banco Mundial en 2025 para ser utilizado en caso de desastre.
Aquí es importante precisar que, aunque todos se denominen “fondos”, su naturaleza jurídica y su forma de operar pueden ser muy distintas. El FOME, creado durante la pandemia, era una cuenta administrada directamente por el Ministerio de Hacienda. El Fondo Adaptación, en cambio, es una entidad pública con personería jurídica, capacidad para contratar y planta de personal propia. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Milagro funcionan como patrimonios autónomos administrados a través de fiduciarias. Estas diferencias son fundamentales para entender cómo se toman las decisiones, cómo se contrata y qué tan fácil resulta seguir el recorrido de los recursos públicos.
Estas diferencias no son un simple tecnicismo jurídico. De ellas depende quién decide en qué se gasta, quién autoriza los pagos, qué reglas se utilizan para contratar y dónde puede la ciudadanía consultar el destino final del dinero. Cuando el gasto lo realiza directamente una entidad pública, su ejecución queda registrada en los sistemas presupuestales y sus procesos contractuales deben publicarse conforme a las reglas aplicables. En un patrimonio autónomo como el Fondo Milagro, en cambio, el PGN puede registrar la transferencia al fondo como ejecución presupuestal aun cuando los recursos todavía permanezcan en la caja del Tesoro. A partir de allí, la trazabilidad sobre contratistas, pagos y beneficiarios depende en mayor medida de los mecanismos de información y publicación establecidos para el propio fondo.
La secuencia del Fondo Milagro permite observar esa diferencia entre ejecución presupuestal y desembolso efectivo. El contrato de fiducia se firmó a comienzos de octubre; el Gobierno anunció el inicio de operaciones del fondo el 7 de octubre y su Consejo Directivo se reunió por primera vez el 15, cuando todavía no se habían aprobado los manuales operativos y de contratación. El 23 de octubre se anunciaron hasta $332.102 millones para vivienda, $50.000 millones para demoliciones y $4.600 millones para recuperar negocios. Sin embargo, al revisar el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) encontramos que, desde el 7 de octubre, Hacienda ya había registrado un compromiso por $624.656 millones a favor de Fiducoldex.
Ese registro refleja el compromiso presupuestal asumido por Hacienda para financiar el Fondo, pero no significa que los $624.656 millones hayan llegado a contratistas, constructores o familias damnificadas. Desde ese punto, el detalle de los pagos posteriores deja de observarse con la misma trazabilidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Con la información pública disponible al 5 de noviembre, no encontramos un registro que permita establecer cuánto de esos recursos había llegado efectivamente a los territorios. Por ello, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana advertimos que recurrir a patrimonios autónomos puede generar una ruptura en la trazabilidad del gasto si no existen obligaciones suficientemente detalladas y oportunas de publicación sobre contratos, pagos y beneficiarios finales.
El punto de este análisis no es concluir que crear un fondo nuevo sea mejor o peor que utilizar un mecanismo existente. La experiencia colombiana muestra resultados distintos en ambos casos. En 2010, por ejemplo, el Fondo Nacional de Calamidades había transferido cerca de US$80,7 millones a alcaldías y gobernaciones 36 días después de la emergencia; durante la pandemia de 2020, Ingreso Solidario comenzó a realizar pagos a hogares menos de un mes después de la declaratoria. En contraste, durante el frente frío de 2026, cuando se recurrió a mecanismos existentes, la Contraloría no encontró pagos durante los primeros 127 días posteriores a la declaratoria. La velocidad de respuesta, por tanto, no depende únicamente del tipo de instrumento escogido.
Una de las razones utilizadas para justificar mecanismos extraordinarios es la rigidez del presupuesto. Según estimaciones del Observatorio Fiscal, el gasto flexible del PGN, es decir, aquel que puede reasignarse durante una vigencia pasó de representar el 12,9% del total en 2023 al 9,5% en 2025. El resto está comprometido previamente en rubros como el Sistema General de Participaciones, servicio de la deuda, pensiones, salud, nómina y vigencias futuras, a los que se sumaron $32 billones en rentas de destinación específica en 2025. Con un margen de maniobra tan reducido, responder a una emergencia mediante simples reasignaciones presupuestales resulta cada vez más difícil y aumenta la necesidad de buscar recursos adicionales.

Aquí aparece una paradoja: los fondos pueden ser una respuesta a la rigidez presupuestal, pero también pueden contribuir a aumentarla. La Figura 1 muestra que, entre 2015 y 2024, los giros del PGN hacia fondos extrapresupuestales pasaron de $10,9 billones a $25,7 billones, un crecimiento cercano al 136%. Además, un instrumento creado para responder a una coyuntura puede permanecer durante años si desde su origen no se define una fecha de cierre. El Fondo Adaptación es un ejemplo. Nació en 2010 para reconstruir las zonas afectadas por La Niña, pero el decreto que lo creó no estableció un plazo de terminación y los planes de desarrollo de 2015 y 2019 ampliaron posteriormente su objeto hacia la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. 16 años después continúa recibiendo recursos. La Tabla 2 muestra otros fondos que seguían activos en 2025 y que, en conjunto, pueden contribuir a reducir el margen de flexibilidad futura del presupuesto.

El caso del Fondo Milagro deja una lección que va más allá de esta emergencia. Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana reiteramos al Gobierno y a la ciudadanía que un presupuesto en el que la mayor parte del gasto está comprometida de antemano reduce la capacidad de reaccionar ante eventos inesperados y puede empujar a los gobiernos a crear nuevos instrumentos para conseguir y ejecutar recursos. A su vez, los fondos que nacen sin reglas claras de terminación pueden permanecer en el tiempo, recibir nuevas funciones y contribuir a hacer aún más rígido el presupuesto.
El problema se agrava cuando el traslado de recursos hacia estos mecanismos rompe la trazabilidad entre lo que registra el presupuesto y lo que finalmente reciben contratistas, territorios y damnificados. Romper ese círculo requiere reglas claras para crear fondos: justificar por qué los mecanismos existentes son insuficientes, establecer desde el comienzo condiciones y plazos para su cierre y exigir que cada contrato, pago y beneficiario pueda consultarse con un nivel de detalle equivalente al del resto del gasto público.



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