Aunque ha terminado por convertirse en un lugar común, la frase atribuida a Benjamín Franklin, según la cual “en el mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos”, tiene bastantes visos de realidad. Aún si se lanzan argumentos sobre progresividad, evasión o elusión, una porción significativa de la población colombiana paga impuestos. Eso lo sabemos.
Pero ¿qué tan eficientes son esos impuestos en el contexto de las cuentas públicas? ¿Contribuyen a promover la equidad? ¿Lo que se paga –y la forma en que se paga– constituye la mejor distribución posible de la carga fiscal? Eso es más difícil de saber.
Para responder preguntas como esas hay que contar con información compleja: microdatos, muestras anonimizadas y registros complementarios, entre otros.
Ese tipo de información, aunque tiene un carácter técnico bastante complejo, resulta útil para medir el impacto de iniciativas y medidas que tocan a prácticamente todas las personas. Es posible saber, por ejemplo, qué tan eficiente resulta una reforma tributaria o qué tan efectivos han resultado programas como el de Apoyo al Empleo Formal.
Los datos son complejos. Y, en nuestro país, acceder a ellos también lo es. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no suele entregárselos con facilidad a los analistas y académicos. Aún si la solicitud se realiza mediante derechos de petición, no es seguro el acceso a la información. De hecho, son más las respuestas negativas que las positivas.
A falta de evaluaciones basadas en la evidencia, los hechos y los números, se hace más difícil planear la política fiscal con una visión de largo plazo.
¿Es posible cambiar ese estado de cosas? El senador y candidato presidencial Gustavo Petro presentó junto a los también legisladores Gustavo Bolívar y David Racero un proyecto de ley que busca establecer “las condiciones para la transparencia y publicidad de la información de las declaraciones de impuestos” recaudados por la DIAN.
En este sentido, el proyecto de ley 6 de 2021 busca adicionar un parágrafo al artículo 583 del Estatuto Tributario (sobre reserva de las declaraciones tributarias), el cual señala que la DIAN “deberá garantizar la publicación anonimizada de las declaraciones de los diferentes impuestos administrados por la entidad, de manera periódica y en formato accesible para su consulta y procesamiento por parte del público”.
En este sentido, la información deberá reposar en “un portal accesible al público”, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, también llamada Ley de Transparencia.
Por otra parte, la anonimización de datos deberá hacerse desde 2010, y corresponder a todos los impuestos recaudados por la DIAN.
Y, a todas estas, ¿qué es la anonimización de datos? La Guía para la Anonimización de Bases de Datos en el Sistema Estadístico Nacional, elaborada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) –la cual, por cierto, se plantea en el proyecto de ley como el documento de referencia para el proceso que se plantea en la DIAN–, entrega un concepto bastante claro.
Dice lo siguiente: “La anonimización es el proceso mediante el cual se condiciona un conjunto de datos de modo que no se pueda identificar a una persona, pero pueda ser utilizada para realizar análisis técnico y científico válido sobre ese conjunto de datos”.
La idea, básicamente, es que los datos sean suficientemente ilustrativos para efectos de medir sus impactos, pero también lo suficientemente anónimos, como para que –en este caso– no sea posible identificar a las personas que pagan los impuestos que se están describiendo o analizando.
La guía también señala que, “una vez los datos son anonimizados, estos se pueden usar, reutilizar y divulgar sin violar el derecho a la protección de datos de los titulares de la información”.
Este es un elemento muy valioso, pues el principal argumento que se presenta al momento de limitar el acceso a la información relacionada con impuestos es que se vulnera el derecho a la intimidad y a la reserva tributaria.
¿Qué tan viable sería una iniciativa en este sentido en nuestro país? La primera edición del informe Transparencia Fiscal en América Latina, promovido por el Centro de Política y Administración Tributaria, y el Foro Global de la OCDE, destacó que Colombia “introdujo modificaciones legislativas y regulatorias” que resultan claves para avanzar en materia de transparencia en el acceso a la información tributaria.
“Los países latinoamericanos están luchando contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos aprovechando las mejoras en la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales", dijo María José Garde, presidenta del Foro Global.
Este trabajo se enmarca en la Declaración de Punta del Este, suscrita en 2018. Este mecanismo reúne a ministros y viceministros de la región para promover el intercambio de información para combatir el fraude fiscal y la corrupción. La más reciente reunión de la Declaración –de la cual Colombia hace parte– se llevó a cabo la semana pasada.
¿Será una realidad la iniciativa de los senadores Petro, Bolívar y Racero? El proyecto fue radicado en julio pasado y, hasta el momento, no ha sido debatido.
No deja de ser llamativo que una iniciativa que apunta medir la efectividad de las medidas tributarias no se haya abordado todavía, en un contexto legislativo marcado por la discusión de proyectos de naturaleza económica, como el Presupuesto General de la Nación para 2022 y la nueva reforma tributaria. Conviene también recordar que durante el actual gobierno se han tramitado tres reformas tributarias.
Ciertamente, un mecanismo institucional para facilitar la medición del éxito de las medidas adoptadas va en interés de todas las partes –sobre todo de la ciudadanía, que tiene el derecho de saber cómo se gasta la plata de todos.
Mientras tanto, en medio de derechos de petición, seguiremos –junto a otros centros de pensamiento y académicos– analizando el panorama fiscal de nuestro país. En cualquier caso, experiencias recientes dan cuenta de que sí es posible compartir información con analistas. La comisión de expertos tributarios convocada por el Gobierno –cuyo informe, entregado este año, analizamos en este documento– tuvo acceso a microdatos y toda la información necesaria para llevar a cabo su tarea.
Ojalá, muy pronto, la información tributaria –así como la muerte y los impuestos– también sea para todos.