En la actualidad realizamos actividades diariamente que implican cierto nivel de riesgo. La prestación del servicio de energía eléctrica es una actividad riesgosa, trabajar es una actividad riesgosa, viajar en avión, andar en bicicleta, entre otras. En síntesis, todos los ciudadanos estamos expuestos a un sinnúmero de riesgos, entre ellos, la accidentalidad vial.
Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte entre los 5 y los 29 años a nivel mundial según la OMS. Con corte a noviembre del 2022, en el país habían fallecido 7.399 personas por esta causa y otras 26.245 resultaron lesionadas.
La atención a las víctimas de accidentes de tránsito recarga nuestro sistema de salud generando presión sobre nuestras finanzas públicas. Por esta razón, contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT es uno de los requisitos para transitar por las vías del país conduciendo un vehículo automotor.
Este seguro funciona como una bolsa común que garantiza que haya recursos para la atención de las víctimas de accidentes de tránsito. Las coberturas de este seguro están establecidas por Ley e incluyen gastos médicos, gastos por muerte farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos, movilización, entre otros.
Las tarifas del SOAT son fijadas anualmente por la Superintendencia Financiera. Para este año, las tarifas aumentaron un 11.7% con respecto al año anterior. Sin embargo, el Gobierno determinó que, para 14 categorías de vehículos, el valor a pagar será únicamente del 50% del total. Este descuento es, en la práctica, un subsidio.
Esta medida beneficia a cerca de 10 millones de vehículos que representan aproximadamente el 60% del parque automotor del país entre motocicletas de hasta 200 cm cúbicos, taxis, buses, busetas, vehículos de transporte público urbano e intermunicipal.
Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideramos que este subsidio, pese a tener una finalidad loable (reducir la evasión en la adquisición del SOAT), tiene serios problemas de focalización, pues se otorga sin distinción del nivel de ingreso del beneficiario, de hecho, algunos vehículos incluidos en la medida tienen valores comerciales altos o pertenecen a empresas que prestan el servicio público de transporte.
En segunda medida, las motos son el tipo de vehículo con mayor siniestralidad en el país, por ende, se estaría subsidiando a quienes generan mayor presión sobre los recursos destinados a las víctimas de accidentes de tránsito.
Por otro lado, el diseño de este subsidio podría tener un impacto negativo en nuestras finanzas públicas. Explicaremos esto de forma sencilla: en caso de un accidente de tránsito, la entidad aseguradora responde por las coberturas hasta cierta suma de dinero. Con este descuento, el valor asegurado disminuye a menos de la mitad. En consecuencia, cuando se trate de accidentes de tránsito en donde se vea involucrado algún vehículo beneficiario de la medida, el valor asegurado será menor y quien responderá por el excedente será nuestro sistema de salud.
Lo anterior quiere decir, que con los impuestos que pagamos todos, independientemente de si tenemos vehículo o no, se cubrirán los riesgos asociados a la movilidad vial. En otras palabras, la financiación de este subsidio se hará con los recursos del PGN y costará aproximadamente $2 billones, lo que representa el 10% de la recién aprobada reforma tributaria.
Finalmente, el descuento en el precio del SOAT parece haber tenido un efecto en la adquisición de este seguro. Según Fasecolda, un mes después de haberse implementado la medida la adquisición del SOAT incrementó en un 48%. Sin embargo, quedan dudas sobre si la reducción en la evasión del pago podrá compensar en el mediano plazo la disminución de los recursos disponibles para la atención integral a víctimas de accidentes de tránsito causada por el descuento en la tarifa.