¿Quién debe asumir el mayor peso de la próxima reforma tributaria?

La reforma tributaria –como lo evidencia la realidad fiscal del país– es una necesidad inaplazable. Su contenido, sin embargo, tendrá que definirse no solo en virtud de criterios técnicos, sino que deberá también tener en cuenta la economía política del país y tomarle el pulso social al país.

A medida que los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República le cuentan a la ciudadanía sus propuestas en materia fiscal y tributaria, es necesario que la gente se empape sobre estos temas, entienda las implicaciones de los eventuales cambios, y decida a partir de datos, cifras y hechos comprobables.


Ciertamente, hay aspectos de la política tributaria que interesan en mayor medida a las personas. La posibilidad de que haya cambios en el IVA, por ejemplo, toca a un grupo más grande de personas que temas como la forma en que tributan los grandes capitales. Tiene sentido: es más la gente que compra papas y huevos, y menos la que vive de las rentas. A pesar de ello, es importante que cada vez más personas estén al tanto de la conversación tributaria.


Más información, más pedagogía y mayor transparencia: esa es la fórmula para que ningún político le eche cuentos a la gente, y las decisiones electorales se tomen de mejor forma. Ese es uno de los propósitos de la Encuesta Polimétrica sobre temas tributarios que sacamos adelante desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana con la Fundación Fescol y la firma Cifras y Conceptos.


¿Qué encontró el estudio? Uno de los hallazgos más llamativos es que el 79 por ciento de las personas encuestadas manifestó no estar dispuesto a pagar un IVA más alto en alimentos. Además, entre el 68 y 72 por ciento de los encuestados se manifestó en desacuerdo con subidas del IVA a educación, salud, transporte y servicios públicos.


El interés que genera el IVA está plenamente justificado. Un exdirector de la DIAN aseguró en 2020 que las gabelas respecto a ese impuesto le cuestan al país 75 billones de pesos cada año. De ahí el interés –particularmente el del actual gobierno– por tocar el IVA en sus reformas tributarias. Eso sí, como lo indica la experiencia reciente, se ha buscado poner IVA en puntos en los que no se cobra, en lugar de tocar las exenciones tributarias.


Como lo venimos señalando, el gobierno que se iniciará el próximo 7 de agosto –cualquiera sea su orientación ideológica– tendrá que caminar una delgada línea para lograr mayorías legislativas y niveles satisfactorios de diálogo con sectores sociales, políticos y económicos. Haciendo esas maromas de equilibrismo tendrán que sacarse adelante reformas tan importantes y urgentes como la nueva tributaria.


Como lo demuestra la historia reciente del país y lo ratifica el pulso ciudadano reflejado por la Encuesta Polimétrica, hablar de cambios al IVA no es taquillero ni viable en términos políticos. Así las cosas, habrá que echar mano de otros puntos del espectro fiscal y tributario del país. Habrá que tocar puntos que no son tan visibles para la ciudadanía, pero que no por ello dejarían de tocar sensibilidades para sectores productivos, sociales y ciudadanos.


Por ello, en esta ocasión queremos invitar a quienes nos leen a darle una nueva mirada a algunos resultados de la Encuesta Polimétrica que pudieron pasar un tanto desapercibidos en la lectura que hicieron medios de comunicación y ciudadanos, pero que hablan de asuntos que muy seguramente el país tendrá que abordar en los próximos meses.


La Encuesta les contó a las personas consultadas que el Estado colombiano tiene gastos anuales de 350 billones de pesos. De ellos, 68 billones van cada año al pago de deuda. Esto puede asimilarse al pago de la tarjeta de crédito, solo que en este caso la deuda crece y crece. El país no puede seguirse endeudando –esto es, aumentando su nivel de déficit– y necesita aumentar sus ingresos tributarios.


Preguntados sobre temas tributarios relacionados con pensiones, se encontraron datos como los siguientes: el 52 por ciento de las personas consultadas no está de acuerdo con eliminar las rentas exentas que reciben las Administradoras de Fondos de Pensiones –que cuestan 555.000 millones de pesos al año–.


En cuanto al beneficio que se recibe cuando el ahorro pensional genera rendimientos, y que cuesta anualmente cerca de 2,3 billones de pesos, el 82 por ciento de las personas dijo no estar de acuerdo con su eliminación.


Una porción bastante amplia de personas también se expresó contra la eliminación del beneficio que se recibe al pensionarse o retirar el ahorro pensional. El 82 por ciento de las personas no está de acuerdo con que sea eliminado. Lo mismo ocurre con la posibilidad de quitar el beneficio que se recibe al ahorrar para la pensión. Solo un 16 por ciento de las personas consultadas está de acuerdo con su eliminación.


Seguiremos analizando las impresiones de la ciudadanía sobre el panorama tributario. Resulta innegable que la posibilidad de que, en el marco de una reforma tributaria, se toque el bolsillo de las personas que viven de su trabajo es algo que sigue –con razón– poniéndole los pelos de punta a una porción mayoritaria de la ciudadanía.


De nuevo: sin importar quién gane las elecciones presidenciales, la mayor parte del peso de la próxima reforma tributaria no debe ponerse sobre las rentas laborales ni sobre la clase media. Deben ser las personas de mayores ingresos del país las que asuman una mayor carga tributaria.