Impuestos anticipados: ¿Corrección técnica o parche fiscal?

A comienzos de abril, el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que modifica las tarifas de retención y autorretención en la fuente aplicables a una amplia gama de actividades económicas. En el papel, se presenta como un ajuste técnico a la normativa vigente. Pero en el contexto fiscal actual —con menor recaudo, mayores presiones de gasto y poca claridad sobre el rumbo tributario— es difícil no leer esta propuesta como un nuevo movimiento improvisado en una política fiscal cada vez más errática, el cual busca mejorar las finanzas públicas a costa de la liquidez de personas naturales y jurídicas. 

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta es la sustitución del artículo 1.2.6.8 del Decreto 1625 de 2016 (que ya había sido modificado por el Decreto 242 de 2024). Nuevamente, el cambio se da con el fin de modificar las tarifas de “autorretención especial” a título del impuesto sobre la renta y complementarios. Esta autorretención está a cargo de las personas jurídicas exoneradas de realizar aportes en salud, ICBF y SENA. 

Las nuevas tarifas oscilan entre el 0,55% y el 4,5%, dependiendo de la actividad económica. 

Varias actividades de los sectores agropecuario y comercial experimentan un alza en la tarifa pasando del 0,55% al 1,2%, mientras actividades relacionadas con servicios profesionales, y ciertos sectores de la construcción dejarían sus tarifas del 1,1% para asumir un 3,5%. En el caso de actividades como la extracción de carbón, petróleo, gas natural, suministro de energía y tratamiento de residuos la nueva tasa sería del 4,5%. Esta diferenciación supone una reconfiguración sustancial del mecanismo de autorretención que, aunque puede tener efectos positivos en términos de alineación sectorial, se presenta sin un diagnóstico técnico público que justifique los cambios, sin estudios de impacto fiscal, ni sobre la probabilidad de cierre de las empresas y sin evidencia que respalde su urgencia. 

Además de la tabla incluida en el artículo mencionado, el Decreto modifica algunas bases mínimas y tarifas de retención. Por ejemplo, en la compra de productos agrícolas sin procesamiento industrial, café pergamino o cereza, se mantiene una tarifa reducida, pero se disminuye la base mínima de 160 a 70 UVT. También se ajusta la retención en la adquisición de bienes raíces, reduciendo el umbral de 20.000 a 10.000 UVT para aplicar una tarifa del 1% en la compra de vivienda, mientras que el exceso será gravado al 2,5%. Se disminuyen también los montos mínimos de retención para servicios (de 4 a 2 UVT) y para otros ingresos tributarios (de 27 a 10 UVT). Estos cambios amplían significativamente los pagos sujetos a retención. 

En su exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda cita un estudio elaborado por la Dirección General de Política Macroeconómica que busca justificar la medida a partir del comportamiento reciente de la economía y de las brechas entre autorretención e impuesto efectivamente causado. Se argumenta que en varios sectores la autorretención representaba menos del 20% del impuesto final, lo cual habría generado un costo de oportunidad para el Estado al anticipar menos recursos de los que correspondían. A esto se suma la afirmación de que las condiciones económicas han mejorado y que existe liquidez suficiente en el aparato productivo para soportar un mayor esfuerzo en la fase anticipada del impuesto. 

Pese a estos argumentos, el decreto no viene acompañado de un análisis técnico riguroso que permita evaluar si esas brechas eran efectivamente un problema generalizado, ni de un marco normativo que explique por qué ahora, y no antes o después, se decide ajustar. Lo que sí se conoce es que el Ministerio de Hacienda calcula que mediante este mecanismo se recaudarían unos $6,5 billones en 2025, una cifra clave para las metas de caja del Gobierno y que representa casi la mitad de los recursos que se esperaban con la fallida Ley de Financiamiento de 2024. La magnitud del recaudo esperado por esta vía muestra que el gobierno está buscando encontrar los ingresos que le fallaron en sus pronósticos pasados. Sin embargo, los efectos de esta medida pueden ser muy negativos para los flujos de caja de los contribuyentes. 

 Aumentar las tarifas de autorretención sin una estrategia de fiscalización paralela tampoco garantiza una mejora real del recaudo. Si a pesar de las nuevas tarifas el recaudo del impuesto permanece por debajo del impuesto causado, o si se amplía la base pero no se fortalece la verificación, parte del esfuerzo se perderá en etapas posteriores del proceso tributario Por el lado de los contribuyentes, los constantes ajustes normativos complican la planeación financiera, generan incertidumbre y erosionan la cultura de cumplimiento, especialmente cuando los cambios no vienen acompañados de una narrativa clara o de criterios técnicos consistentes. 

En términos operativos, la medida también plantea riesgos. Las retenciones y las autorretenciones en la fuente son mecanismos que en Colombia se han entendido como claves para asegurar el recaudo continuo y anticipado del impuesto sobre la renta.  No obstante, si los problemas de caja se solventan adelantando impuestos de ingresos futuros, hogares y empresas terminan afectando su liquidez en el presente, lo que genera presiones adicionales de endeudamiento o recortes en inversión y consumo. 

Esto ya ha pasado: en 2023 el recaudo aumentó, pero en 2024 la presión de las autorretenciones terminó afectando la disponibilidad de recursos. Volver a subir los anticipos puede generar un pico temporal en los ingresos, seguido de una nueva caída y mayores dificultades fiscales. 

La política tributaria no puede seguir reducida a una secuencia de decretos fragmentados y ajustes por sectores. En lugar de avanzar hacia un sistema más transparente y progresivo, lo que se observa es una tendencia hacia medidas parciales sin articulación, que alimentan la percepción de improvisación y debilitan la credibilidad de la política fiscal. Este nuevo decreto —por su momento, su forma y su contenido— confirma esa tendencia. 

Y ya sabemos lo que pasa cuando se sobreestima la capacidad de estos mecanismos para cerrar la brecha fiscal: en 2023, gran parte del impulso del recaudo vino precisamente de la autorretención. La caída posterior del ingreso en 2024 dejó en evidencia que, sin una base sólida de mayor base gravable, de cumplimiento estructural y sin proyecciones realistas, las medidas de anticipación pierden efectividad en el tiempo. Volver a apostar por este mecanismo sin rediseñar el sistema tributario solo agrava los errores recientes y sacrificará el futuro por mayor recaudo en 2025. 

Desde el Observatorio Fiscal, consideramos que este tipo de medidas, adoptadas sin una planeación de largo plazo y sin diagnóstico técnico visible, comprometen la estabilidad fiscal de forma innecesaria. Si lo que se busca es una política tributaria más justa y eficiente, el camino no puede ser el de seguir tocando retenciones sin explicar por qué, para quién y con qué impacto. No se trata de calibrar un porcentaje más o menos, sino de construir una visión tributaria coherente, comprensible y sostenible. De lo contrario, lo que se reduce no es solo la retención en la fuente: es la capacidad del Estado para sostenerse con legitimidad, pues los contribuyentes verán disminuida su liquidez para sostener a un Estado que se mantiene inestable en su gasto.