En enero, la inflación en nuestro país se ubicó en 6,9 por ciento –una escalada significativa si tenemos en cuenta que en el mismo periodo del año anterior fue de 1,6 por ciento–.
La variación anual de los rubros “alimentos y bebidas no alcohólicas” (19,9 por ciento) y “alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4 por ciento) es la que explica la cifra.
Estas cifras, aunque frías en su exposición, reflejan una situación preocupante para el bolsillo de todas las personas –una situación que nuestros lectores seguramente han percibido cuando salen a hacer mercado–: los precios de los alimentos han subido casi un 20 por ciento.
El de la inflación es probablemente uno de los conceptos económicos sobre los que más se habla en los medios de comunicación. Pero, exactamente, ¿qué es? La inflación –explica el Banco de la República– es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo.
Hablamos de inflación cuando el aumento se produce en el promedio de los precios de la economía. De ahí que, en el caso de Colombia, la inflación se mida a partir del Índice de Precios al Consumidor. Este, agrega el Banco de la República, “es una medida del costo de vida en una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen típicamente los hogares”. Así, la inflación corresponde a las variaciones promedio de los bienes que integran la canasta del IPC. La medición del IPC la realiza mensualmente el DANE.
La inflación afecta a todas las personas. Sin embargo, golpea con especial fuerza a quienes ganan menos. La definición del Banco Central Europeo es bastante ilustrativa: “Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo”.
Cuando la inflación sube, las familias deben destinar una parte más grande de sus ingresos a comprar alimentos o pagar servicios. En escenarios de inflación alta, ese incremento termina por ‘comerse’ el aumento de los salarios. Sobre el asunto escribió en diciembre pasado el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
¿Y entonces? La conversación pública respecto a la inflación parece moverse en dos líneas paralelas que, sobre todo en época de elecciones, se cruzan con frecuencia: la primera es de carácter técnico. La segunda, netamente política.
Una vez conocidos los datos sobre inflación, el Gobierno nacional anunció un “plan de acción para enfrentar el alza en materia de precios”. Todas las iniciativas contempladas en dicho plan, subrayó el ministro de Hacienda, “responden a un rigor técnico y no necesariamente desde otras perspectivas” –probablemente refiriéndose a la campaña electoral que vive el país–.
La inflación, dijo el ministro, es un resultado “del impacto de la pandemia, que ha generado una destrucción de la capacidad productiva a nivel internacional” y “dificultades en la cadena logística y de aprovisionamiento”.
Entre las medidas anunciadas están la normalización de la política tributaria, un instrumento “que históricamente se ha utilizado para enfrentar aumentos de precios”, y que está en cabeza del Banco de la República. El objetivo de esta herramienta es mantener el poder adquisitivo del peso. Al respecto, puede consultarse esta publicación del banco central.
En segundo lugar, se prevén “medidas para la reducción de costos de producción, en especial los del sector agropecuario” y una “reducción de aranceles a la importación de insumos en los sectores alimentario y agropecuario”.
Por último, se contemplan medidas para el “aumento en la oferta de producción”, como mejoras en materia de costos logísticos y créditos subsidiados para productores del agro.
El paquete de medidas del Gobierno también incluye un aumento en el número de familias beneficiadas por el programa Ingreso Solidario –el cual irá hasta diciembre de este año–.
Aunque la exposición sobre las razones del pico de inflación y las medidas orientadas a atajar la escalada han sido presentadas y explicadas desde un punto de vista técnico, los diagnósticos que se entregan, por ejemplo, desde las candidaturas y precandidaturas presidenciales, apuntan a razones diversas. Desde restricciones a la oferta, falta de formalización y especulación, hasta impuestos altos y ausencia de control de precios.
Es, pues, inevitable –y más en estos tiempos– que tanto el fenómeno inflacionario como las acciones para atajarlo sean analizadas desde una perspectiva política y electoral. Esto se extiende también al entendible deseo del gobierno actual por impedir que una inflación elevada haga parte de su herencia después del 7 de agosto, cuando tomará posesión el nuevo o nueva jefe de Estado.
El presidente de la República, por ejemplo, pidió que no se politice la inflación, en respuesta a los llamados de algunos sectores sociales para convocar movilizaciones sociales como protesta frente al actual panorama.
Lo cierto es que la inflación es técnica. Y es también política. Por técnica –y política– que sea, sus variaciones afectan directamente la cotidianidad de millones de personas. De ahí por qué el asunto nos debe importar a todos. De ahí la importancia de tomar acciones concretas para atajarlo.