La ejecución del PGN en febrero de 2026 avanzó a un ritmo cercano al promedio histórico, pese a las exigencias del ajuste fiscal

La ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) en los primeros meses del año ofrece una señal temprana sobre la capacidad del Estado para transformar los recursos aprobados en bienes y servicios para la ciudadanía. Con base en las cifras publicadas por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda, en esta entrada analizamos la ejecución del gasto con corte al 28 de febrero de 2026. 

El PGN 2026 fue aprobado por $546,9 billones, monto que representa el límite máximo de gasto autorizado para la vigencia. Sin embargo, el presupuesto se aprobó con un faltante en su financiamiento que se esperaba cubrir mediante una Ley de Financiamiento por $16,3 billones, que se hundió en trámite legislativo. 

Ante esta situación, el Gobierno declaró primero una emergencia económica y luego una emergencia ambiental para recaudar los ingresos faltantes mediante medidas tributarias extraordinarias. No obstante, el recaudo efectivo de estos impuestos depende de decisiones por parte de la Corte Constitucional. 

Como resultado, en febrero de 2026 el presupuesto se mantuvo en $546,9 billones, pues aún no se habían realizado recortes o aplazamientos del gasto. Esto plantea un reto inmediato para la gestión del gasto durante la vigencia. 

Es importante recordar que la ejecución se mide en el momento de la obligación, porque es allí cuando el gasto se reconoce formalmente y tiene efecto sobre el déficit fiscal. Este momento hace parte del ciclo de ejecución presupuestal, que incluye cuatro etapas: apropiación, compromiso, obligación y pago. 

Figura 1. Ejecución PGN 2000-2026 (corte 28 de febrero)  

La Figura 1 muestra el porcentaje de ejecución acumulada para febrero desde el 2000 hasta la actualidad. Al cierre de febrero de 2026 se habían obligado $68,2 billones, de los cuales se pagaron $66,2 billones. 

Si se excluye el servicio de la deuda, las obligaciones disminuyen a $46,3 billones, lo que representa una ejecución del PGN de 10,4% sobre la apropiación vigente, una cifra muy cercana al promedio histórico, que es de 10,6%.  

A comienzos de este año, el ritmo de ejecución fue 0,9 puntos porcentuales más ágil que en 2025, lo que sugiere una recuperación tras la desaceleración observada desde 2021. Dado que el PGN se divide en gastos de funcionamiento, inversión y deuda, revisamos el comportamiento de la ejecución en cada uno de estos componentes. 

Figura 2. Ejecución funcionamiento PGN 2026 (corte a 28 de febrero)  

La Figura 2 muestra el avance de la ejecución del PGN por tipo de gasto: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. 

El rubro de funcionamiento, que representa la mayor parte del presupuesto, cuenta en 2026 con una apropiación vigente de $358,1 billones. A febrero se habían obligado $41,2 billones, equivalentes al 11,5% del total. El servicio de la deuda pública tiene en 2026 una apropiación de $100,4 billones. A febrero se habían obligado $21,9 billones, lo que representa 21,8% del total. 

Por su parte, el rubro de inversión muestra la menor velocidad de ejecución al inicio del año. Para 2026 cuenta con una apropiación de $88,4 billones. A febrero se habían comprometido $38,5 billones, pero las obligaciones apenas alcanzan $5,1 billones, es decir, 5,8% del total apropiado. 

Este patrón es común en los primeros meses del año por el pago del rezago presupuestal acumulado y porque la inversión requiere procesos previos de planeación, contratación y puesta en marcha de los proyectos. La brecha entre compromisos y obligaciones indica que muchos proyectos aún se encuentran en etapas tempranas de ejecución. 

Figura 3. Ejecución por sectores (de mayor a menor).  

La Figura 3 muestra cómo avanzó la ejecución del presupuesto en febrero según los distintos sectores. 

En los primeros lugares aparecen Relaciones Exteriores (16,0%), Educación (14,4%), Salud y Protección Social (13,3%), Ambiente y Desarrollo Sostenible (13,2%) y la Fiscalía (13,1%), todos con un ritmo de ejecución superior al total promedio. Esto se explica porque concentran gastos permanentes del Estado o recursos destinados a servicios públicos esenciales, lo que permite que los recursos se ejecuten más rápido desde el inicio del año. 

Un segundo grupo de sectores presenta niveles de ejecución cercanos al promedio del presupuesto. Allí se encuentran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (12,2%), Defensa y Policía (11,9%), Inteligencia (10,3) y Rama Judicial (9,5%). Aunque varios de estos sectores manejan montos importantes de inversión, esta no es la mayor parte de sus recursos. Por ello combinan gastos de funcionamiento con avances iniciales en proyectos, lo que mantiene un ritmo de ejecución moderado. 

En la parte baja se ubican Trabajo (3,7%), Cultura (3,3%), Agricultura y Desarrollo Rural (3,1%), Vivienda, Ciudad y Territorio (2,7%), Deporte y Recreación (2,5%) y Ciencia, Tecnología e Innovación (1,0%). Estos sectores dependen en mayor medida de la ejecución de proyectos y programas de inversión, lo que explica su menor avance durante los primeros meses del año. 

En conjunto, estos resultados reflejan el patrón típico del ciclo presupuestal: los sectores con mayor peso de gasto de funcionamiento tienden a ejecutar más rápido al inicio del año, mientras que aquellos con mayor participación de inversión registran avances más graduales a medida que avanzan los procesos de planeación y contratación. 

Figura 4. Ejecución del rezago presupuestal (corte a 28 de febrero)  

La Figura 4 muestra el avance en la ejecución del rezago presupuestal constituido al cierre de 2025, el cual asciende a $48,4 billones entre reservas presupuestales y cuentas por pagar. A febrero se han pagado $19,5 billones, lo que representa 39,2% del total. Este rezago corresponde a compromisos adquiridos en la vigencia anterior que deben completarse financieramente en 2026.  

El pago de estas obligaciones genera presiones sobre la caja del presupuesto actual, ya que los recursos deben atender simultáneamente compromisos del año en curso y obligaciones pendientes de vigencias anteriores. 

En un contexto marcado por presiones fiscales crecientes, medidas extraordinarias para asegurar ingresos y el desarrollo paralelo del ciclo electoral, la trayectoria de la ejecución del PGN adquiere una relevancia particular. La forma en que se materialice el gasto en los próximos meses no solo incidirá en el comportamiento del déficit, sino que también revelará las prioridades del gobierno saliente y los márgenes de sostenibilidad fiscal con los que iniciará la próxima administración.  

El ritmo de ejecución observado en los primeros meses del año introduce dudas relevantes sobre la viabilidad del ajuste del gasto planteado en el Plan Financiero recientemente publicado. Aunque la ejecución a febrero de 2026 se ubica en niveles cercanos a su promedio histórico, esta dinámica es difícil de compatibilizar con una reducción del gasto de la magnitud proyectada para el año. En ausencia de señales tempranas de contención, el comportamiento observado sugiere que el gasto continúa ejecutándose bajo inercias similares a las de años anteriores. 

La consolidación fiscal proyectada para 2026 depende de un ajuste exigente del gasto primario (1,7% del PIB), en un contexto de crecimiento moderado y presiones estructurales persistentes sobre las finanzas públicas. En este escenario, mantener un ritmo de ejecución alineado con patrones históricos no solo dificulta la materialización del ajuste, sino que pone en entredicho la consistencia entre las metas fiscales y la dinámica efectiva del gasto. La evolución de la ejecución y el pago del rezago presupuestal en los próximos meses será clave para determinar si el ajuste anunciado es operativo o si, por el contrario, se trata de una trayectoria fiscal difícil de materializar en las condiciones actuales. 

Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana continuaremos monitoreando la evolución de estas cifras, con especial atención a cómo la ejecución presupuestal incide en las presiones sobre el déficit, y en lo que esta dinámica revela sobre las prioridades de gasto en un entorno de crecientes restricciones fiscales e incertidumbre política.