Sobre las encuestas suele decirse que son tan solo “la foto de un momento”. Esta frase –usada especialmente por aquellas personas a las que no les va tan bien en los sondeos– seguramente se escuchará bastante en los próximos meses, ahora que el país está entrando en modo campaña, por cuenta de las elecciones legislativas y presidenciales.
Ya tendremos tiempo de ocuparnos de los sondeos sobre intención de voto. En esta ocasión queremos centrarnos en algunos de los resultados arrojados por la decimotercera edición del Panel de Opinión, llevado a cabo por Cifras & Conceptos, la firma encabezada por César Caballero. El estudio –que se realiza cada año– consulta a líderes políticos, académicos, empresariales, sociales y de medios de comunicación (en esta ocasión fueron 1.544).
Los resultados –en especial sus repercusiones a nivel político– han sido ampliamente comentados en medios de comunicación durante los últimos días. Nosotros queremos concentrarnos en los aspectos relacionados con la economía –en especial la política fiscal y tributaria–, y la forma en que la que la falta de confianza en instituciones como la Presidencia de la República y el Congreso podría afectar el trámite, la puesta en marcha y la legitimidad de reformas que será necesario impulsar en el mediano plazo –reformas que, además, parte de los líderes consultados considera inaplazables–.
Veamos algunos aspectos generales de los resultados. La gestión presidencial evaluada por el Panel de Opinión se ubica en mínimos históricos en todos los frentes consultados (ambiental, gobernabilidad, social, seguridad y economía).
En cuanto a la confianza que generan las instituciones, las personas consultadas ubicaron en primer lugar al Banco de la República, con 69 puntos en la escala de 1 a 100. Le siguen la Jurisdicción Especial para la Paz (62), la Corte Constitucional (61), la Corte Suprema de Justicia (59) y el Ejército Nacional (54).
En contraste, la Presidencia de la República, con 43 puntos, y la Fiscalía General de la Nación, con 42, se ubican en los últimos puestos. La institución peor evaluada es el Congreso de la República cierra la lista, con apenas 38 puntos.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es el mejor calificado, con 63 puntos. Para hacerse una idea de ese buen puntaje, basta mirar al peor calificado del gabinete –el ministro de Defensa, Diego Molano–, quien recibió apenas 27 puntos, aun por debajo de anteriores titulares de carteras como las TIC (42), muy presentes en la agenda mediática y política durante los últimos meses.
Hasta ahí podría hablarse de “la foto del momento”. Sin embargo, el Panel también indagó sobre los principales desafíos que le esperan a Colombia en 2022. En materia política destacan la preocupación por fraude en las elecciones y la necesidad de disminuir la corrupción.
¿Y la economía? Los dos desafíos principales son disminuir el desempleo (31 por ciento), la reactivación económica (21), aumentar el crecimiento económico (10), la reducción de la pobreza y la desigualdad (7), y el apoyo a la pequeña y mediana empresa (6). El siguiente ítem en la lista es una nueva reforma tributaria.
Si bien la nueva reforma tributaria fue sancionada hace apenas un par de meses, cada vez más personas consideran que en el mediano plazo, sobre todo en medio de un escenario aún incierto, será necesaria otra reforma –ahora con carácter estructural–.
La escala de prioridades permite prever un panorama complejo. El efecto rebote, pasado un 2020 con crecimiento negativo, arrojará cifras halagüeñas. Sin embargo, impulsar temas claves como la generación de empleo, la lucha contra la pobreza y una senda de crecimiento estable demandará medidas estructurales que no solo estarán en manos del próximo gobierno –cualquiera sea su orientación política e ideológica–.
El papel del Congreso de la República será, pues, fundamental. En este sentido, la pregunta de fondo es si los resultados de las elecciones de marzo próximo serán suficientes para renovar la relación de la ciudadanía con su poder legislativo.
Episodios recientes solo han conseguido acentuar la imagen negativa que cada vez más personas en el país tienen sobre quienes deberían velar por sus intereses.
La dimensión del desafío se advierte al darle una mirada al listado de los desafíos en materia social que fueron señalados por los líderes consultados por Cifras & Conceptos.
Con un 35 por ciento, en primer lugar, de la lista se ubican los programas para enfrentar la desigualdad. Si bien se trata de una categoría bastante amplia, conviene recordar que asegurar la financiación de iniciativas como Ingreso Solidario, creadas para apoyar a las personas más pobres del país en medio de la crisis, fue el objetivo central de la nueva reforma tributaria y uno de los propósitos que orientó en Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
Aun si se producen los efectos esperados por estas dos iniciativas, estas no serán suficientes, dada la magnitud del reto. Ello remite, nuevamente, a la necesidad de impulsar en el mediano plazo ajustes estructurales que deberán ser impulsados por un gobierno con capital político suficiente, y aprobados por un Congreso que le genere confianza a la ciudadanía.
Los demás desafíos en materia social tienen también un marcado componente económico y su atención demandará flujos significativos en materia de financiación: reducir la pobreza (22 por ciento), salud y pospandemia (9), educación (9), continuación de las protestas sociales (7), seguridad (6), protección de los derechos humanos (30) y migración (2).
En cuestión de poco más de seis meses Colombia definirá cómo, desde qué enfoque y con quiénes a la cabeza abordará los enormes desafíos que se advierten en el futuro cercano. Mientras eso ocurre, estudios de este tipo arrojan una perspectiva que va más allá de la foto de un momento complejo de la historia nacional, pues permite prepararse frente a ajustes necesarios que habrá que hacer.