El pasado 29 de julio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó lo que sería su primer proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) por una cifra de $502,5 billones. En nuestro informe contamos cómo sería su trámite legislativo, los sectores con mayor gasto y sus implicaciones fiscales. El debate legislativo en el Congreso de la República ya inició y el 13 de septiembre se aprobó el monto presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La aprobación del monto es una de las etapas que debe surtir el trámite de este proyecto de ley en su paso por el legislativo. Específicamente, las Comisiones Económicas tienen plazo hasta el 15 de septiembre de cada año para decidir sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos presentado por el gobierno. Por ejemplo, el año pasado, el monto del presupuesto de este año tuvo una adición de $14,2 billones durante esta etapa.
En nuestro análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo advertimos que, de programarse el presupuesto del próximo año en una cifra tan elevada, el Gobierno Nacional se estaría acercando peligrosamente al límite impuesto por la Regla Fiscal. Tal y como lo han manifestado otras entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, consideramos que por lo menos $15 billones adicionales que el gobierno prevé recaudar por la recuperación del recaudo que se encuentra en litigios con la DIAN generan muchas dudas en cuanto a su materialización. Incluso en un escenario optimista en el que se recupere toda esta cartera, ¿estos recursos ocasionales terminarán financiando el gasto estructural del Estado?
Los Congresistas de las comisiones económicas manifestaron inquietudes similares en medio de la sesión de aprobación del monto, y pese a que hubo propuestas por parte de algunos sectores para disminuirlo, se terminó aprobando el presentado por Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que el presupuesto del próximo año será, definitivamente, de $502,5 billones. Estos recursos financiarán el funcionamiento del Estado ($310,2 billones), el servicio a la deuda ($94,5 billones), y la inversión pública ($97,8 billones).
En caso de que el recaudo esperado por concepto de litigios pendientes de la DIAN no llegase a materializarse, el Gobierno cuenta con la posibilidad que le brinda el Estatuto Orgánico de Presupuesto para suspender algunos gastos. Como lo detallamos en nuestra Guía Ciudadana al Presupuesto General de la Nación, en caso de que el MHCP considere que el recaudo efectivo durante la vigencia fiscal en curso sea inferior a la proyectada, el Gobierno nacional podrá reducir o aplazar las apropiaciones presupuestales.
Amanecerá y veremos, mientras tanto, el presupuesto para el próximo año seguirá su paso por el legislativo. Las comisiones económicas tienen plazo para aprobarlo en primer debate hasta el 25 de este mes y por último las plenarias de ambas cámaras lo aprobarán de forma definitiva a más tardar hasta la medianoche del 20 de octubre.