Además de una chiva, una burra negra, una yegua blanca y la variante ómicron, 2021 nos dejó nuevas preguntas sobre la forma en que se reporta el gasto público en nuestro país.
A pesar de que leyes como la de Transparencia y Acceso a la Información tienen ya casi una década de expedidas, saber exactamente cómo y en qué se gasta la plata de todos sigue siendo realmente difícil.
La reforma tributaria de 2021, aprobada en septiembre pasado, estableció en su artículo 63 una adición de 10,9 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación del año pasado. Se trata de casi 11 millones de millones de pesos que se gastaron en menos de tres meses, pero, ¿exactamente en qué? Nos dimos a la tarea de indagar el asunto y no pudimos encontrar su destino específico, peso por peso.
La denominada ley de inversión social tiene su espacio en la página web del Ministerio de Hacienda. Allí, además de recursos informativos sobre el contenido de la iniciativa, también es posible encontrar un trazador con información sobre el debate legislativo.
A partir de la información publicada es posible inferir –más no saber con certeza– la destinación de la mayoría de los recursos. En la reforma se exponen las entidades que recibieron recursos, pero no se estableció un plan de gasto específico, peso por peso.
En la ley se lista una serie de políticas (también señaladas en la página web) destinatarias de recursos. Se trata de los incentivos a la creación de nuevos empleos para jóvenes y mujeres; el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF); la línea del PAEF para empresas afectadas por hechos relacionados con el paro nacional de 2021; el programa de matrícula cero en universidades públicas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3; y el programa Ingreso Solidario.
El abecé de la reforma señala algunos montos de gasto que, vistos en línea con las políticas que señalamos antes, permiten inferir los flujos de gasto. Ingreso Solidario, por ejemplo, costó 2,9 billones de pesos en 2021, mientras que este año costará 7,2 billones.
Por su parte, el programa de generación de empleo costó 174.000 millones de pesos, y este año costará 982.000 millones; en 2023 serán 278.000.
El programa de matrícula cero costará 700.000 millones anuales, mientras que el PAEF tiene un valor que asciende a 1,5 billones de pesos (el costo fiscal de los apoyos del PAEF respecto al paro nacional no se ha señalado). Adicionalmente, se infieren gastos por el apoyo a los sistemas de transporte masivo.
La información sobre el destino previsto para este dinero varía dependiendo de la etapa legislativa que se observe. El proyecto de ley de reforma tributaria, por ejemplo, mencionaba en su artículo 33 una adición de 10,5 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación vigente (es decir, el de 2021), la cual estaría destinada en su totalidad al Ministerio de Hacienda. La plata provenía casi en su totalidad de recursos de capital de la Nación, más un porcentaje marginal de fondos especiales de la Nación.
Al observar la exposición de motivos de la iniciativa, se puede encontrar la mención al Ministerio de Hacienda, así como del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Congreso de la República. No aparece listada ninguna otra entidad.
No obstante, en el texto aprobado por el Congreso aparecen destinaciones específicas para los recursos a otras entidades. Si bien esto permite hacer una aproximación a los planes de gasto, no permite conocer con qué criterio se hizo la repartición.
Y es que, si bien no sucedieron cambios estructurales en las fuentes de ingresos (sino cambios en los gastos) en el listado de entidades ya no aparecen solo el Ministerio de Hacienda, el DPS y el Congreso de la República. Figuran, por ejemplo, los ministerios de Salud, Trabajo, Interior, Agricultura, Educación, Transporte, Cultura y Vivienda; así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Vías, el Fondo Nacional de Vivienda y la Policía Nacional. En el listado también se incluyen el Ministerio del Deporte y la Autoridad Nacional de Pesca.
La dificultad para conocer el plan para la distribución y gasto de esos casi 11 billones de pesos ejemplifica una tendencia que se ha observado en la discusión legislativa de otras iniciativas de orden económico: como no se publican con claridad las proposiciones presentadas por los congresistas, no es posible saber con qué criterio o basados en qué argumentos se proponen (y terminan aprobando) cambios en los planes presupuestales.
Este nivel de opacidad no implica que haya un manejo indebido de los recursos, pero plantea interrogantes sobre las razones por las cuales no se pone a disposición de la ciudadanía toda la información. De hecho, es posible que la información precisa de los planes de gasto esté disponible en algún lugar de acceso público. Lo cierto es que no aparece en la en la página web originalmente dispuesta con el objetivo de difundir información ni se expuso en las declaraciones oficiales del ministro de Hacienda que alcanzamos a constatar.
Conviene anotar que estas consideraciones no implican una evaluación general de toda la reforma tributaria de 2021. Si quieren conocer nuestro análisis al respecto, los invitamos a visitar este enlace.