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Una primera reflexión acerca de la reforma pensional que se está cocinando

En Colombia funcionan simultáneamente dos regímenes pensionales. Un régimen de reparto administrado por Colpensiones (público) y otro de ahorro individual administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP (privado). Debido a las dificultades que hay alrededor de la protección a la vejez en el país, el Gobierno nacional ha anunciado una reforma que afecta el funcionamiento de estos dos regímenes.

La reforma pensional del presidente Gustavo Petro busca otorgar medio salario mínimo a los adultos mayores que no reciben pensión. Los beneficiarios de este subsidio serían entre 3 y 5 millones de adultos mayores, con un costo entre los $18 y los $30 billones al año, dependiendo de los requisitos adicionales para acceder al subsidio. No hay duda de que esta reforma persigue un propósito loable. La discusión gira en torno a cómo financiar esta propuesta y cuáles son sus efectos sobre nuestras finanzas públicas.


Para financiar este subsidio, el Gobierno propone que todas las cotizaciones por debajo de los 4 salarios mínimos se destinen a Colpensiones. Esta entidad utilizará ese flujo de cotizaciones para pagar las pensiones del régimen público. Dado que con la reforma el gobierno no tendría que cubrir el déficit de Colpensiones, el gobierno liberaría recursos para pagar el subsidio de medio salario mínimo a los adultos mayores que no estén pensionados.


Los trabajadores formales cotizan $25 billones al régimen privado de pensiones y casi $15 billones al régimen público cada año. Dado que el 96% de los trabajadores gana menos de 4 salarios mínimos, la propuesta del Gobierno haría que casi la totalidad del flujo de cotizaciones vaya a Colpensiones. Este flujo sería suficiente para cubrir las pensiones por las cuales responde Colpensiones, las cuales hoy en día ascienden a menos de $40 billones anuales. Actualmente, estas pensiones son financiadas por casi $15 billones de cotizaciones, $10 billones de traslados de personas desde el régimen privado al régimen público y más de $15 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN).


Con la reforma, casi la totalidad de cotizaciones irían a Colpensiones. Colpensiones recaudaría casi $40 billones anuales de cotizaciones de ser aprobada la reforma. Esto liberaría los $15 billones que el gobierno le gira a Colpensiones a través del PGN. Sin embargo, este dinero no se transformaría en ahorro público. Presumiblemente se destinaría a financiar el subsidio de medio salario mínimo para los adultos mayores no pensionados.


Pese a lo anterior, el aspecto problemático de esta propuesta radica en que simultáneamente el gobierno debe comprometerse a pensionar al resto de trabajadores que cumplan con los requisitos de edad y semanas cotizadas. Este problema sólo aparecerá en el largo plazo, cuando la población envejezca y cuando las personas que hubiesen sido pensionadas por el régimen privado ahora tendrán que ser pensionadas por Colpensiones.


Finalmente, hay que tener en cuenta que casi la totalidad del flujo anual de $25 billones destinados al régimen privado ahora irían a Colpensiones. Hoy en día, esos $25 billones se suman a un stock de ahorro sobre el cual se obtienen unos rendimientos financieros que ayudan a financiar la pensión de las personas vinculadas al régimen privado. Actualmente, el stock de ahorro asciende a casi $350 billones de pesos. Este stock aumenta a través de los rendimientos financieros y del flujo de cotizaciones al régimen privado. Sin embargo, el stock disminuye a medida que se pagan las pensiones del régimen privado. Con la reforma, el flujo de $25 billones anuales destinados al ahorro prácticamente desaparecería. Por lo tanto, si desaparece el flujo de cotizaciones al régimen privado, el stock de ahorro comenzaría a disminuir. Las consecuencias macroeconómicas de la disminución del ahorro, en un contexto donde el país –año tras año–, se ha venido endeudando en el exterior, no dejan de ser inquietantes.


Coda: La eterna discusión entre las AFP y Colpensiones hará que los regímenes especiales pasen de agache, siendo ellos más onerosos para el Estado que Colpensiones.


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