“Las recomendaciones de la OCDE son eso: recomendaciones”. Con estas palabras, el presidente de la República descartó la posibilidad de hacer caso al consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el sentido de adelantar en el país una nueva reforma tributaria.
La reticencia de la saliente administración tiene sentido: además de que le quedan menos de seis meses en la Casa de Nariño, el país está en modo campaña. Al día de hoy, es más factible que la Selección Colombia clasifique al Mundial de Catar que ver al actual Congreso –que termina su periodo el 20 de julio– metiéndole el diente a una reforma tributaria.
El ‘chicharrón’ le quedará, pues, al próximo gobierno. Hacer una nueva reforma tributaria que permita asegurar la estabilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo –garantizando condiciones estables para la generación de empleo y la reversión del impacto de la crisis del covid en términos de pobreza, capacidad adquisitiva y bienestar social– parece una movida inevitable.
César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, lo puso en estos términos hace un par de semanas: “Lo que sucedió durante el mandato de Duque es muy simple: impulsaron 3 reformas tributarias para bajar los impuestos a las empresas y los grandes capitales y que tuvieron como efecto debilitar el recaudo tributario”.
Y agregó: “En eso llegó la pandemia, que obligó a un aumento importante de gasto público que tuvo que ser atendido con un aumento desmesurado de la deuda pública. Para paliar la situación el actual Ministro de Hacienda presentó una reforma que intentó corregir algunos de los grandes fallos de las anteriores. El resultado: unas finanzas públicas en estado crítico con un nivel de deuda en niveles difíciles de sostener”.
Como lo venimos reseñando, la mayoría de los candidatos y precandidatos presidenciales coinciden en la necesidad de llevar al Congreso una nueva reforma. Las diferencias, por supuesto, giran en torno a cómo hacerla y en dónde poner el énfasis del nuevo recaudo.
A este tema también se refirió el presidente de la República. Defendiendo su reforma de 2019 –la cual concedió gabelas tributarias a los grandes capitales y terminó por abrir un hueco de 9 billones de pesos en las finanzas públicas– aseguró que “hay que tener mucho cuidado con muchas propuestas (…) que quieren reversar esas medidas, y lo que lograrían (…) es volver a aumentar el nivel de tributación de empresas y, si eso ocurre, afectaría la implementación de empleo”.
Pero, ¿a qué viene la OCDE en esta historia? La organización, a la cual Colombia ingresó en mayo de 2018, publicó un informe en el que recomienda una serie de reformas estructurales orientadas a potenciar la protección social, las finanzas públicas y la productividad en el contexto de la recuperación, pasada la crisis del covid.
Las recomendaciones están contenidas en el estudio económico de Colombia para 2022, titulado Hacia una recuperación más sostenible.
Entre los principales hallazgos del documento se encuentran que la deuda pública tendrá, con carácter permanente, un nivel más alto que el de antes de la pandemia, reduciendo el margen fiscal para reaccionar ante impactos negativos; que los ingresos fiscales son insuficientes para financiar las demandas sociales y la inversión pública; que las elevadas contribuciones sociales sobre el trabajo frenan la creación de empleo formal; y que los programas de asistencia en materia de ingresos están muy fragmentados.
Entre las recomendaciones para hacer frente al panorama que se describe, se plantea, por ejemplo, un mayor recaudo por cuenta del impuesto de renta de las personas, reduciendo el umbral a partir se empieza a pagar; y una reducción del alcance de los gastos tributarios en el IVA. De igual forma, se plantean recomendaciones que implicarían reformas adicionales a una tributaria, como un desplazamiento progresivo de la carga de financiamiento de la protección social hacia los recursos de tributación general con el fin de reducir la presión fiscal sobre los ingresos laborales, así como la fusión de los dos sistemas públicos de salud en uno que se financie con recursos de tributación general. También se plantea la fusión de los distintos programas de transferencias monetarias en uno solo.
Como lo señala la OCDE, aumentar el recaudo tributario en nuestro país es una necesidad inmediata. En nuestro análisis sobre el informe de la comisión de expertos tributarios señalamos, entre otros, la gran utilidad que tendría que los dividendos y las ganancias ocasionales tributasen a tasas iguales que los ingresos salariales –esto es, que quienes ‘viven de la renta’ paguen la misma proporción de impuestos que quienes viven de sus sueldos, algo que no pasa hoy–.
El punto, de nuevo, no es el qué, sino el cómo. Y el cuándo.
Las recomendaciones de la OCDE, netamente técnicas, no toman en cuenta la economía política del país. Por un lado, estamos en época de elecciones. Aún quienes hablan de frente sobre una reforma tributaria, procuran cuidarse de no ahondar demasiado en un tema espinoso. No es un tema menor.
Por otro lado, hablar de aumentos de impuestos que recaigan en los hombros de las personas que viven de su sueldo o de los consumidores –sobre todo en tiempos de subidas históricas de la inflación– no es popular ni bien recibido.
Habrá que hacer una reforma tributaria. Esa parte ya se sabe. Lo que está por verse –ahora teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE– es en qué términos se hará. Y lo más importante: quiénes terminarán pagando la mayor parte. La respuesta será economía, pero también política.