El Gobierno nacional no puede contarle detalladamente a la ciudadanía los costos asumidos para el proceso de vacunación debido a las cláusulas de confidencialidad exigidas para iniciar las negociaciones. Sin embargo, sí es posible saber cuál es el monto total de los recursos destinados para ello. A la fecha, vamos en $3 billones de pesos.
El Gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con el objetivo de centralizar los recursos necesarios para atender las necesidades causadas por la pandemia. Lo hizo mediante el Decreto 444 de 2020. El uso de los recursos de este fondo se presenta en el portal Medidas Covid de la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Allí se expone cuántos recursos se han destinado, comprometido y pagado en cada uno de los sectores a través de los cuales se ha llegado a la población. Estos son: agricultura, comercio, industria y turismo; cultura, defensa, educación, hacienda, inclusión social, justicia, minas y energía, presidencia, relaciones exteriores, salud, trabajo y vivienda.
Una de las secciones más importantes del portal es la sección Presupuesto Emergencia Covid - 19, en la que que se presentan todos los decretos y resoluciones mediante las cuales se han realizado los traslados de recursos de este fondo, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hacia las entidades que los va a ejecutar.
En el siguiente cuadro se presenta un listado de las instituciones que han recibido traslados desde el FOME, su magnitud y el número de traslados realizados.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Elaborado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
Las entidades que más traslados han recibido son el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El DPS centraliza las principales transferencias económicas realizadas durante la emergencia: Ingreso Solidario, devolución del IVA y transferencias extraordinarias a los beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
Por su parte, la UNGRD está encargada de atender diversas necesidades de la salud pública, incluyendo las compras de ventiladores, equipos de protección personal, las vacunas, entre otros.
Aparte de estas instituciones, el Ministerio de Hacienda ha ejecutado más de 6 billones de pesos para el programa Ingreso Solidario, los programas de apoyo a la nómina (Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, y el Programa de Apoyo a la Prima, PAP) y garantías de crédito. La disposición de los recursos empleados por el Ministerio de Hacienda se presenta en el Portal de Transparencia Económica y no hace parte de alguna resolución porque estos recursos se ejecutan directamente desde el Ministerio.
En el Observatorio Fiscal hacemos un seguimiento mensual de los recursos transferidos desde el FOME y lo presentamos para consulta de la ciudadanía en nuestra página web. A partir de este ejercicio hemos identificado los traslados realizados para la adquisición de las vacunas. Dichos traslados se presentan en el siguiente cuadro:
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Elaborado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
En las resoluciones 1785 y 1931 se destinaron $0,8 billones para la alianza Gavi-Covax; en la 2327, $0,4 billones para Pfizer; y en la 2461, $0,3 billones para AstraZeneca. Así mismo, en la resolución 0209 se destinaron $0,4 billones para Janssen y Sinovac. Finalmente, según lo detalla la resolución 0233, se destinaron $1.1 billones para la vacuna de la compañía Moderna.
En total, el Estado colombiano ha destinado un poco más de $3 billones de pesos en la adquisición de seis vacunas. Esto equivale a unos 60 mil pesos (o 17 dólares) por colombiano.
En momentos en los que aumenta la expectativa sobre el inicio de la vacunación en el país, conviene que la opinión pública conozca los valores que se han dispuesto para este propósito. Aunque resulta comprensible que no se divulguen los detalles de negociaciones confidenciales, los detalles acerca de la disposición, el uso y la destinación de los recursos públicos debe ser clara, transparente y estar disponible para todos los ciudadanos.