Las reformas pensionales siempre van a protagonizar un debate acalorado en cualquier rincón del mundo. Vale la pena recordar que, a sabiendas de esto, el gobierno ruso decidió anunciar una reforma pensional para recortar beneficios el mismo día que se daba apertura a la copa mundial de fútbol de 2018, justo cuando todos estaban pegados a sus televisores, viendo el partido inaugural de Rusia contra Arabia Saudita. En nuestro contexto, una emergencia sanitaria hubiese sido el momento preciso para que un tirano adelantara una reforma de este tipo, por lo que se decidió mejor aplazar la discusión en busca en un escenario en el que todos pudiesen expresar su visión.
Siempre he señalado que hablar de pensión en el contexto colombiano es excluyente, en cuanto el asunto refiere a una proporción muy pequeña de la población que logra pensionarse. Los desafíos en la cobertura han puesto en tela de juicio la legitimidad del sistema e inclinado la balanza hacia la parte solidaria del sistema. Esta última compuesta por Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones. De hecho, los sistemas de pensiones sostenibles y con prestaciones suficientes para suavizar el consumo de los trabajadores en su retiro laboral son una promesa rota a nivel global. En ausencia de tasas de interés, una pensión por el valor del salario de un trabajador durante 20 años debería requerir un ahorro de la mitad de su salario durante 40 años. Las tasas de interés para el retorno del ahorro individual pueden acortar el tiempo o el monto de la cotización.
Para ser incluyentes cualquier organización de un sistema debe estar enfocada en proteger económicamente la vejez de todos, indistintamente si todos lograron trabajar o no durante edades anteriores a la de retiro. Del total de personas afiliadas a Colpensiones, por ejemplo, sólo una tercera parte de ellas logra hacer cotizaciones de enero a diciembre en un buen año y otra tercera parte no reporta cotizaciones durante todo el año. Quien no logra cumplir con los requisitos de semanas cotizadas recibe lo que se conoce como indemnización sustitutiva, que ni indemniza ni sustituye la falta de una pensión. La protección económica durante la vejez termina siendo el resultado de la buena fortuna y/o habilidades de cada uno. Algo socialmente injusto pero que paradójicamente es el resultado de nuestro contrato social.
De insistir con un sistema de protección a la vejez con aportes obrero-patronales lo esencial es simplificar la toma de decisiones por parte de los trabajadores. Primero, todo el relacionamiento entre el ciudadano y el sistema debería estar administrado por una única entidad pública. Segundo, esto no conllevaría necesariamente a una desaparición de las administradoras de fondos de ahorro pensional, sino que sería el administrador único del sistema el que se encargaría de seleccionar la mejor rentabilidad y el menor costo para el ciudadano. Esto en respuesta a que la Ley 100 de 1993 predijo que habría muchas administradoras y que todos los afiliados perseguirían a la más rentable, pero eso no sucedió. Experiencias exitosas en este tipo de esquemas están evidenciadas por casos como el del FONPET, en cuyas licitaciones han participado los mismos fondos privados de pensión. Tercero, debe eliminarse la dicotomía entre trabajadores que ganan más o menos de un salario mínimo. Esta segmentación ha forzado la atomización de los mecanismos de protección a la vejez, con BEPS para quienes tienen ingresos inferiores al mínimo y la seguridad social fiscalizada para quienes devengan ingresos superiores.
El retiro laboral tiene que ser consecuente. La transición entre los mecanismos solidarios y totalmente contributivos deberían ser imperceptibles para el ciudadano. Organizacionalmente, el diseño tendría que orbitar alrededor de un único administrador de pago de prestaciones de retiro, con un de asignación de prestaciones capaz de corregir la inequidad en los subsidios en la población en edad de retiro aplanando la distribución de los ingresos. La verdadera transparencia de la información es llegar a tal punto en donde a cada persona se le notifique, mes tras mes, qué recibe de manera solidaria y qué recibe como resultado de sus aportes.
Sin lugar a duda, siempre habrá mucha tela para cortar en esta materia. A la larga son muchos los parámetros en una intervención de protección para la vejez en los cuales debemos estar de acuerdo. El país puede perder una oportunidad de desarrollo altamente valiosa si no se garantiza un ingreso para una población cada vez más envejecida.
***Juan Miguel Villa es economista y máster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Es también PhD en Políticas de Desarrollo del Global Development Institute de la Universidad de Manchester. Ha ejercido cargos como consultor y especialista en diversas organizaciones multilaterales para América Latina, África y el Sureste Asiático en las áreas de protección social y desarrollo económico. Fue presidente de Colpensiones. Se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público colombiano, y posee experiencia académica como investigador en áreas de asistencia social, mercados laborales, seguridad social y como desarrollador de software econométrico.