Algunos argumentan que un salario mínimo más alto beneficia a los trabajadores al mejorar su calidad de vida, reducir la pobreza y estimular la economía a través del aumento del poder adquisitivo. Sin embargo, otros sostienen que aumentar el salario mínimo podría aumentar los costos para las empresas, lo que a su vez repercutirá en la reducción de empleos o el aumento de los precios de bienes y servicios dado que muchos precios en la economía están atados al salario mínimo. Hablar del salario mínimo, inevitablemente es hablar de la relación que existe entre empleado y empleador y cómo se relacionan con los costos y beneficios del salario mínimo.
Para 2023, el salario mínimo es de $1’160.000. Sin embargo, esta cifra no refleja el costo para el empleador de contratar a alguien y remunerarlo con un salario mínimo. Con el fin de identificar el costo para el empleador, es necesario tener en cuenta:
El auxilio de transporte
Las primas
Los intereses de cesantías
El pago de vacaciones
El aporte a cesantías
El aporte de salud
El aporte a pensión
El seguro de riesgos laborales
El aporte a caja de compensación
La dotación de calzado y vestido
Teniendo en cuenta estos costos adicionales, el costo para un empleador de contratar a alguien por el monto de un salario mínimo (con todas las prestaciones legales) es de $1’803.561. La Tabla 1 desagrega los costos adicionales en los que incurre el empleador para inferir lo que se puede denominar como el salario bruto.
Tabla 1
Dicho lo anterior, algunos de los costos adicionales para la empresa representan un ingreso disponible para el trabajador. Sin embargo, el trabajador también tiene que hacer aportes a salud y pensión. El cálculo del ingreso disponible, el cual se puede denominar como salario neto, se ilustra en la Tabla 2. En el caso de los trabajadores que reciben una remuneración de un salario mínimo, el ingreso disponible (mensualizando los pagos anuales) es en realidad de $1’364.439. Este resultado viene de sumar el auxilio de transporte, las primas, los intereses de cesantías y el pago de vacaciones y de restar los aportes por parte del empleado a salud y pensión.
Tabla 2
Al comparar el salario neto con el salario bruto se visualizan los costos en los que se incurre en una relación laboral, tal como se ilustra en la Tabla 3. En total, los sobrecostos representan $439.122, un 24% del salario bruto y un 32% del salario neto. No obstante, estos sobrecostos no tienen en cuenta otros costos implícitos, como por ejemplo el costo en que se incurre al despedir a alguien que tenga mucho tiempo trabajando en la empresa.
Los sobrecostos representan lo que le cuesta a los empleados recibir la protección social que ofrece la formalidad. Esta protección se manifiesta en semanas de cotización a pensión, seguro al cesante, seguro de riesgos laborales, y acceso a los beneficios de las cajas de compensación. En este punto es importante resaltar que el trabajo formal no beneficia a aquellos trabajadores que valoren la protección social por debajo de los $439.122 que cuesta. Este perfil de trabajadores tiene incentivos adicionales para buscar un trabajo informal.
Tabla 3
Finalmente, las tablas 4 y 5 especifican lo que serían el salario bruto y el salario neto en 2024, asumiendo un aumento del 10% en el salario mínimo para el próximo año. En ese escenario, mientras que el salario mínimo sería de $1’276.000, el salario bruto sería de 1’983.000 y el salario neto sería de 1’500.883. Los costos de la relación laboral para 2024, los cuales sumarían $483.034, se representan en la Tabla 6.
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
La generación de empleo formal no sólo se ve afectada por el salario mínimo. También se ve afectada por la brecha entre el salario neto (el ingreso disponible para el trabajador) y el salario bruto (el costo para el empleador). Por lo tanto, la discusión del salario mínimo en Colombia debe transparentar tanto lo que le cuesta al empleador como lo que recibe el empleado. Es crucial que esta discusión se base en un diálogo inclusivo entre diversos actores: trabajadores formales, informales, desempleados, empleadores, gobierno y sociedad civil. Un consenso informado y sostenible es fundamental para alcanzar un salario mínimo que sea justo y equitativo, pero también ajustado a las realidades económicas del país, donde más de la mitad de los trabajadores son informales y donde la gran mayoría de ellos ganan menos de un salario mínimo.