Este 11 de marzo se llevó a cabo en nuestro país un nuevo día sin IVA. Estas jornadas, que se vienen implementando desde junio de 2020, son populares y taquilleras frente a buena parte de la opinión pública, pero también plantean preguntas de fondo sobre su utilidad real y, sobre todo, respecto a su conveniencia en un contexto económico marcado por la inflación y un creciente nivel de déficit.
En diálogo con el diario El Nuevo Siglo, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, calificó la realización de un nuevo día sin IVA como una “decisión costosa innecesaria”. A su juicio, “con inflación del 7 por ciento lo que se requiere es enfriar la economía, no estimular consumo”. A este argumento se suman que “el sector comercio está recuperado hace rato” y “el costo fiscal” de la medida.
Vamos por partes. Durante la jornada se esperaban ventas por 8 billones de pesos. Se podían comprar prendas de vestir; electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación; elementos deportivos; juegos y juguetes; útiles escolares; y bienes e insumos para el sector agropecuario. La consideración de Restrepo apunta a que un volumen tan alto de compras podría terminar por incidir en nuevas subidas de precios, impulsando hacia arriba la inflación.
El Gobierno nacional ha señalado que continuar con la reactivación de la economía tras la crisis provocada por la pandemia es una de las principales razones para impulsar estas jornadas. El Decreto 290 de 2020 –mediante el cual se programaron los tres días sin IVA de 2022– subraya “la necesidad de continuar con la reactivación de la economía, por medio del impulso en las ventas a los diferentes sectores económicos del país que comercialicen bienes gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA y que se encuentren cubiertos con la exención de dicho impuesto”.
¿Y el costo fiscal? Nos remitimos aquí al análisis que hicimos sobre los días sin IVA hace ya tres años, cuando se lanzó la idea. En esa ocasión calculamos el gasto de los hogares en productos que no pagarían IVA, desagregándolos por nivel de ingreso, con el objetivo de calcular la magnitud del eventual ahorro. La conclusión es que los días sin IVA no suponen un alivio tributario sustancial para las personas.
La disminución en el recaudo de IVA en un escenario en el que los consumidores, por ejemplo, hagan todas sus compras del mes en un solo día, supondría una disminución de cerca de 660.000 millones de pesos al año. En el contexto del recaudo tributario de Colombia en 2021, la cifra no parece significativa. Podría argumentarse que las cuentas públicas no se ven afectadas –una afirmación cuestionable en un contexto como el actual–. Pero aún si se toma esta afirmación como cierta, el ahorro para la ciudadanía no parece significativo.
El incremento de la actividad comercial será siempre una buena noticia para todos. Sin embargo, el objetivo último debería ser el fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de las personas de manera sostenida, y no solo durante tres jornadas al año.
¿A qué equivalen 660.000 millones de pesos en el contexto de las cuentas públicas de Colombia? Hemos encontrado que el día sin IVA le cuesta al Estado un monto comparable a la cantidad que se busca recaudar con la amnistía tributaria que la reforma tributaria de 2021 les concedió a los evasores de altos ingresos.
La Ley 2155 de 2021 incluyó en su articulado una normalización tributaria –que es más un eufemismo, pues se trata en realidad de un perdón que se les concede a quienes han dejado de pagar impuestos–. Así, a cambio de tasas más cómodas que las que hubiesen pagado si no evadieran impuestos, quienes le han incumplido al fisco y al país pueden saldar cómodamente sus cuentas y quedar en limpio –o, quizá, volverlo a hacer con la expectativa de futuras amnistías–.
El asunto de fondo es que es hora de tomarse el recaudo tributario en serio. ¿No sería mejor estabilizar las fuentes de ingreso, dejando de dar amnistías a las personas más ricas del país? ¿Impulsar medidas demagógicas, como el día sin IVA, es la fórmula ideal para garantizar no solo una ruta hacia la disminución del déficit, sino también una mayor capacidad adquisitiva para la ciudadanía?
Sería, ciertamente, un camino para comenzar a emparejar las cargas y avanzar, ahora sí, hacia un sistema tributario más fuerte, más progresivo y que, además, aplique a todas las personas por igual.
Esta es una conversación inaplazable, mucho más en un contexto como el actual, en el que gobernantes –y aspirantes a gobernantes– deben hablarles de frente a las personas sobre el carácter urgente de una nueva reforma tributaria.
Transparencia y no demagogia. Es apenas justo con una ciudadanía que merece saber desde ya cómo vendrá la mano. Así no tendrá que enterarse de la realidad tributaria mientras ve las noticias en un televisor 4K comprado con descuento en el más reciente día sin IVA.